ONU Mujeres - Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres

Hacia el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo

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Fecha: 28 April 2011

Discurso pronunciado por la Sra. Michelle Bachelet, Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en ocasión del Almuerzo del Grupo Mujeres y Política Exterior, Nueva York, 28 de abril de 2011.

[Cotejar con el texto pronunciado.]

Gracias. Es un gran placer para mí estar aquí. Me doy cuenta de que todas ustedes tendrán mucho para decir acerca del empoderamiento de las mujeres y el liderazgo de las mujeres a partir de su experiencia en distintos ámbitos de la vida, ya sea el académico, el empresarial o el de las relaciones internacionales.

No precisaré decirles entonces que en todos los ámbitos, para el empoderamiento de las mujeres es necesario superar un conjunto de obstáculos — entre ellos, los estereotipos de género que relegan desproporcionadamente a las mujeres a la responsabilidad por los cuidados del hogar; el riesgo de violencia en el espacio público; la escasa capacitación y educación para competir por buenos empleos o el acceso a los mercados globales — y, en los hogares y comunidades pobres especialmente, la incapacidad para pensar más allá de las necesidades de supervivencia diaria.

En la elaboración de su nuevo Plan Estratégico, ONU Mujeres identificó el empoderamiento económico de las mujeres y su participación y liderazgo político como dos de las cinco prioridades temáticas interrelacionadas, junto con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y la participación plena de las mujeres en los procesos de paz y posconflicto y en la planificación nacional para el desarrollo. En muchos de los comentarios de hoy, me centraré primordialmente en el empoderamiento político, haciendo hincapié en la representación de las mujeres en diversos niveles así, como en la transición democrática y las situaciones de posconflicto.

En primer lugar, permítanme decir que el aumento del número de las mujeres en cargos de liderazgo es un signo de su empoderamiento, y no un sustituto del empoderamiento. Desde el punto de vista de la participación política, por ejemplo, la elección a cargos públicos refleja la capacidad para consultar con el electorado y desarrollar un conjunto de temas alrededor del cual movilizar apoyos, implica recaudar fondos y en muchos casos, superar hostilidades, y en ocasiones incluso la violencia. Ante todo, es reflejo de la determinación y la convicción de que la participación de las mujeres en la dirigencia política es necesaria para una sociedad saludable y sostenible.

Al mismo tiempo, sin embargo, son muchas las acciones que los gobiernos pueden adoptar para ofrecer las condiciones necesarias para crear un campo de juego nivelado, que va desde la eliminación de disposiciones legales discriminatorias (de los códigos de familia, los códigos electorales, los códigos penales, etc.) hasta la provisión de un nivel básico de seguridad física y social y el acceso a los servicios esenciales.

Algo probado con que los gobiernos pueden apoyar para nivelar el campo de juego para las mujeres es la adopción de medidas temporarias especiales, como los cupos para la representación de las mujeres. Actualmente, entre los 26 países donde la participación de las mujeres en los escaños parlamentarios ha alcanzado al menos el 30 por ciento (reconocido como la ‘masa crítica' necesaria para colocar el liderazgo entre las prioridades legislativas de las mujeres), al menos 23 de ellos han adoptado alguna forma de sistema de cupo.

El factor clave en la adopción de dichas medidas es la voluntad política. Pero la voluntad política adopta diversas formas. En Chile, por ejemplo, donde los cupos nunca han tenido popularidad, me di cuenta de que una cosa que yo podía hacer como presidenta era designar igual número de mujeres y varones en los cargos ministeriales, de modo que lo hice inmediatamente. Si bien, más tarde hubo que hacer algún tipo de reorganización, el mensaje era claro: las mujeres están capacitadas y en condiciones de desempeñarse en el mismo nivel que los varones.

Reconociendo el rol que tiene la carga de tiempo que recae sobre las mujeres al momento de determinar sus opciones de vida, mi gobierno también ofreció una red extensa de educación y centros de cuidado infantil gratuitos, especialmente para los hogares pobres, de modo que las mujeres pudieran trabajar jornada completa o participar en organizaciones comunitarias o los partidos políticos con la plena certeza de que sus hijos e hijas estaban siendo bien cuidados.

En efecto, la realidad indica que para las mujeres resulta difícil separar el empoderamiento político y económico, puesto que ambos van de la mano. Por una parte, las mujeres tienen más posibilidades de asumir roles de liderazgo si tienen algún grado de autonomía económica; mientras que por el otro, un mayor número de mujeres en cargos dirigenciales incrementa su capacidad para garantizar políticas que promuevan el empoderamiento económico de las mujeres de diversos sectores.

Sin embargo, en estos dos puntos, pese a algunos progresos, todavía queda un largo camino por recorrer.

Globalmente, la representación de las mujeres en las asambleas nacionales se ubica apenas por encima del 19 por ciento, en comparación con el 11 por ciento de 1995. En los Estados Unidos, las mujeres representan solamente el 17 por ciento, a pesar del número sin precedentes de candidatas en las elecciones de mitad de mandato. Las mujeres jefas de estado o gobierno son apenas 19 y las mujeres ocupan sólo el 4 por ciento de los cargos ministeriales en todo el mundo.

Aunque la representación de las mujeres en el empleo remunerado es ahora del 41 por ciento, los mejores empleos todavía se destinan a los varones. En todo el mundo, sólo uno de cada cinco de los altos cargos ejecutivos están ocupados por mujeres, por debajo de la relación de uno en cuatro registrada hace dos años. En los Estados Unidos, sólo el 15 por ciento de los directores superiores son mujeres, mientras que en algunos países esa proporción es inferior al 10 por ciento. Todo ello ocurre pese al hecho de que una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral y en los ingresos aumenta el crecimiento económico y tiene un efecto positivo en los resultados referidos a salud y educación.

El énfasis en el liderazgo político de las mujeres en el plano nacional puede a menudo opacar la importancia de su liderazgo en el ámbito local, donde se adoptan decisiones que afectan la vida cotidiana de las mujeres. Es en el nivel local, también, donde la mayoría de las mujeres primero adquieren el empoderamiento político, en gran medida a través de la participación en organizaciones de la sociedad civil, donde se organizan para obtener servicios que van desde agua potable y saneamiento hasta centros asequibles de cuidado infantil y la efectiva aplicación de las leyes.

Los grupos locales de mujeres también cumplen una importante función al apoyar a las mujeres candidatas a cargos electivos, así como en el reclamo de rendición de cuentas por parte de aquellos a quienes han ayudado a ganar una elección, garantizando que su liderazgo se erija sobre cimientos sólidos y en contacto con su base social.

Uno de los factores más importantes en el empoderamiento político de las mujeres es la facilitación de espacios para entablar un vínculo efectivo con sus gobiernos, de modo que puedan negociar las prioridades de género en los procesos legislativos y las decisiones referidas a la planificación. Ésta es una prioridad fundamental en las transiciones democráticas, como las que tienen lugar en países de toda la región de los Estados Árabes.

En Túnez y Egipto, por ejemplo, las mujeres tomaron parte activa en las protestas populares que desembocaron en los gobiernos de transición, ya sea actuando en las primeras líneas o como movilizadoras en los medios de las redes sociales. También han tenido una participación intensa en el llamado a incluir las prioridades de género en la reforma constitucional y jurídica, aludiendo a la necesidad de enmendar las leyes para garantizar la igualdad en los derechos a la propiedad, el acceso a las oportunidades de empleo y una mayor participación política. En ambos países, sin embargo, han quedado muy excluidas de la toma de las decisiones de la transición, al menos en las etapas iniciales.

Afortunadamente, en Egipto, pese a algunas preocupaciones de que se revocaría el cupo del 12 por ciento para la representación de las mujeres en el parlamento, se ha logrado conservarlo en los proyectos de enmiendas para las leyes complementarias de la constitución anunciada en marzo. Por su parte en Túnez, se anunció que el Consejo Electoral ha adoptado una ley electoral que exige la paridad de género en la Asamblea Constituyente que será elegida en julio. Se espera que la Asamblea redacte una nueva constitución, designe un nuevo gobierno interino y que cumpla la función de parlamento cuando sea necesario.

Sin embargo, la velocidad de la transición favorece a los grupos ya organizados, especialmente en Egipto. Atendiendo a las consultas con un amplio número de organizaciones de mujeres y otras de la sociedad civil, incluyendo a muchos grupos de base, ONU Mujeres está prestando apoyo para los procesos de organización de las mujeres, reuniendo a diferentes grupos para hablar con una única voz y promoviendo una participación elocuente en los procesos de transición actuales.

En los preparativos de las elecciones de septiembre en Egipto, ONU Mujeres está apoyando a grupos por los derechos de las mujeres y grupos de la sociedad civil para celebrar una convención nacional de mujeres. Con ello se ofrece un espacio para el encuentro de mujeres urbanas y rurales que les permita articular sus demandas y crear una plataforma para las prioridades de igualdad de género que puedan presentar a los grupos legislativos y a los nuevos partidos políticos que están surgiendo.

En ambos países, las mujeres también han buscado apoyo para capacitarse y poder incidir en los órganos de gobierno durante la transición y participar en la creación de los marcos constitucionales, jurídicos, sociales e institucionales. Reconocieron la necesidad de poner en marcha unos mecanismos de rendición de cuentas, con el objeto de exigir una mejor prestación de servicios y la inclusión de los intereses de las mujeres en la planificación pública y la adopción de decisiones, incluyendo políticas de empleo y reducción de la pobreza.

Muchos de estos mismos temas están presentes en los contextos de paz y las situaciones de posconflicto. Hasta la adopción de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, las mujeres y sus derechos estaban excluidos en gran medida de las instituciones para la paz y la recuperación y de la adopción de decisiones. La resolución 1325 fue innovadora en este sentido, pues en primer lugar reconoció que las mujeres experimentan la guerra y las crisis de manera diferente a los hombres y, en segundo lugar, que las mujeres de una nación son un recurso desaprovechado al momento de construir la paz.

En los 11 años transcurridos desde su adopción, se aprobaron una serie de resoluciones adicionales que se ocupan de las mujeres como víctimas de los conflictos, reconociendo la responsabilidad de la comunidad internacional para prevenir y enfrentar la violencia sexual en las situaciones de conflicto armado y afirmando que no puede haber impunidad para quienes perdonan o cometen ese tipo de crímenes. Desde el punto de vista del papel de las mujeres como agentes y líderes de los procesos de resolución de conflictos y consolidación de la paz, el progreso ha sido menor.

Algunas de ustedes sabrán que durante la primera Asamblea General de la ONU en 1946, Eleanor Roosevelt insistió en que las mujeres debían tener la oportunidad para participar en la labor de la paz y la reconstrucción, tal como lo hicieron durante la guerra y la resistencia. Sin embargo, 66 años más tarde, la “labor de la paz todavía es realizada primordialmente por los varones. ONU Mujeres estudió 24 procesos de paz desde mediados de la década de 1990 y encontró que las mujeres tenían una representación inferior al 8 por ciento en los equipos de negociación. Y a la fecha, ninguna mujer ha sido designada como principal mediadora de un proceso de paz encabezado por la ONU.

En las situaciones de posconflicto, donde las necesidades y las perspectivas de las mujeres pueden ser omitidas con facilidad, resulta vital garantizar su representación política. Los cupos electorales son, nuevamente, el instrumento más eficaz para hacerlo. En tales sistemas, el 34 por ciento de los representantes electos fueron mujeres, mientras que en aquellos países que carecen de cupos, las mujeres representaban apenas el 12 por ciento de esos representantes.

Me complazco en informar que el Plan de Acción del Secretario General de la ONU para una Consolidación de la Paz con Sensibilidad de Género, emitido el año anterior, y al que el sistema de la ONU en su totalidad ha prometido apoyar, incluye un conjunto de medidas para encarar estos problemas. Entre ellas, se incluye la exigencia de que al menos el 15 por ciento del gasto de la ONU sea destinado a las metas de la igualdad de género, así como a cambios institucionales para promover el empoderamiento de las mujeres a través de la recuperación económica y las intervenciones para el estado de derecho.

ONU Mujeres está trabajando para incrementar su presencia en el terreno con el objeto de responder a los pedidos de apoyo provenientes de los grupos por los derechos de las mujeres. Un objetivo primordial es generar la voz política y las capacidades institucionales de las organizaciones de mujeres, muchas de las cuales han resultado gravemente afectadas durante los años de conflicto. También estamos promoviendo el establecimiento de un centro internacional para apoyar la participación institucional de las mujeres, que estará conformado por expertas de guardia que puedan trabajar con las mujeres locales para facilitar su participación en todos los procesos oficiales.

No nos referimos solamente al apoyo para la participación de las mujeres en las mediaciones y la resolución de los conflictos, sino también para la participación directa de las mujeres y de las especialistas en igualdad de género en todas las instituciones de la transición.

Al promover el empoderamiento de las mujeres, la atención también se enfoca en los espacios públicos, especialmente en los de las áreas urbanas. Aunque mucha de esa atención ha estado colocada en la violencia urbana, es importante reconocer que las ciudades también pueden ofrecer a mujeres y varones nuevas oportunidades de autonomía y empoderamiento, liberándolos de las restricciones específicas de género que pesan sobre sus opciones de vida.

Para desplegar este potencial, ONU Mujeres y ONU HÁBITAT trabajan en asociación para reunir a funcionarios abocados a la planificación pública, municipales y policía con los grupos de mujeres, con el fin de garantizar que las calles, los vecindarios y demás espacios públicos sean espacios donde mujeres y niñas gocen de una mayor seguridad personal y del derecho a disfrutar de las ciudades y de las oportunidades que éstas ofrecen. Con ello, es posible demostrar de qué manera al ampliar el acceso de las mujeres a la participación en la vida pública y política se puede ayudar a transformar las normas públicas y sociales sobre los roles de las mujeres y su contribución a la vida pública.

Por último, sin embargo, el empoderamiento de las mujeres depende de la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluyendo la violencia ejercida en el hogar, la escuela y el trabajo. En este punto también estamos observando un impulso para el cambio a medida que los dirigentes políticos y empresariales comienzan a contabilizar los costos. En los Estados Unidos, por ejemplo, los costos que resultan de la violencia contra las mujeres se estima que ascienden a US$5,8 mil millones anuales extra en atención médica y de la salud mental, así como en pérdida de productividad; en Canadá, con una población mucho más pequeña y con costos de atención médica más bajos, el total es aun así de US$1,16 mil millones.

Ésta es una llamada de advertencia para los gobiernos, los educadores y las empresas de todos los países. Deben tomar acciones para garantizar el cumplimiento de las leyes contra la violencia doméstica que están vigentes ahora en más de 130 países, lo que les permitiría a las mismas mujeres obrar cambios en sus propias condiciones políticas. En ONU Mujeres, cuentan con un aliado comprometido.