A la vez, los recortes al financiamiento están restringiendo el acceso a servicios esenciales y debilitando a las organizaciones de derechos de las mujeres que ayudan a las supervivientes a orientarse en los sistemas de justicia, obtener asistencia jurídica y reconstruir su vida. Para las mujeres de zonas rurales y remotas y aquellas que se enfrentan a formas interrelacionadas de discriminación y violencia, el camino hacia la justicia es todavía más difícil.

Una legislación sólida es importante, pero por sí sola no es suficiente. Las supervivientes necesitan vías seguras para denunciar la violencia, servicios y asistencia accesibles y asequibles, además de sistemas de justicia que reaccionen de forma eficaz. Esto implica que quienes cometen las agresiones deben rendir cuentas ante la ley y las instituciones han de responder por los fallos que han permitido que la violencia continúe con impunidad.

La campaña de 2026 reclama una justicia que funcione para todas las mujeres y niñas, ya sea en casa, en el trabajo, en la vida pública o en los espacios digitales. Partiendo del trabajo de 2025 en torno a la violencia digital, la campaña de este año reconoce que la violencia en línea y la que sucede fuera de las pantallas se producen en un continuo y a menudo se superponen y retroalimentan. Requieren compromiso y acción en materia de prevención, protección, rendición de cuentas y reparación.

La justicia no consiste únicamente en un dictamen judicial o una condena penal. Empieza por escuchar a las supervivientes, creerles y tratarlas con dignidad. Para las mujeres y niñas que han sufrido violencia, la justicia puede significar: 

• Protección inmediata para evitar más daños o represalias contra ellas y sus hijas e hijos.
• Formas seguras, confidenciales y accesibles de denunciar la violencia.
• Acceso a asesoramiento legal, atención sanitaria, apoyo psicosocial, refugio y otros servicios esenciales.
• Investigaciones y procedimientos judiciales puntuales, imparciales y centrados en las supervivientes.
• Rendición de cuentas de las personas agresoras y las instituciones que no actuaron a tiempo.
• Remedios y reparaciones efectivas que satisfagan las necesidades de las supervivientes.
• Procesos jurídicos que respeten las elecciones, la seguridad y la autonomía de las supervivientes y no las expongan a más traumas.

La justicia debe ser accesible para todas las mujeres y niñas en toda su diversidad, incluidas las mujeres indígenas, con discapacidades y las personas LGBTIQ+, entre otras. Debe adecuarse a sus circunstancias y eliminar las barreras financieras, físicas, sociales e institucionales que les impidan buscar ayuda.

Además, ha de extenderse a los espacios digitales. El acoso en línea, el hostigamiento cibernético, los abusos basados en imágenes, los deepfakes o ultrafalsos, la desinformación de género y otras formas de violencia digital pueden provocar graves daños psicológicos, sociales, económicos y físicos. Las supervivientes deben poder denunciar los abusos, acceder a apoyo y lograr las reparaciones pertinentes, tanto en el mundo virtual como en el físico.

• Crear sistemas de justicia funcionales para las supervivientes: los gobiernos deben aprobar e implementar leyes integrales que aborden todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. La policía, las fiscalías y los órganos judiciales deben contar con recursos, capacitación y mecanismos de rendición de cuentas para actuar con eficacia. Cuando las supervivientes denuncian la violencia, han de recibir una respuesta puntual y efectiva. Las y los agresores deben enfrentarse a las consecuencias de sus actos; las instituciones y las organizaciones también deben rendir cuentas, y las supervivientes deben poder acceder a asistencia jurídica, remedios y reparaciones.
• Proteger y apoyar a las supervivientes en todas las fases: las supervivientes necesitan servicios accesibles, bien financiados y coordinados, como atención sanitaria, apoyo psicosocial, asistencia jurídica, refugios y medidas de protección. Las respuestas deben centrarse en las supervivientes y en la realidad del trauma, además de adaptarse a las distintas edades y ser confidenciales, de tal modo que prioricen la seguridad, la dignidad, el consentimiento y las elecciones de las supervivientes antes, durante y después de cualquier proceso judicial. Cuando alguien que haya sobrevivido a la violencia presente una denuncia, debe contar con protección frente a cualquier represalia o amenaza.
• Garantizar la justicia tanto en los espacios digitales como los físicos: los gobiernos y las empresas tecnológicas deben abordar la violencia digital como parte de una crisis global más amplia de violencia contra las mujeres y niñas. Las plataformas digitales han de proporcionar herramientas de denuncia y reparación accesibles, eliminar el contenido nocivo con celeridad, mejorar la transparencia e integrar la seguridad en el diseño de sus productos. Las leyes, las instituciones y los servicios deben evolucionar en paralelo a la tecnología a fin de reconocer, investigar y resolver la violencia digital.
• Invertir en la prevención y en las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres: la justicia también supone detener la violencia antes de que se produzca. Gobiernos, donantes e instituciones deben invertir en prevención basada en pruebas, alfabetización jurídica y digital y programas que cuestionen la misoginia y las masculinidades dañinas. Para que los servicios se ofrezcan de manera adecuada, las instituciones deben modificar las normas y poner fin a las actitudes y estereotipos patriarcales. Las organizaciones de derechos de las mujeres y los movimientos feministas necesitan un financiamiento sostenible, flexible y a largo plazo para prestar servicios, apoyar a las supervivientes, hacer un seguimiento de los sistemas de justicia y promover el cambio.

• Durante los 16 Días de Activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, organiza actividades visibles y audaces que exijan justicia para las supervivientes y el fin de la impunidad. Colabora con organizaciones de mujeres, supervivientes, grupos juveniles, agentes de la justicia, gobiernos, medios y líderes comunitarias.
• Usa o lleva el color naranja como símbolo de esperanza y de un futuro libre de violencia contra las mujeres.
• Descubre y comparte los materiales de la campaña de este año. Pronto se publicarán aquí más recursos.
• Apoya o financia a organizaciones de derechos de las mujeres así como servicios para las supervivientes.
• Organiza conversaciones, debates y campañas locales que pongan de relieve los obstáculos a los que se enfrentan las supervivientes para acceder a la justicia, que cuestionen las actitudes que culpan a las víctimas y hacen posible la violencia y que exijan a las instancias políticas el refuerzo de la legislación, los servicios y los mecanismos de rendición de cuentas.