Declaración de ONU Mujeres para el primer Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos
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Este año hemos celebrado por vez primera tres iniciativas dirigidas a combatir la violencia sexual en los conflictos. Todas ellas eran largamente esperadas y tenían una cosa en común: la fuerza incontenible de la voz y el liderazgo de las mujeres.
En febrero, un tribunal nacional de Guatemala condenó a dos ex oficiales militares por cometer violencia sexual durante la guerra civil del país; fue la primera vez en la historia del mundo que un tribunal nacional imputaba cargos de esclavitud sexual durante un conflicto armado. Las organizaciones de mujeres trabajaron durante años con las mujeres indígenas para profundizar en el asunto, que la Fiscal General de Guatemala presentó ante el tribunal, que estaba presidido por una magistrada.
En marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) dictó su primera condena por delitos sexuales y de género. Un tribunal íntegramente femenino, formado por tres juezas, presidió el asunto contra el ex Vicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, al que una fiscal logró enjuiciar gracias a unos niveles de participación sin precedentes por parte de las mujeres víctimas y testigos en la República Centroafricana.
En mayo, las Salas Africanas Extraordinarias del Senegal condenaron al ex Presidente del Chad, Hissène Habré, por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que incluían la violación y la esclavitud sexual. Fue el primer asunto de jurisdicción universal enjuiciado en África, y la primera vez que se declaraba la responsabilidad personal de un ex Jefe de Estado por cometer violaciones como delito internacional. Esta condena no habría sido posible sin los testimonios de las mujeres y la inspiradora resolución de las y los abogados, de las y los defensores de las víctimas y los derechos humanos, así como de las organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales.
En Guatemala y el Senegal, al igual que en muchas otras investigaciones, ONU Mujeres tuvo el honor de colaborar con la iniciativa Justice Rapid Response en el despliegue de asesoras y asesores en cuestiones de género, seleccionado entre una lista de especialistas en materia de investigación y documentación de delitos sexuales y de género. La lista está compuesta por expertas y expertos de 62 nacionalidades. En conjunto, este grupo de especialistas —de los que un 80 por ciento son mujeres— habla un total de 34 idiomas diferentes. Todas estas personas trabajan muy duro para garantizar que las sobrevivientes de violencia sexual durante los conflictos reciban un trato digno y que sus voces sean escuchadas para que se haga justicia.
Los casos históricos a los que hemos asistido este año demuestran que la conexión existente entre la justicia para las mujeres y la participación y el liderazgo directo de estas en esos asuntos judiciales dista mucho de ser nueva o de tratarse de una simple coincidencia. La violencia sexual es una realidad generalizada y devastadora en demasiados de los conflictos que se viven en el mundo. Es reconfortante comprobar que se están adoptando medidas para garantizar la rendición de cuentas por esos actos y que las mujeres perseveran, con fortaleza y unidad, para impedir que esos delitos queden sin denunciar o sin castigar.