Hasta 2016, la guerra era lo único que generaciones de colombianos habían conocido, mientras el conflicto armado interno se prolongaba durante 52 interminables años. En este periodo, algunas mujeres se unieron a las fuerzas insurgentes. Muchas más, especialmente en zonas rurales marginadas, vivieron en constante inseguridad y miedo. Sufrieron violencia sexual y la muerte de familiares. Algunas perdieron sus tierras y sus medios de vida.  

Sin embargo, perseveraron. Cuando la paz parecía imposible, los movimientos de mujeres nunca se rindieron. En la década de 2010, cuando un proceso de paz finalmente comenzó a consolidarse, las mujeres estaban listas para actuar. Con el acompañamiento y apoyo de ONU Mujeres, se movilizaron en todo el país para ganarse un lugar y una voz en la mesa de negociaciones. A medida que avanzaban las conversaciones, exigieron una representación igualitaria y presentaron testimonios de primera mano de las violaciones de sus derechos y la devastación en sus comunidades.

Cuando se firmó la paz en el papel, las mujeres exigieron –y consiguieron– disposiciones en el acuerdo de paz para salvaguardar y promover sus derechos y para asegurarse de que lo que les había sucedido no volviera a ocurrir. 

Para cuando se alcanzó un acuerdo de paz formal en 2016, las mujeres representaban aproximadamente el 20 % del equipo negociador del gobierno nacional y el 43 % de las delegacías de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la proporción más alta en la historia moderna. El promedio mundial de delegadas es de tan solo el 5 %, a pesar de la evidencia de que la participación femenina en los procesos de paz aumenta la probabilidad de que un acuerdo perdure.

En Colombia, la importante presencia de las mujeres en las negociaciones y su visible incidencia pública hicieron posible que la paz incorporara la perspectiva de género, los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia.  

“Nosotras, las mujeres de Colombia, nos aseguramos de que el texto y las definiciones del acuerdo de paz incluyeran tanto a hombres como a mujeres”, recuerda Janneth Lozano, excoordinadora de la Red de Educación Popular de Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM). “El acuerdo reconoce cómo la guerra impacta la vida de las mujeres de manera diferente. Reconoce cómo hemos sido víctimas de la exclusión sistemática y que hemos sido víctimas de los peores actos de violencia y de la pobreza más profunda”.

Uno de los hitos más recientes en el proceso de paz de Colombia fue la adopción en 2024 de un plan de acción nacional sobre mujeres, paz y seguridad, en consonancia con una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Este plan se basa en una base sólida: el apoyo sostenido de ONU Mujeres a más de 120 organizaciones lideradas por mujeres que defienden continuamente los derechos de las mujeres en acciones en el marco del acuerdo de 2016. El movimiento de mujeres colombiano impulsa cambios que marcan una diferencia real y duradera en la vida cotidiana de las mujeres. 

Reintegración de excombatientes: Tras el acuerdo de paz, ONU Mujeres comenzó a apoyar a casi 3.000 excombatientes en 11 regiones para que depusieran las armas y se reunieran con sus familias y comunidades. Han asumido nuevos roles como ciudadanas, estudiantes, emprendedoras, madres y líderes políticas.

Restauración de los derechos sobre la tierra: Con una nueva ley nacional que restituye las tierras confiscadas ilegalmente a sus legítimos propietarios, ONU Mujeres ha ayudado a mujeres de todo el país a conocer sus derechos, obtener documentos de propiedad formales y adquirir habilidades empresariales y agrícolas. Como dice Nelly Velandia, líder rural del centro-oriente de Colombia: «Para nosotras, la paz es defender la tierra, la soberanía alimentaria y los derechos de las mujeres. De eso se trata la consolidación de la paz».

Sanación y recuperación: El apoyo psicosocial continuo ayuda a personas y comunidades a recuperarse del trauma, buscar justicia y gestionar la inseguridad persistente en muchas comunidades. En la costa del Pacífico, una iniciativa singular es la red de Cantadoras del Pacífico, impulsada por ONU Mujeres. Esta red ha reunido a mujeres de todas las edades para interpretar música tradicional afrocolombiana, preservando su cultura y promoviendo la paz. Su himno, Cantamos por la Libertad resuena en toda Colombia, simbolizando el poder de la resistencia y la esperanza.

“Cuando cantamos, nos sentimos libres”, exclama con entusiasmo Mila Rodríguez, una joven miembro de la red. “A través de las letras de las canciones que cantamos, contamos las verdaderas historias de nuestras vidas. Ya no piensas en armas, porque tu vida está llena de música”.

Defendiendo a las defensoras del medio ambiente: El cambio climático está ejerciendo nuevas presiones sobre la paz, alimentando el conflicto y la inestabilidad. Al mismo tiempo, defender la naturaleza es cada vez más peligroso: en 2023, 79 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Colombia, la cifra más alta del mundo. Un nuevo programa de ONU Mujeres, financiado por el Gobierno de Alemania, ayuda a defender a estas defensoras trabajando con las autoridades locales para proteger su derecho a liderar, defender y sostener los ecosistemas y medios de vida locales.

Sandra Patricia Aguilar Carabalí, presidenta de la Red de Jóvenes del Departamento del Cauca (REDEJOCA), explica: “Proteger el medio ambiente no es solo un acto de conservación sino también un acto de resistencia a la violencia y la desigualdad”. 

El Plan Nacional de Acción de Colombia para las Mujeres y la Paz dista mucho de ser una iniciativa árida y tecnocrática. De hecho, este tipo de planes son cruciales para traducir la paz en papel en una experiencia real. Sin un plan, las acciones, los presupuestos y la rendición de cuentas pueden fracasar. Por ello, ONU Mujeres ha sido pionera en el uso de estos instrumentos, ya en funcionamiento en 112 países y territorios de todo el mundo. 

En Colombia, más de 1500 mujeres contribuyeron a la elaboración del Plan de Acción Nacional, que refleja sus experiencias directas con la guerra, incluyendo comunidades rurales, afrocolombianas, indígenas y desplazadas.  

Durante los próximos 10 años, el plan exige que las instituciones gubernamentales de todo el país prioricen la igualdad de género en las medidas de seguridad, recuperación y consolidación de la paz. Exige garantías para el liderazgo de las mujeres y disposiciones para erradicar la violencia contra las mujeres, entre otras medidas. 

El plan responde a las prioridades de las mujeres y a la vez demuestra su compromiso continuo con una paz duradera.

Los acuerdos de paz de Colombia impulsaron una búsqueda de justicia y sanación que continúa hasta el día de hoy.  

Entre otros delitos, más de 35.000 personas sufrieron violencia sexual, de género o reproductiva entre 1957 y 2016; el 90 % eran mujeres. Más de un tercio eran niñas, niños y adolescentes. Sus experiencias aún atormentan a personas, familias y comunidades enteras. 

“El acuerdo de paz establece claramente que la violencia sexual no es perdonable”, afirma Gloria Gil, de la Red Nacional de Mujeres. “Vemos esta declaración como una garantía para las mujeres que fueron víctimas de violación y actos de violencia similares durante el conflicto. Ahora las mujeres reclaman su derecho a saber la verdad. ¿Por qué fueron violadas? ¿Por qué asesinaron a sus esposos? Esta es la verdad que buscan”. 

Una de las iniciativas más importantes para la justicia y la sanación ha sido un caso colectivo para sobrevivientes de violencia sexual, conocido como Macro Caso 11. Este caso se gestiona bajo la Jurisdicción Especial para la Paz, surgida del acuerdo de paz para investigar, procesar y sancionar los delitos más graves, bajo la guía de una comisión de género. Desde 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz ha trabajado con cientos de víctimas para que puedan participar, testificar y buscar justicia en el caso. 

Con el apoyo de ONU Mujeres, la Alianza de la Iniciativa de Paz de Mujeres Colombianas llega incluso a las regiones más remotas del país para informar a las mujeres sobre el caso y apoyar a quienes deciden testificar. También guía a los magistrados en sus desplazamientos a las comunidades locales para recoger testimonios, un proceso que facilita el acceso a la justicia y restaura la confianza en que el sistema judicial perseguirá estos delitos.

Ángela Yasmín Cerón Lasprilla, directora de Justicia de la Alianza, enfatiza la importancia de escuchar a las mujeres. "Es sumamente valioso", afirma. "Las personas empiezan a comprender que no solo se trató de un daño a [la persona], sino a la sociedad, a la comunidad, a la persona que amaban y a su familia. También les permite pensar que estos daños pudieron haber sido causados a otras mujeres que nunca quisieron hablar o que nunca pudieron hacerlo por miedo o terror, y que es necesario hacerlo". 

Recuerda a una mujer diciendo: «Me violaron, me maltrataron, me hicieron cosas, pero logré salir adelante como sobreviviente. Pero mataron a mi hijo y no puedo hacer nada por él. Ahora por fin estoy aquí. Por fin tengo voz. Puedo exigir justicia y derechos, para él y para mí». 

ONU Mujeres (y su agencia predecesora, UNIFEM) ha trabajado en Colombia desde 2005. Nuestro trabajo con mujeres constructoras de paz ha sido generosamente financiado por los gobiernos de Suecia, Noruega, Alemania, la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, España, Koica, el PBF, el WPHF, el MPTF, el CERF y varios otros socios que trabajan en Colombia, quienes reconocen el liderazgo de las mujeres en el sostenimiento de la paz y se han comprometido a acciones a través de la Mesa de Género de Cooperación Internacional en el país durante más de 16 años.