“Poder, La mujer como motor de crecimiento e inclusión social”: discurso por la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, en Lima

Fecha : 16 October 2012

Discurso de Michelle Bachelet, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en el acto “Poder, La mujer como motor de crecimiento e inclusión social, en Lima, Peru, el 16 de octubre de 2012, en ocasión de la conferencia internacional sobre inclusión social.

[Cotejar con el texto pronunciado]

Gratitud, es la palabra con la cual quiero comenzar mi intervención. Gratitud, hacia todos y todas aquellos, que han hecho posible que hoy nos reunamos aquí convocados por el llamado “Poder, la mujer como motor de crecimiento e inclusión social, en el marco de esta “Semana de la Inclusión Social que se celebra en la República del Perú, dedicada a “Las Mujeres como Socias del Desarrollo.

Agradezco, muy especialmente al gobierno del Perú, al Presidente Humala, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y al Banco Interamericano de Desarrollo, por su continuo compromiso, con la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en la Región Latinoamericana, auspiciando espacios de reflexión, como esta Conferencia, en torno a temas tan relevantes para las economías y el desarrollo integral de nuestros países, como son las oportunidades que amplían la inclusión de la mujer como trabajadora, empresaria, lideresas y emprendedora empresarial.

Hace dos años que fui nombrada Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, y si bien estoy profundamente comprometida con las áreas programáticas institucionales, debo destacar el interés particular que me genera el empoderamiento económico de las mujeres. Tengo la convicción de que a nivel mundial, este es un ámbito en el que las mujeres lamentablemente no estamos avanzando tan rápidamente como quisiéramos, a pesar de la sólida evidencia que existe como para influenciar decisiones públicas que cambien esta realidad.

Para ponerlo en simples palabras, sabemos a ciencia cierta que los países y las empresas que promueven la igualdad de género, avanzan más rápido y más lejos.

Los hechos y los estudios lo avalan:

una mayor igualdad de género se correlaciona positivamente con un mayor PIB per cápita; la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y los ingresos genera mayor crecimiento económico y tienen un efecto multiplicador en la sociedad como un todo; la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra y otros insumos agrícolas aumenta la productividad agrícola en un 20 a un 30 por ciento, y reduce el número de personas con hambre; las empresas con tres o más mujeres en sus juntas directivas, o en la alta dirección, superan su rendimiento en un 53 porciento en comparación con aquellas en las cuales no está ninguna mujer.

Sin embargo, como les decía anteriormente, a pesar de la evidencia, las mujeres seguimos quedando atrás y esto impacta no sólo en la desaceleración del crecimiento económico, sino en el avance de los derechos de las mujeres, y por lo tanto en el desarrollo de las naciones.

Cifras disponibles nos permiten señalar que cerca de mil millones de mujeres no son capaces de alcanzar todo su potencial económico, debido a barreras tales como el acceso desigual a las oportunidades y al crédito, falta de suficiente educación y formación, la falta de apoyo de sus comunidades o gobiernos para entrar en la fuerza laboral y la economía.

Permítanme decirles que, en tiempos de crisis económicas globales como los que vivimos hoy, nada más pertinente que la discusión y sobre todo la acción, para promover a las mujeres como motores del crecimiento inclusivo de sus países. De allí el interés de ONU Mujeres de participar en esta Conferencia, es una valiosa oportunidad para reiterar nuestro compromiso con los derechos económicos de la mujer.

Estamos en un punto histórico en donde las sociedades en todas las regiones del mundo (desarrollado, o en vías de desarrollo) reclaman cambios a modelos y estructuras, que sin lugar a dudas no están funcionando. Y es en este contexto donde los Estados no pueden darse el lujo de desperdiciar el potencial de la mitad de la población mundial.

Por primera vez en muchos años de historia, es América Latina y el Caribe la región de donde pueden surgir experiencias para ser tomadas en cuenta por el resto del mundo!

Como ustedes saben, América Latina ha vivido en los últimos (cinco-siete) años una época dorada en el ámbito del desempeño económico. Entre 2003 y 2011 —luego del quinquenio 1998-2002, la “media década perdida— gran parte de los países de América Latina y el Caribe experimentaron su período de más rápido crecimiento desde la década de 1960, expandiéndose a un ritmo superior al de la media mundial y a la de los países avanzados. Ello hizo posible una mejora significativa en las condiciones de vida de la población.

En este sentido, como nos indica la CEPAL, entre 1990 y 2010 la pobreza se redujo en 17 puntos porcentuales , de 48.4 por ciento a 31.4 por ciento. En 2010, tras la gran crisis financiera mundial, la economía de la zona se expandió un 6,2 por ciento. En 2011 el ritmo de crecimiento bajó al, 4 por ciento y CEPAL prevé que este año crezca un 3,7 por ciento, dada la recesión en Europa, la desaceleración del crecimiento chino y la leve recuperación de EE UU.

Es importante reconocer que el aporte de las mujeres a esta realidad no ha sido menor y se produjo por medio de dos vías: el trabajo remunerado —incluidas las remesas de las migrantes—, que permite incrementar los ingresos de los hogares, y el trabajo no remunerado, que brinda al hogar elementos de bienestar que no se pueden adquirir en el mercado .

La región no sólo ha demostrado importantes avances en materia de reducción del desempleo, y la pobreza, sino que, por primera vez en varias décadas, un subconjunto considerable de países de la región logró resultados positivos en materia distributiva .

En este contexto, han sido clave dos factores: el incremento en los ingresos laborales y, el aumento del gasto e inversión en políticas de protección social, me refiero a las transferencias públicas, hacia los sectores más vulnerables.

Han sido las transferencias directas de ingresos a los sectores más pobres, con enfoque de género (en donde las mujeres eran las administradoras y responsables de estas transferencias) las que representan actualmente una de las herramientas centrales en el marco de las estrategias y políticas sociales de combate contra la pobreza desarrolladas por los gobiernos de la región, en muchos casos con apoyo del BID.

Estos programas operan en 17 países de la región y alcanzan a más de 22 millones de familias, alrededor de 100 millones de personas, es decir el 17 por ciento de la población de América Latina y el Caribe .

En los programas de transferencias condicionadas se enfatizan tres propósitos: transferencia directa de ingresos para el alivio de la pobreza, incentivos a la inversión en capacidades humanas e incorporación de la población a redes de protección y promoción social. Entre el 60 por ciento y el 75 por ciento de los gastos en estas transferencias son captados por el 40 por ciento más pobre de la población .

A pesar de que en promedio estos programas representan tan sólo el 0,25% del PIB de los países de la región; estas transferencias sí parecen apuntar hacia la disminución de los riesgos de la población y tienen un peso significativo en los hogares más pobres. Esto confirma que, pese a las limitantes en materia de cobertura, las transferencias asistenciales públicas, tienen una distribución altamente progresiva.

Amigas y Amigos,

La realidad es que no existen recetas mágicas en políticas públicas; y a pesar de que las transferencias condicionadas demuestran ser una efectiva herramienta para evitar un aumento de la pobreza y hacer frente a la crisis en nuestra región, éstas deben insertarse dentro de programas amplios y comprensivos cuyo objetivo sea reducir las brechas de la desigualdad que aún persisten en todo el continente. Y, estas brechas están aún muy presentes cuando nos referimos a las brechas en igualdad de género.

Es cierto que ha habido un aumento sostenido de la participación femenina en la fuerza laboral en las últimas décadas. Sin embargo, esto ha ocurrido de manera estratificada, haciendo que las brechas entre las mujeres de más y menos recursos, NO sólo no se haya reducido en las últimas dos décadas, sino que se ha incrementado levemente .

Así mismo, debo señalar que la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo aún está muy por detrás de la participación de los hombres: mientras que el empleo femenino oscila entre 40 por ciento a 70 por ciento en la Región, el empleo masculino es superior al 85% en todos los países .

Cuando analizamos la dimensión de género de la pobreza, frente a los indicadores de desarrollo, América Latina revela la paradoja de que a pesar de la reducción sustancial y sostenida de la pobreza en los últimos años, los hogares encabezados por mujeres siguen siendo más pobres que los encabezados por hombres.

Es necesario, entonces, reconocer que para promover un verdadero empoderamiento de las mujeres, que les permita ejercer la plenitud de sus posibilidades como motoras de crecimiento y desarrollo, se requiere de un cambio estructural, que reduzca las desigualdades con especial atención en las mujeres que tienen mayores niveles de vulnerabilidad, debido a su condición social, raza, etnia o tipo de empleo (como lo son las trabajadoras domésticas).

Considero de la mayor importancia referirme en este momento, a uno de los cambios estructurales que requiere nuestra más rápida actuación, para eliminar uno de los factores que limitan el ejercicio pleno de las mujeres de su rol de socias y agentes del desarrollo, me refiero a la necesidad de insistir en la urgente eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Mientras persista este problema, además de que continuaremos violentando el ejercicio de sus derechos humanos, estaremos obstaculizando el desarrollo. La capacidad y autonomía económica de las mujeres, contribuye entre otros aspectos, a la erradicación de la violencia.

Estoy segura que muchos y muchas de ustedes recuerdan el informe de la CEPAL “ Ni Una Mas. El Derecho a Vivir una Vida Libre de Violencia en América Latina publicado en 2007. Concédanme la oportunidad de recordar el primer párrafo de dicho informe, el cual textualmente dice que:

“Si tomáramos 10 mujeres representativas, mayores de 15 años, en cada país de América Latina y el Caribe, veríamos que cuatro peruanas y cuatro nicaragüenses sufren violencia física por sus esposos; en México, tres mujeres serian víctimas de violencia emocional y dos de violencia económica; tres brasileñas de violencia física extrema y dos haitianas de violencia física.

Cifras más, cifras menos, es bastante probable que la situación se mantenga y en algunos casos posiblemente se haya agudizado. En todo caso lo que no podemos es desconocer y tolerar la situación descrita.

Cuando las mujeres están empoderadas y pueden exigir sus derechos, ejercer liderazgos, aprovechar oportunidades de educación y empleo, sin duda alguna, las economías crecen. Si queremos aprovechar ese potencial, y lograr la igualdad entre hombres y mujeres como socios del desarrollo, debemos por todos los medios eliminar las violencias contra las mujeres y las niñas.

Amigas y amigos, todos

El compromiso político, es sin duda un factor fundamental, a nivel de cada país de la región, para brindar un apoyo efectivo y apropiado que responda a las necesidades específicas de las mujeres y las niñas, a través de una adecuada inversión social y sistemas de protección social que establezcan pisos mínimos.

Esta es una causa muy cercana a mi corazón, que ahora desde mi nuevo rol en las Naciones Unidas he estado promoviendo en estrecha colaboración con la Organización Internacional del Trabajo. En conjunto hemos desarrollado una estrategia que delinea los servicios básicos necesarios para una adecuada respuesta estatal a las necesidades de la población: acceso a servicios básicos de salud, educación primaria, seguridad en el ingreso, vivienda, agua saneamiento y otros servicios básicos para reducir la desigualdad y exclusión.

Ustedes se preguntarán entonces, ¿qué hacer para enfrentar las desigualdades, abordarlas y superarlas?

Si queremos avanzar de manera decidida hacia la autonomía económica de las mujeres, debemos en primer lugar, repensar las redes de cuidado, donde las políticas laborales se relacionan con los sistemas de protección social.

Me refiero al desarrollo de redes de cuidado, donde el Estado juegue un rol más protagónico en la provisión de servicios, desde guarderías y jardines infantiles en los lugares de trabajo, las escuelas o los centros comunitarios, hasta centros de atención y personal de apoyo domiciliario para adultos que por discapacidad o edad no pueden cuidarse a sí mismos.

Estas estrategias, deben estar acompañadas por políticas que reduzcan sistemáticamente el peso que enfrentan las mujeres por el trabajo no remunerado.

En tal sentido he visto con gran entusiasmo que en la agenda prevista para esta “Semana de la Inclusión Social que se desarrolla en el Perú, está prevista la presentación y discusión del programa nacional “CUNA MAS, cuyas modalidades de intervención “Servicio de Cuidado Diurno y “Servicio de Acompañamientos a Familias, probablemente, nos van a permitir conocer buenas prácticas generadas a partir de una iniciativa fundamentada en la complementariedad entre gobierno nacional, local y comunidades, con efectos importantes sobre el tiempo disponible por las mujeres para su participación en el desarrollo económico.

Amigas y amigos,

El desafío para el continente es reducir la desigualdad en todas sus expresiones, empoderando a las mujeres para que sean partícipes de su propio desarrollo y el de sus comunidades, para esto debemos trabajar en conjunto y de esta manera contribuir a potenciar al máximo sus capacidades, talentos y energía.

Coherentes con nuestro mandato, ONU Mujeres está apoyando a los estados y a la sociedad civil organizada, para avanzar y consolidar agendas que promuevan mayores niveles de igualdad en los países de la región. Nuestro trabajo en el área de empoderamiento económico, se centra -dentro del contexto que les mencionaba- en mejorar las capacidades productivas de las mujeres, promoviendo entre otras cosas, el acceso a los mercados, y aumentando el ingreso de aquellas mujeres pertenecientes a grupos más excluidos.

Estamos coordinando acciones conjuntas con los Estados, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil. Debo recalcar el hecho, de que hoy existe una actitud proactiva, de parte de muchos gobiernos por tener agendas de inclusión de la perspectiva de género, en las políticas de desarrollo social y económico.

Permítanme en este ámbito, sólo mencionar un ejemplo, que nos parece crucial. ONU Mujeres en Latino América, en coordinación con OIT, CEPAL y PNUD, ha emprendido la elaboración de un informe regional sobre Igualdad de Género y Trabajo Decente, cuyo propósito es la formulación de recomendaciones de política pública, que promuevan el acceso igualitario de hombres y mujeres a las oportunidades de empleo decente y contribuyan a la igualdad de género y empoderamiento económico de las mujeres.

Reconociendo que la región no sólo presenta altos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, sino también múltiples formas de discriminación asociadas al origen racial y étnico, el informe se propone también promover patrones de empleo que contribuya a generar mayor inclusión social.

Este informe, que deberá estar finalizado en diciembre de este año, se propone reflexionar sobre el peso de las desigualdades de género, en la situación de desigualdad general que caracteriza a América Latina y el Caribe, y el aporte del trabajo de las mujeres (remunerado y no remunerado) para construir una sociedad más inclusiva, y sostenible. De allí que intente dar respuesta, a la necesidad de intervenciones de política pública para hacer frente a la persistencia de las desigualdades de género en el mercado de trabajo, a pesar de la mayor educación de las mujeres.

Otra iniciativa que estamos a punto de comenzar a implementar es el Programa de ampliación de oportunidades económicas para las mujeres rurales, en Centro América. Esta iniciativa realizada en colaboración con el IFAD busca empoderar a las productoras rurales de Guatemala, Nicaragua y México, para que puedan fortalecer sus capacidades de emprederurismo y liderazgo dentro de sus comunidades. La meta de este proyecto es lograr que las mujeres no sólo adquieran herramientas técnicas para manejar de manera efectiva sus negocios, sino que puedan en el mediano y largo plazo, influenciar políticas y programas de los Gobiernos locales para el empoderamiento de las mujeres rurales.

Queridas amigas y amigos,

La agenda de género en el desarrollo de América Latina debe ser un punto de encuentro, entre economías con dinamismo propio y sociedades de vocación democrática, donde todas las personas, sobre todo las mujeres, se sientan incluidas en las decisiones fundamentales que afectan sus vidas.

El progreso de las mujeres es el progreso de todos. Dar prioridad a las mujeres no es una opción. Es una necesidad. Invertir en las mujeres, además de que es un asunto de derechos, es también una expresión de buen sentido económico.

Las/os invito entonces a que aprovechemos este espacio de reflexión que nos ofrece la iniciativa del Gobierno del Perú conjuntamente con el BID, para que valoremos la conveniencia de una igualitaria y completa inclusión de las mujeres como motor del desarrollo, e impulsemos iniciativas al respecto.

De allí, que con seguridad al igual que ustedes, espero que de esta reflexión surjan medidas concretas, de acciones dirigidas al cambio, que promuevan y respalden la participación de las mujeres en la economía, como una de las vías para lograr un crecimiento económico sostenible, la reducción de la pobreza y la prosperidad a largo plazo para todas y todos en nuestra América Latina y el Caribe. Pueden contar con la voluntad de ONU Mujeres de acompañarles en estos esfuerzos.

Muchas Gracias!