Estado de derecho y justicia

Los efectos de la violencia asociada a un conflicto perduran mucho tiempo después de la firma del acuerdo de paz. En demasiados casos, la violencia y la inseguridad no desaparecen o incluso se agudizan para las mujeres, debido a la impunidad a gran escala de los agresores, la ausencia de sistemas judiciales eficaces y la falta de reformas en el sector de la seguridad. Es fundamental restablecer el estado de derecho para garantizar la seguridad de las mujeres, la protección de sus derechos y, en última instancia, la paz equitativa.

Después de un conflicto, la justicia de transición marca el punto de ruptura con un pasado injusto. Este modelo de justicia, que engloba la instrucción de acciones judiciales, la búsqueda de la verdad, reparaciones, reformas del sector judicial, consultas nacionales y mecanismos de rendición de cuentas a nivel local, sienta las bases para una sociedad inclusiva basada en el estado de derecho y la rendición de cuentas, y contribuye a la reconciliación. No obstante, y a pesar de su importancia, hasta hace poco los recursos dedicados a satisfacer las prioridades y necesidades de las mujeres han sido muy escasos.

Nuestras soluciones

En la actualidad, las Naciones Unidas desempeña un papel cada vez más importante de apoyo a la justicia de transición. ONU Mujeres colabora con diversos socios para integrar en la medida más amplia posible las disposiciones relativas a la igualdad de género. Nuestra organización ayuda a las comisiones nacionales de la verdad a dar respuesta a los problemas de género y envía expertas y expertos de género a las comisiones de investigación de las Naciones Unidas. La capacitación que dotamos a las/os investigadoras/es de los conocimientos necesarios para perseguir los delitos sexuales y de género, y el trabajo que llevamos a cabo con los tribunales nacionales e internacionales, permite acelerar los procesos judiciales. Ayudamos a diseñar programas nacionales de reparación de manera que las mujeres puedan acceder fácilmente a ellos. El apoyo que prestamos a las organizaciones locales de mujeres y de la sociedad civil alienta a estos colectivos a participar en los procesos de fortalecimiento de la justicia.

Con el respaldo de ONU Mujeres, las mujeres hicieron oír sus voces en la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación de Kenya, creada tras la violencia desencadenada después de las elecciones de 2007. La Comisión trabajó con las/os defensoras/es de la igualdad de género y fijó audiencias temáticas especiales para mujeres, niñas y niños. La difusión de anuncios radiofónicos en los mercados locales animó a las mujeres a recoger declaraciones para la Comisión —ascendieron a casi 15.000— y a asistir a las audiencias públicas. Este proceso permitió conocer mejor los problemas persistentes de desigualdad relativos a la discriminación, la propiedad y la titularidad de la tierra, la violencia sexual y una atención de la salud deficiente. La Comisión está utilizando esta información para formular una serie de recomendaciones, algunas de las cuales se refieren a la reparación adecuada en casos de violación de los derechos de la mujer.

A través de la promoción y de las consultas con organizaciones de mujeres en Colombia, ONU Mujeres apoyó con éxito la incorporación de disposiciones relativas a las mujeres en la nueva Ley de víctimas y de restitución de tierras. Esta ley consagra el derecho de las mujeres sobrevivientes de la violencia a obtener justicia y reparación.

ONU Mujeres trabaja con diversos socios en el ámbito de la capacitación de las/os investigadoras/es internacionales de delitos sexuales y de género con objeto de crear un grupo de expertas/os en esta área. La organización ya ha enviado investigadoras/es a las comisiones de investigación o los órganos de determinación de hechos de Côte d’Ivoire, Guinea, Libia, Sri Lanka y la República Árabe Siria, garantizando que estos órganos puedan documentar estos crímenes y ofrecer justicia a las mujeres.

Publicación destacada
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    Esta herramienta práctica está diseñada para ser aplicada por responsables de llevar a cabo la investigación y persecución de este tipo de actos. Su principal objetivo es ofrecer orientación y líneas de acción para mejorar la práctica del personal que trabaja en el sistema judicial, expertas y expertos forenses y otras personas especializadas, incluidas las que trabajan en relación con la escena del crimen, el laboratorio forense, la interrogación de testigos y sospechosos, el análisis de casos, la formulación de la acusación, o ante el tribunal. Más