Why so few women are in political leadership, and five actions to boost women’s political participation

El mayor déficit de mujeres en la representación política se encuentra en los niveles más altos de poder. En 2024, fueron solo 27 los países liderados por una mujer, lo que supone un modesto incremento con respecto a los 18 de hace una década, y en 107 países no ha habido nunca una mujer en la Jefatura de Estado.[1]

Las mujeres constituyeron solo el 23 por ciento de las personas que encabezan ministerios en todo el mundo y apenas son 15 los países que tienen gabinetes paritarios. En 141 países, las mujeres ostentaron menos de un tercio de los cargos ministeriales y siete países no tuvieron a ninguna mujer en sus gabinetes. Al ritmo de avance actual, la paridad de género en el ámbito ministerial no se alcanzará antes de 2077.

A escala mundial, las mujeres ocuparon el 27 por ciento de los escaños en los parlamentos y no se espera lograr la paridad hasta dentro de 39 años.

A nivel local en 2024, las mujeres constituyeron el 35,5 por ciento de los cargos electos.

En el 2024 se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias en al menos 63 países, lo que significa que en ese año votaron 1.600 millones de personas, una cifra sin precedentes.

Entre los países donde hubo elecciones se cuentan algunos de los que presentan una mayor y una menor participación de mujeres en el parlamento: México y Rwanda son los dos únicos países con una representación totalmente paritaria de mujeres y hombres.

En enero de 2024, la participación política de las mujeres se situaba entre el 40 y el 49,9 por ciento en sólo siete países (Austria, Belarús, Bélgica, Mozambique, Namibia, Macedonia del Norte y Sudáfrica), mientras que en seis países era de entre el 5 y el 8 por ciento (Irán, Kiribati, Maldivas, Palau, Islas Salomón y Tuvalu).

Aunque los derechos de las mujeres a la participación política han sido ratificados desde hace décadas en los acuerdos internacionales, como la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su materialización sigue siendo demasiado lenta debido a que los obstáculos al liderazgo político de las mujeres persisten en todo el mundo. 

Las normas nocivas y la violencia de género dificultan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y los estereotipos todavía presentes en la prensa perpetúan la idea de que las mujeres tienen menos legitimidad y capacidad para liderar que los hombres. 

Las amenazas de muerte, violación y violencia física por Internet dirigidas contra las mujeres en la política y la vida pública son alarmantemente comunes, y el auge de la inteligencia artificial puede exacerbar la escala y el alcance de esos abusos en línea. Según las encuestas que ONU Mujeres ha hecho a mujeres que ocupan cargos en los gobiernos locales en Jordania, el Líbano, Nepal, el Estado de Palestina y Túnez, la forma de hostigamiento más común es la violencia psicológica, seguida de la violencia sexual y la violencia económica (por ejemplo, se les niega el acceso a recursos como salarios, espacio en las oficinas o equipo). Las mujeres con cargos públicos aseguraron sufrir el acoso con más frecuencia en las instituciones de gobierno local en las que se desempeñan, aunque también se enfrentan a problemas en su comunidad y en casa.

Asimismo se constatan otros obstáculos, como la resistencia de los partidos políticos a elegir a las mujeres como líderes y candidatas o los sistemas electorales en los que la instancia más votada se queda con toda la representación, que dificultan a las mujeres competir con los hombres en igualdad de condiciones. Además, a menudo las mujeres tienen menos acceso que los hombres a los recursos necesarios para conseguir una nominación de su partido o presentarse a unas elecciones. Eso incluye un acceso limitado a las redes financieras y de patrocinio político. En los países en desarrollo, la imposibilidad de sufragar incluso modestas tasas de registro de candidaturas puede impedir que las mujeres participen en los procesos electorales.

Por último, la falta de voluntad política exacerba estos retos: mientras las esferas de liderazgo se nieguen a cuestionar el dominio de los hombres en la toma de decisiones, los avances hacia la igualdad de género seguirán siendo lentos.

Cada proceso electoral brinda la oportunidad de estimular la participación de las mujeres e impulsar la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Las siguientes iniciativas pueden contribuir a lograr un cambio duradero:

1. Utilizar medidas especiales, como la legislación de cuotas de género y nombramientos paritarios 

En todo el mundo, la legislación sobre cuotas de género ha demostrado incrementar de forma eficaz la participación de las mujeres. En los países con cuotas parlamentarias obligatorias, las mujeres ocupan en promedio un 26 por ciento de los escaños, en comparación con el 21 por ciento en los países sin cuotas. De igual manera, en los países en los que se han aprobado cuotas para las elecciones locales, la representación de las mujeres ha aumentado siete puntos porcentuales con respecto a los países que carecen de ellas.

No obstante, lo más habitual es que las cuotas no se materialicen en todo su potencial: los objetivos a menudo se quedan por debajo del 50 por ciento y los mecanismos de aplicación son inexistentes o deficientes. Aunque 94 países han establecido cuotas de género para los parlamentos, sólo una quinta parte ha fijado un objetivo del 50 por ciento de representantes mujeres.

1. Poner fin a la violencia contra las mujeres en la política 

La violencia impide a las mujeres ejercer su derecho a participar en la política y la vida pública y repercute en toda la sociedad: socava las instituciones públicas, debilita los resultados políticos y obstaculiza los avances en materia de paz y desarrollo. Los gobiernos deben aprobar y hacer cumplir leyes y políticas para prevenir la violencia durante las elecciones y después de ellas, castigar a quienes cometen agresiones y reforzar el acceso a la justicia y a los servicios necesarios para las víctimas. Para abordar de forma más eficaz la violencia en línea contra las mujeres políticas, los gobiernos deberían recopilar datos sobre ese tipo de acoso y exigir que las empresas propietarias de los medios de comunicación y redes sociales rindan cuentas. 

2. Garantizar la igualdad de trato a las votantes, las candidatas políticas y las administradoras electorales 

Los órganos de gestión electoral y otras partes interesadas deben desarrollar y poner en marcha códigos de conducta y políticas inclusivas que promuevan la no discriminación, la integridad, la transparencia, el alto a la violencia y la resolución de conflictos. Para respaldar el derecho de las mujeres a votar, los gobiernos deben facilitar registros de votantes, garantizar la seguridad en los colegios electorales y proteger a las mujeres frente a la coacción o la intimidación. Involucrar a las mujeres en la administración electoral mejora la inclusividad y la credibilidad de las elecciones y anima a más mujeres a votar. 

3. Apoyar a las mujeres candidatas y una toma de decisiones representativa 

Los gobiernos deben invertir en programas de capacitación para que las mujeres candidatas puedan desarrollar sus habilidades de liderazgo y campaña, así como regular el financiamiento de las campañas para incentivar a los partidos políticos a asignar fondos específicos a las candidatas. Esta estrategia contribuiría a reducir la brecha de financiación y promovería la participación igualitaria en la política. 

4. Fomentar una cobertura mediática justa y transparente de la participación política de las mujeres 

Las leyes sobre la cobertura de prensa de las elecciones son fundamentales para regular los procesos electorales y garantizar la participación pública informada. Esas leyes deberían asegurar una cobertura equilibrada de todas las candidaturas, garantizar el acceso a los medios a todos los partidos políticos, prohibir los discursos de odio y la retórica que incite a la violencia, desincentivar la discriminación y los estereotipos de género y proteger frente a la violencia a las mujeres y a otros grupos infrarrepresentados. Además, debe establecerse un mecanismo de supervisión independiente de estas normas y sanciones en caso de infracción.

[1] Cálculo de ONU Mujeres con base en información proporcionada por las Misiones Permanentes de las Naciones Unidas hasta el 16 de agosto de 2024. En el recuento de las Jefaturas de Estado no se han tomado en cuenta los países con sistemas de gobierno monárquicos.