El miedo o la experiencia de la violencia sexual influyen en la posibilidad de que las mujeres y niñas se desplacen libremente por los espacios públicos, obtengan ingresos, permanezcan en la escuela, accedan a servicios presenciales y digitales y participen en la vida comunitaria.

Ese es el punto de partida de la iniciativa global de ONU Mujeres «Ciudades Seguras y Espacio Públicos Seguros para Mujeres y Niñas», que comenzó en 2011 con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y que ha contado además con el respaldo de otros socios donantes, como la Unión Europea, la República de Corea, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Países Bajos, GIZ y Polonia. 

Quince años después de su creación, la iniciativa se implementa en 75 ciudades de 36 países, mediante alianzas con gobiernos locales y nacionales, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, grupos comunitarios, empresas y otros socios, a fin de prevenir el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y niñas en los espacios públicos y tomar medidas para darle respuesta.

La lección que nos dan esas ciudades es clara: no existe un modelo único. Una ciudad segura no se crea con una sola campaña, una sola ley, una sola ruta de autobús o un solo proyecto de rediseño. Se construye cuando se priorizan los espacios para la participación de las mujeres y niñas y se escuchan sus voces. También se construye cuando las experiencias vividas por las mujeres dan forma a políticas de distintos tipos, cuando los espacios públicos se planifican tomando en cuenta sus recomendaciones y cuando las comunidades cuestionan la idea de que el acoso sexual es inevitable.

Las ciudades se están esforzando cada vez más por dar el primer paso: preguntar a las mujeres y niñas qué está pasando, cuáles son sus necesidades y preocupaciones, y cuáles son sus propias ideas para superar los desafíos que enfrentan.

En el enfoque de «Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas», las ciudades participantes comienzan por recopilar evidencia local. Esto empieza con un estudio exploratorio que incluye una revisión documental de los datos cuantitativos y cualitativos disponibles, grupos focales y entrevistas para captar las voces locales clave. Algunas ciudades que participan en estos estudios también pueden organizar caminatas exploratorias de mujeres. El objetivo es comprender dónde ocurre el acoso sexual, quiénes son las más afectadas, quiénes son los agresores, qué hace que las mujeres se sientan inseguras y qué cambios desean ver.

En Quito, Ecuador, un estudio exploratorio reveló altos niveles de acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y niñas en el transporte público y en las calles de la ciudad. Los resultados contribuyeron a dar forma a un programa que abordaba la seguridad en el transporte como un componente fundamental del derecho de las mujeres a desplazarse de manera segura por la ciudad.

En Túnez, capital del país homónimo, las organizaciones de mujeres, los liderazgos municipales y otros socios que participaron en el estudio exploratorio identificaron áreas prioritarias de acción, entre ellas mercados y transporte, así como iniciativas dirigidas a hombres y niños para prevenir la violencia desde el principio.

La evidencia local es fundamental: cuando las ciudades escuchan a las mujeres e involucran a socios locales en la recopilación de datos, el problema se vuelve más difícil de ignorar y las soluciones se viven como un proyecto local compartido, lo que favorece una implementación más efectiva.

Escuchar es solo el comienzo. Una ciudad se vuelve más segura cuando la voluntad política responde a la evidencia con acciones concretas.

En la práctica, eso significa que las leyes, las políticas, los presupuestos, los planes municipales, los sistemas de denuncia, la infraestructura y los servicios incorporen la perspectiva de género. También implica conectar a los equipos que dan forma a la vida cotidiana de la ciudad —policía, desarrollo urbano, transporte, vivienda, medio ambiente y desarrollo económico local— para promover soluciones mejor coordinadas e integradas. 

En Madrid, España, el Plan de Acción «Ciudad Segura» ha impulsado este tipo de colaboraciones en espacios industriales y productivos, zonas económicamente estratégicas en las que las mujeres pueden enfrentar barreras de acceso o condiciones de inseguridad debido a limitaciones en la movilidad, una planificación inadecuada y brechas en los servicios. 

Madrid creó un Grupo de Trabajo sobre Espacios Industriales y Productivos con Perspectiva de Género que reúne a equipos municipales de planificación, movilidad, igualdad, transporte, policía y servicios de emergencia. Sus recomendaciones señalan la necesidad de contar con datos desglosados por sexo y género, estudios de impacto de género, métodos participativos y la inclusión de las experiencias de las mujeres en las decisiones de planificación.

Ese tipo de coordinación es fundamental. La seguridad de las mujeres no es un tema exclusivo de las mujeres. No puede quedar relegada a una sola oficina. Debe integrarse en los sistemas que dan forma a la ciudad.

Algunos de los cambios más importantes suelen ser aquellos que las mujeres perciben en su vida cotidiana.

En Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, un estudio exploratorio reveló que más del 90 por ciento de las mujeres y niñas habían sufrido algún tipo de violencia al utilizar el transporte público. En respuesta a ello, y como medida especial de duración indefinida para garantizar la seguridad, la ciudad introdujo los autobuses Meri Seif para mejorar el acceso seguro al transporte de mujeres y jóvenes, junto con el primer horario de autobuses de la ciudad para ayudar a las y los usuarios a planificar sus viajes y reducir los tiempos de espera.

El trabajo fue más allá de los autobuses en sí. La capacitación de conductoras generó oportunidades de empleo al tiempo que ayudó a las pasajeras a sentirse más seguras. En las sesiones de sensibilización realizadas en los autobuses se compartió información sobre la igualdad de género, la violencia contra las mujeres y las medidas que pueden tomarse cuando se produce un acto de violencia.

En Msalala, distrito de la región de Shinyanga, Tanzania, la Iniciativa de Mercados Seguros en el mercado de Segese se centró en hacer que este espacio económico fuera más seguro e inclusivo: baños públicos accesibles, instalaciones para lavarse las manos, un plan de gestión y mantenimiento, un reglamento del mercado y un código de conducta con perspectiva de género. Las comerciantes locales también se asociaron con ONU Mujeres como líderes para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, ayudando a crear conciencia y a incrementar el número de denuncias, incluidos el acoso y la extorsión sexual dentro y alrededor del mercado.

Las prácticas difieren porque las ciudades difieren. Pero comparten el mismo principio: la seguridad de las mujeres no es algo abstracto. Está integrada en el tejido de la ciudad, en sus autobuses, mercados, calles, lugares de trabajo, escuelas, baños, servicios y en la forma en que las personas utilizan el espacio público.

La infraestructura y las leyes son importantes. Pero una ciudad también debe cambiar las actitudes, los comportamientos y las prácticas institucionales que permiten que el acoso sexual se minimice, se justifique o se ignore.

En Montreal, Canadá, el gobierno local, el servicio de policía y la autoridad de transporte lanzaron una campaña de «testigos activos» para prevenir el acoso sexual en los espacios públicos. La campaña ofreció formas claras y prácticas de actuar a cualquiera que presenciara un caso de acoso: crear una distracción, unir fuerzas con otra persona, pedir ayuda, documentar el incidente y brindar apoyo a la persona afectada.

Se difundió en espacios de transporte, bibliotecas y otras áreas públicas, y contó con el respaldo de un micrositio que conectaba a las víctimas-sobrevivientes con recursos comunitarios de primera línea. Los mensajes se desarrollaron junto con organizaciones comunitarias y grupos que defienden los derechos de las mujeres para que reflejaran las realidades locales.

En Kericho, Kenia, los diálogos comunitarios con hombres crearon un espacio para hablar sobre el acoso sexual, la violencia de género y las normas sociales nocivas. Los hombres reflexionaron sobre sus propios roles y desarrollaron planes de acción comunitarios, mientras que los jóvenes y niños utilizaron actividades de diseño de murales para crear conciencia sobre la violencia y los servicios de apoyo disponibles.

Iniciativas como estas son importantes porque el acoso sexual persiste cuando la gente mira hacia otro lado, minimiza los daños o lo trata como un aspecto normal de la vida urbana. Las alianzas de «Ciudades Seguras» desafían ese silencio.

Las ciudades se vuelven más seguras cuando las mujeres y niñas participan en la toma de decisiones que afectan su vida cotidiana. Sus experiencias deben tenerse en cuenta en los presupuestos, las leyes, la planificación, los servicios y el diseño de los espacios públicos, no como algo secundario, sino desde el principio. Esa labor también depende de que muchos actores trabajen en la misma dirección: los gobiernos locales y regionales, las comunidades, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, las personas trabajadoras del transporte, las y los comerciantes de los mercados, docentes, cuerpos policiales, personal municipal, así como los hombres y niños.

Por eso la seguridad no puede separarse de la igualdad y el desarrollo sostenible. Cuando una mujer evita tomar una ruta de autobús, sale del trabajo antes de tiempo, deja de ir al mercado, decide no estudiar ni trabajar de noche o mantiene a su hija en casa porque la ciudad no es segura, toda la ciudad sale toda la ciudad pierde.

Quince años de «Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas» demuestran que el cambio es posible. Las ciudades pueden planificar e invertir de manera diferente, tomando en cuenta las necesidades y preocupaciones de las mujeres y niñas, así como de los hombres y los niños.

Una ciudad se vuelve más segura cuando las mujeres y niñas no tienen que adaptar sus vidas para moverse, sino que es la ciudad la que se adapta a sus vidas y a su seguridad, lo que fortalece su autonomía y las condiciones para ejercer plenamente sus derechos.