Vientos de cambio: los parlamentarios se movilizan para poner fin a la violencia contra las mujeres

Fecha : 21 September 2012

Los parlamentarios de países insulares del Pacífico y la Secretaría de la Comunidad del Pacífico Equipo Regional de Recursos de Derechos en la consulta regional sobre los derechos humanos en Brisbane, Australia, julio 2012. Foto: Equipo Regional de Derechos de Recursos

Las reformas jurídicas pueden transformar las vidas de las mujeres cuando se les implementa y se les utiliza como es debido. La violencia de género es una violación fundamental de los derechos de las mujeres y afecta a todos los países. Las reformas jurídicas pueden corregir esta pandemia, pero lo que se necesita son leyes contundentes, una implementación activa y servicios para la protección de las mujeres y la prevención de la violencia contra las mujeres.

En el mundo hay 139 constituciones que incluyen garantías de igualdad de género y 125 países que tipifican la violencia doméstica como delito. Sin embargo, el estado de derecho a menudo excluye a las mujeres y la implementación de las leyes va a la zaga.

Se estima que casi el 69 por ciento de las mujeres de la región del Pacífico ha sido víctima de violencia física o sexual en sus vidas. El mes pasado, los legisladores se reunieron en el Foro de las Islas del Pacífico para tratar este tema; originarios de ocho Estados insulares del Pacífico, establecieron un compromiso instando a las autoridades nacionales a recopilar y fortalecer los datos estadísticos en materia de incidencias y tipos de violencia contra las mujeres, los niños y los discapacitados. También exhortaron a los gobiernos, al sector privado y a los socios de la región a contribuir a este esfuerzo.

Los países del Pacífico usan los últimos datos disponibles como insumos para determinar el cambio legislativo y de políticas, y hay proyectos de leyes que ya están siendo estudiados. Algunos de esos países como Kiribati y las Islas Salomón han establecido planes nacionales de acción para tomar medidas conjuntas sobre el tema, y los socios del desarrollo están apoyando su implementación en colaboración con los gobiernos.

Incluso en los países desarrollados, la violencia contra las mujeres es generalizada. El Consejo Nacional de Australia para reducir la violencia contra las mujeres y sus hijos estima que dicha violencia le cuesta al país 13 600 millones de dólares por año. En más del 95 por ciento de los casos de violencia doméstica, el agresor es el marido.

El claro mensaje de los legisladores de las Islas del Pacífico refleja la creciente voluntad política y el impulso que hay en una región que tiene los índices más altos en el mundo de violencia documentada contra las mujeres. Si bien éste es un comienzo prometedor, es sólo un comienzo; se necesitarán acciones decididas y la adopción de medidas legislativas para que puedan ser implementadas. ONU Mujeres respalda los planes nacionales en materia de igualdad de género dentro de los marcos legales destinados a traer la justicia a los más vulnerables, sobre todo a las mujeres y los niños.

En su reciente viaje por América Latina, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, participó en la presentación de un plan nacional en Colombia. En Costa Rica, saludó las medidas adoptadas por el país para aumentar la participación de las mujeres en el gobierno y los progresos que se han hecho para subsanar la brecha de género.

ONU Mujeres también se ha asociado con la Unión Interparlamentaria y con otras organizaciones no sólo para abogar por las reformas jurídicas que pueden llevar a cabo los parlamentarios, sino también para aumentar la cantidad de mujeres parlamentarias en todo el mundo. Los expertos dicen que es necesario contar con una masa crítica para hacer avanzar la legislación. En la actualidad, la cantidad promedio de mujeres parlamentarias es de tan sólo el 20 por ciento, muy por debajo del 30 por ciento que se considera esencial. Los países nórdicos tienen el porcentaje más alto con el 43 por ciento en algunos países.

Sin embargo, sí soplan los vientos de cambio y los parlamentos del mundo están prestando atención a la pandemia de violencia contra las mujeres. Algunas de las medidas concretas que se han tomado en los últimos años incluyen una ley exhaustiva que se ha redactado en Togo para la prevención, la protección y la asistencia a las víctimas, que está siendo debatida en estos momentos en su parlamento. Según Christine Mensah, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Nacional de Togo, ‘'La ley en materia de violencia contra las mujeres ahora será cumplida porque los magistrados, los jueces, y los oficiales de policía han participado todos en su elaboración junto a la sociedad civil y a los líderes tradicionales.

En las Maldivas, el parlamento, con el apoyo de la Unión Interparlamentaria, trabajó en un proyecto de ley sobre violencia doméstica durante dos años, ley que fue votada en abril de 2012. Por primera vez en el país, se ofrece protección legal a las víctimas de violencia doméstica. En Burundi, se llevaron a cabo reuniones con hasta 100 personas del parlamento en julio de 2012 para discutir la creación de una ley contra la violencia de género. Según las investigaciones realizadas por la UI, en un centro de crisis burundés para la violencia sexual, 68 por ciento son menores de edad y 17 por ciento tienen menos de cinco años.

En marzo de 2010, por primera vez se celebró en Guatemala un tribunal sobre el acceso de las mujeres indígenas a la justicia, donde las mujeres denunciaron las violencias que tuvieron que soportar durante la guerra civil. Lo anterior dio inicio a los debates que se están llevando a cabo acerca de la impunidad, las reparaciones, la justicia social y la violencia contra las mujeres en Guatemala. La violencia sexual contra las mujeres fue generalizada en Guatemala durante los 33 años de conflicto, y la impunidad por esos crímenes es absoluta ya que ni un caso ha sido jamás juzgado.

Junto a los gobiernos, la sociedad civil y los organismos de la ONU, ONU Mujeres está trabajando para garantizar que se haga reformas en la ley y que su rápida implementación pase a ser la norma en todo el mundo.