Aprobación de leyes y políticas eficaces

Los sistemas jurídicos y los marcos de políticas públicas han pasado por alto durante mucho tiempo el problema de la violencia contra las mujeres. Muchos de ellos fracasan a la hora de proteger los derechos y el bienestar de las sobrevivientes o de castigar a los agresores, lo que refleja una inclinación social a tolerar la violencia. El abuso doméstico y otras prácticas tradicionales perjudiciales se consideran a menudo asuntos privados y quedan “fuera del alcance de la justicia”.

Las leyes y políticas constituyen la base de un enfoque integral y coordinado para erradicar la violencia contra las mujeres. A pesar de que en la actualidad existe un número históricamente elevado de leyes y políticas contra la violencia, su aplicación aún está rezagada. Las medidas para fortalecer la implementación eficaz deben incluir la capacitación de los funcionarios y funcionarias que se ocupan de los casos de violencia contra las mujeres, la aplicación de mecanismos de monitoreo y evaluaciones del impacto así como rendición de cuentas y una mejor coordinación. También es esencial que se asignen recursos humanos y financieros suficientes.

A la hora de adecuarlas a las normas relativas a los derechos humanos , como las que recoge la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las leyes y políticas pueden desempeñar una función muy positiva en términos de cambio de comportamientos y actitudes a largo plazo, especialmente cuando están acompañadas por estrategias complementarias tales como concienciación sobre la erradicación de la violencia. Una vez que las leyes entran en vigor, trasmiten un mensaje firme que la violencia contra las mujeres no es tolerada y que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.

Nuestras soluciones

ONU Mujeres trabaja con los gobiernos y las defensoras y defensores de las mujeres para adoptar, fortalecer y aplicar leyes, políticas y estrategias de lucha contra la violencia de género. Tras la aprobación de una nueva ley integral contra la violencia de género por parte del Gobierno de Cabo Verde en 2011, ONU Mujeres ayudó a capacitar a juezas y jueces, abogadas y abogados y agentes de policía en lo relativo a la aplicación de dicha ley, y ayudó a divulgar información sobre ella entre la población. En la capital, Praia, un juez y dos fiscales se dedican específicamente a atender casos de violencia de género. La duración media de los juicios hasta que el tribunal dicta sentencia se ha reducido de cinco años a tan sólo dos meses. La ley exige ampliar los servicios que se ofrecen, tales como refugios para mujeres y programas de rehabilitación para agresores.

En Centroamérica, ONU Mujeres apoyó reformas legales en El Salvador y México para tipificar el feminicidio como delito penal así como medidas para prevenirlo y castigarlo. En El Salvador también se adoptó un protocolo nacional para orientar las investigaciones y se dictó la primera condena por feminicidio. Guatemala, que ya tiene legislación en vigor sobre esta materia, aprovechó la experiencia de ONU Mujeres para capacitar a casi 550 fiscales sobre sus funciones en los casos de feminicidio. A nivel regional, en América Latina y el Caribe, estamos trabajando con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la adopción de un protocolo modelo para las investigaciones de feminicidio.

ONU Mujeres ayudó a las líderesas políticas y parlamentarias de Pakistán, así como a las defensoras y defensores no-gubernamentales de los intereses de las mujeres, a promover la aprobación de una nueva y amplia legislación dirigida a evitar el uso de ácido en los ataques contra mujeres y acabar con las prácticas tradicionales prejudiciales. La Ley del Código Penal de 2011 impone por primera vez penas de privación de libertad y multas en caso de ataques con ácido, un tipo de agresión que hasta hace poco no estaba tipificada como delito. La Ley de protección de la mujer penaliza una serie de tradiciones culturales que en el pasado se consideraban aceptables, incluidos los matrimonios forzados.

El Gabinete palestino ha aprobado recientemente la primera estrategia nacional de la región de los países árabes orientada a combatir la violencia contra las mujeres. Las sobrevivientes de la violencia participaron en su redacción con el apoyo de ONU Mujeres. La estrategia unifica las iniciativas existentes de lucha contra la violencia de género, que abarcan desde la mejora de la vigilancia policial hasta la aplicación de técnicas forenses a los casos de violencia, la ampliación de los servicios sociales y la mejora de la capacitación de las trabajadoras y los trabajadores sociales. Como medida dirigida a fomentar su aplicación, el gabinete aprobó un reglamento que permite al Ministerio de Asuntos Sociales exigir a todos los refugios para sobrevivientes de violencia el respeto de los estándares de calidad y derechos humanos. Dicho reglamento se basa en las buenas prácticas desarrolladas en el Centro Mehwar, una iniciativa pionera auspiciada por ONU Mujeres que ofrece una completa gama de servicios para que las mujeres se recuperen de la violencia sufrida, busquen reparación jurídica y desarrollen aptitudes para la subsistencia. Una nueva línea de ayuda, respaldada por mecanismos en línea, que brinda asesoramiento y derivación a otros servicios ha hecho posible que 18.000 usuarias y usuarios accedan a información que podría salvarles la vida.

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