Cómo asegurar un futuro digital equitativo
Las mujeres y las niñas siguen estando infrarrepresentadas en el ámbito de la creación, el uso y la regulación de la tecnología. Es menos probable que usen los servicios digitales o emprendan carreras relacionadas con la tecnología, y tienen una probabilidad mucho mayor de sufrir violencia y acoso en línea. Esta situación no sólo limita su empoderamiento digital, sino también el potencial transformador de la tecnología en su conjunto: durante la última década, la exclusión de las mujeres del universo digital ha restado 1 billón de dólares estadounidenses del producto interno bruto de los países de ingresos medianos y bajos.
La intensificación de las crisis mundiales nos sitúa ante una encrucijada: podemos permitir que la tecnología exacerbe las desigualdades existentes y concentre todavía más el poder en manos de unos pocos o podemos ponerla a trabajar por un futuro más seguro, sostenible y equitativo para todas y todos. Las elecciones que hagamos hoy influirán enormemente en el camino que tenemos por delante. Estos son cuatro pasos que podemos dar en la dirección correcta.
1. Cerrar todas las brechas en materia de acceso y competencias digitales
Dado que nuestra vida diaria está cada vez más digitalizada, las brechas de género en el acceso digital amenazan con dejar todavía más rezagadas a las mujeres y a las niñas. A pesar de que los esfuerzos para cerrar estas brechas han logrado mejoras en los índices de paridad de género, la diferencia absoluta entre el número de hombres y mujeres en línea ha aumentado en la práctica en 20 millones desde 2019. Hoy, el 63 por ciento de las mujeres tiene acceso a Internet, una cifra que asciende al 69 por ciento en el caso de los hombres. Y las mujeres tienen un 12 por ciento menos de probabilidades de poseer un teléfono móvil, una cifra que prácticamente no ha cambiado desde antes de la pandemia.
Estos promedios globales no cuentan toda la historia: factores como la raza, la edad, la discapacidad, el estatus socioeconómico y el lugar de residencia determinan el acceso de las mujeres a los medios digitales y su uso. Los grupos marginados, como las mujeres de más edad, las que viven en zonas rurales y las mujeres con discapacidad, se enfrentan a barreras de conectividad más acusadas. A pesar de que el 76 por ciento de la población de los países menos desarrollados tiene cobertura de banda ancha móvil, sólo el 25 por ciento está en línea y los hombres tienen un 52 por ciento más de probabilidades de contarse en esa minoría de personas conectadas.
Todo ello deja claro que colmar las brechas de acceso requerirá más que una simple mejora de la infraestructura digital. Abordar aspectos como la asequibilidad, el acceso a la electricidad, la privacidad y la seguridad en línea, las normas sociales o la alfabetización y las competencias digitales será esencial para que las mujeres tengan una presencia significativa en el mundo digital.
Ningún sector podrá lograrlo en solitario: será precisa la colaboración entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y las organizaciones de mujeres, entre otros actores. La incorporación explícita de las perspectivas interseccionales y de género en los planes y las políticas digitales puede contribuir a catalizar este tipo de coordinación multisectorial; un punto de partida crucial dado que, en la actualidad, sólo la mitad de las políticas o planes generales nacionales sobre tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacen referencia al género. Para diseñar políticas eficaces también será necesario aumentar la investigación sobre las barreras de acceso a las que se enfrentan las mujeres y recopilar datos sobre la efectividad de las estrategias para superarlas.
Pero saber qué funciona no basta, los gobiernos deben invertir en iniciativas y programas basados en la evidencia. Subvencionar teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles para las mujeres y las niñas e incentivar la oferta de planes de datos de bajo costo pueden ser medidas decisivas para superar las barreras de acceso basadas en el género. Sucede lo mismo con los programas de alfabetización digital, que ayudan a proporcionar a las mujeres y a las niñas las habilidades que necesitan para conectarse al espacio digital, liderarlo y modelarlo.
2. Apoyar a las mujeres y las niñas en las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM)
En la actualidad, las mujeres siguen estando en minoría en las disciplinas STEM en el mundo laboral como en el académico, y constituyen sólo el 28 por ciento de las personas graduadas en ingeniería, el 22 por ciento de quienes trabajan en inteligencia artificial y menos de un tercio de la fuerza laboral en el sector tecnológico en todo el mundo. Sin una representación igualitaria en estos campos, la participación de las mujeres en el diseño de la tecnología, la investigación, las inversiones y las políticas seguirá estando seriamente restringida. Esos mismos retos también condicionan su acceso a empleos bien remunerados que están experimentando un rápido crecimiento, una desigualdad a la que se suma el hecho de que, cuando la tecnología y la innovación digital transforman un sector, son las mujeres quienes más sufren la pérdida de trabajo.
Los estereotipos sobre qué personas están más o menos capacitadas para las disciplinas STEM tienen un peso enorme y disuaden a las niñas de decantarse por estos campos. Estas creencias se convierten en un ciclo que se perpetúa: sin motivación por los ámbitos tecnológicos, las niñas acaban careciendo de los conocimientos necesarios, lo que hace que sea menos probable que expresen interés.
Las que se deciden por entrar en el mundo de la tecnología a menudo se enfrentan a un entorno abiertamente hostil, con una notable brecha salarial (un 21 por ciento) y tasas de promoción considerablemente inferiores (52 mujeres por cada 100 hombres). Casi la mitad (un 48 por ciento) afirma haber sufrido acoso en el lugar de trabajo. Y un escalofriante 22 por ciento afirma haber valorado la posibilidad de dejar el trabajo debido al trato recibido en el sector.
Hasta ahora, la mayoría de las iniciativas para aumentar la representación de las mujeres se ha centrado en su supuesto desinterés por las disciplinas STEM, en lugar de en los sistemas que las excluyen. En la práctica, ese discurso ha resultado contraproducente ya que ha alimentado la idea de que las mujeres no tienen interés real o talento para la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. Las soluciones eficaces deben abordar tanto los obstáculos que fuerzan a las mujeres a dejar los empleos STEM como aquellos que disuaden a las niñas de dedicarse a estas disciplinas.
Una medida como facilitar acceso universal de banda ancha al profesorado, el alumnado y las escuelas —y garantizar la alfabetización digital de todas las personas usuarias— puede aumentar la exposición de las niñas a los campos STEM, en especial en el caso de las más desfavorecidas. La formación digital ofrece nuevas posibilidades para adaptar los entornos y los programas educativos a las necesidades de las niñas y del alumnado de grupos marginados.
Trabajar para eliminar los prejuicios sexistas desde la escuela también es esencial, como lo es garantizar que las niñas tengan acceso a mentoras en los campos STEM con las que puedan identificarse. Otra estrategia que puede aumentar el interés de las niñas es vincular las áreas STEM a otras disciplinas, así como destacar sus aplicaciones potenciales a los retos a los que se enfrenta la sociedad, ya que la investigación ha demostrado que este es uno de los principales factores que decantan la elección de estudios de las niñas.
Para que las mujeres tengan éxito en un entorno laboral cambiante, es preciso crear programas específicos de mejora y ampliación de las competencias profesionales enfocados prioritariamente en los grupos con un mayor riesgo de exclusión. Además, necesitamos regulación laboral más sólida para garantizar que la transición del mercado de trabajo mejora la posición de las mujeres, en lugar de limitarse a reproducir las desigualdades existentes. Esto incluye un salario mínimo vital, leyes contra la discriminación salarial y sistemas de protección social que resuelvan, entre otros aspectos, las discrepancias entre las cargas de trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres y de los hombres.
3. Crear una tecnología que satisfaga las necesidades de las mujeres y las niñas
La tecnología es un reflejo de las personas que la crean. Por lo tanto, la consecuencia lógica de apartar a las mujeres y las niñas de los espacios tecnológicos y de innovación es que las herramientas digitales no satisfacen sus necesidades. La notoria infrafinanciación de herramientas digitales dedicadas, por ejemplo, a promover la salud sexual y reproductiva es el resultado natural de procesos de toma de decisiones que excluyen sistemáticamente la voz de las mujeres.
Además, las brechas de acceso digital implican que las mujeres generan menos datos que los hombres y la carencia de información desglosada por género conduce a una representación desigual en los conjuntos de datos. Esta realidad tiene consecuencias importantes en los resultados del aprendizaje automático y la prestación de servicios a través de inteligencia artificial (IA). Un estudio global que ha analizado 133 sistemas de IA creados desde 1988 ha desvelado que el 44 por ciento presentan sesgos de género, con un 25 por ciento que combina sesgos de género y raciales, lo que se traduce en un servicio de peor calidad, una distribución desigual de los recursos y la perpetuación de los estereotipos negativos.
Este problema ha pasado prácticamente desapercibido debido a la inadecuada supervisión del sector tecnológico. Incluso cuando se han diseñado marcos éticos, se ha hecho sin obligaciones legales y, dado que la regulación ha quedado en gran medida en manos de las empresas, muchas han ignorado estos aspectos o no han invertido lo suficiente en las estrategias de mitigación de los daños.
Crear una tecnología más inclusiva y menos sesgada empieza por aplicar procesos de diseño y regulación anclados en los derechos humanos. Eso implica centrarse en la voz de las mujeres marginadas y vulnerables, así como incluir a profesionales de las ciencias sociales y del comportamiento y a especialistas en derechos humanos en el diseño de las nuevas herramientas digitales. También supone abordar de forma explícita las tensiones que se producen al ejercer en Internet distintos derechos, como el uso de la libertad de expresión frente al derecho a la seguridad. Y significa hacer que los marcos éticos sean de obligado cumplimiento incorporándolos a las normas y los reglamentos internacionales de derechos humanos.
No podemos dejar la reforma normativa al sector tecnológico. Los gobiernos deben dar un paso al frente para perfilar las responsabilidades de las empresas, exigir dispositivos de seguimiento como evaluaciones del impacto en función del género y garantizar un uso transparente de los datos mediante mecanismos como auditorías de inteligencia artificial obligatorias. A escala internacional, la gobernanza digital será indispensable para garantizar que el desarrollo tecnológico persigue el bien común, no sólo los intereses de las compañías multinacionales.
La tecnología es un reflejo de las personas que la crean. Por lo tanto, la consecuencia lógica de apartar a las mujeres y las niñas de los espacios tecnológicos y de innovación es que las herramientas digitales no satisfacen sus necesidades. La notoria infrafinanciación de herramientas digitales dedicadas, por ejemplo, a promover la salud sexual y reproductiva es el resultado natural de procesos de toma de decisiones que excluyen sistemáticamente la voz de las mujeres.
Además, las brechas de acceso digital implican que las mujeres generan menos datos que los hombres y la carencia de información desglosada por género conduce a una representación desigual en los conjuntos de datos. Esta realidad tiene consecuencias importantes en los resultados del aprendizaje automático y la prestación de servicios a través de inteligencia artificial (IA). Un estudio global que ha analizado 133 sistemas de IA creados desde 1988 ha desvelado que el 44 por ciento presentan sesgos de género, con un 25 por ciento que combina sesgos de género y raciales, lo que se traduce en un servicio de peor calidad, una distribución desigual de los recursos y la perpetuación de los estereotipos negativos.
Este problema ha pasado prácticamente desapercibido debido a la inadecuada supervisión del sector tecnológico. Incluso cuando se han diseñado marcos éticos, se ha hecho sin obligaciones legales y, dado que la regulación ha quedado en gran medida en manos de las empresas, muchas han ignorado estos aspectos o no han invertido lo suficiente en las estrategias de mitigación de los daños.
Crear una tecnología más inclusiva y menos sesgada empieza por aplicar procesos de diseño y regulación anclados en los derechos humanos. Eso implica centrarse en la voz de las mujeres marginadas y vulnerables, así como incluir a profesionales de las ciencias sociales y del comportamiento y a especialistas en derechos humanos en el diseño de las nuevas herramientas digitales. También supone abordar de forma explícita las tensiones que se producen al ejercer en Internet distintos derechos, como el uso de la libertad de expresión frente al derecho a la seguridad. Y significa hacer que los marcos éticos sean de obligado cumplimiento incorporándolos a las normas y los reglamentos internacionales de derechos humanos.
No podemos dejar la reforma normativa al sector tecnológico. Los gobiernos deben dar un paso al frente para perfilar las responsabilidades de las empresas, exigir dispositivos de seguimiento como evaluaciones del impacto en función del género y garantizar un uso transparente de los datos mediante mecanismos como auditorías de inteligencia artificial obligatorias. A escala internacional, la gobernanza digital será indispensable para garantizar que el desarrollo tecnológico persigue el bien común, no sólo los intereses de las compañías multinacionales.
4. Acabar con la violencia de género facilitada por la tecnología
A pesar de su prevalencia y gravedad, no existe una definición universal de la violencia de género facilitada por la tecnología, pero se puede entender como cualquier acto de violencia por motivo de género cometido, propiciado o agravado mediante el uso de las TIC. Aunque estos actos suelen producirse en un entorno virtual, provocan daños tangibles de naturaleza física, sexual, psicológica, social, política y/o económica. Este tipo de violencia no acaba cuando las mujeres se desconectan: existe una conexión entre el mundo real y la violencia en línea, de modo que la tecnología contribuye a perpetuar e intensificar conductas como el acecho, la trata y otras formas de abuso.
En el universo digital, la violencia de género también obliga a las mujeres y a las niñas a autocensurarse y abandonar plataformas, lo que restringe su capacidad para involucrarse y participar en actividades virtuales. La creciente importancia de los medios sociales como espacios esenciales para socializar y organizarse también los ha convertido en un lugar clave para difundir desinformación basada en el género, información errónea, discursos de odio sexistas y otros mensajes que minan la capacidad de movimiento y expresión en línea de las mujeres.
Para las mujeres que sufren formas interrelacionadas de discriminación, como las mujeres de color, las mujeres con discapacidades y las personas LGBTIQ+, el riesgo es todavía mayor. Sucede lo mismo con las mujeres con proyección pública —como, por ejemplo, las periodistas, las políticas o las activistas por los derechos de las mujeres—, que se exponen niveles muy superiores de discursos de odio y otras formas de violencia que sus homólogos masculinos.
Además de no haber una definición formal, no existen tampoco reglas ni normas mundiales coherentes sobre la violencia de género en línea. A medida que la tecnología genera nuevas formas de violencia —como los "deepfakes" o falsificaciones hiperrealistas—, los marcos jurídicos existentes dejan de tener valor. Por otra parte, como ocurre con el resto de formas de violencia de género, la violencia en línea apenas se denuncia: sólo 1 de cada 4 mujeres denuncia los actos violentos a la plataforma en la que se han producido y son todavía menos —un 14 por ciento— las que denuncian ante un organismo de protección.
Por todo ello, es urgente pasar a la acción. Hay que desarrollar marcos legales más amplios coordinados con las organizaciones de mujeres y centrados en los derechos humanos y en enfoques sensibles a la experiencia de las personas sobrevivientes. Los estamentos políticos deben colaborar con la justicia, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y otros sectores para crear respuestas coherentes y estrategias de mitigación. Además, diseñar procesos basados en los derechos humanos puede mejorar los sistemas de denuncia y moderación, lo que contribuiría a descargar a las víctimas de responsabilidad.
Por último, la capacitación sobre ciudadanía digital ayudaría a abordar la cuestión de la violencia en línea, a inculcar un uso ético y empático de los medios digitales y a formar a los niños y a los hombres como defensores de la igualdad de género.