Un informe del Secretario General de las Naciones Unidas señala que las mujeres hacen frente a un creciente riesgo en los conflictos y están infrarrepresentadas en los procesos de paz.

De los 18 acuerdos de paz logrados en 2022, solo en seis se incorporaron disposiciones específicamente vinculadas a las mujeres, las niñas o las cuestiones de género. Esta cifra es comparable a la de años anteriores, en los que el número de dichas disposiciones variaba entre el 20 % y el 35 %.

Entre esos 18 acuerdos, únicamente el de Sudán del Sur contó con la firma o presencia de una organización local de mujeres. 

En el ámbito local, las mujeres dirigieron eficazmente múltiples negociaciones para garantizar el acceso al agua y la asistencia humanitaria, negociar la liberación de presos políticos y prevenir y resolver conflictos tribales, así como mediar en los alto el fuego locales.

No obstante, en el plano nacional, siguen quedando al margen de las negociaciones clave. Si bien las mujeres participaron en el 80 % de los procesos de paz liderados o coliderados por las Naciones Unidas, la cantidad de mujeres implicadas sigue siendo baja y representa solo alrededor del 16 % del total de participantes, una proporción que ha disminuido durante dos años consecutivos. 

En gran medida, las mujeres han estado ausentes en numerosos procesos de paz y diálogos políticos relacionados con situaciones presentes en la agenda del Consejo de Seguridad, tales como Etiopía, Kosovo¹, el Sudán, Myanmar y Libia. 

Según la estimación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se prevé que para finales de 2023 habrá 117,2 millones de personas apátridas o desplazadas forzosamente.

Estos desplazamientos y conflictos podrían revertir el avance de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, a principios de este año, con el inicio de los enfrentamientos en el Sudán, resurgió la violencia sexual generalizada en Darfur, como reminiscencia del conflicto ocurrido en la región hace veinte años.

Cada vez hay más personas en todo el mundo que viven bajo regímenes autocráticos, consecuencia del declive democrático que ha tenido lugar durante muchos años. La misoginia es un factor común en el aumento del autoritarismo, así como en la expansión del conflicto y el extremismo violento. 

Por ejemplo, en el Afganistán, los talibanes han impuesto más de 50 decretos para restringir los derechos de mujeres y niñas, retrocediendo a la opresión de la década de 1990. 

De acuerdo con una investigación mencionada en el informe, los casos de violencia contra las mujeres en la política en países afectados por conflictos aumentaron en un 50 % entre 2020 y 2022. 

En el último año, el número de personas que requieren asistencia humanitaria ha aumentado un 25 %, un hecho que coincide con la mayor crisis alimentaria mundial registrada en la historia moderna. Este crecimiento en la demanda ha sido principalmente motivado por la existencia de casi 200 conflictos armados y actos de violencia organizada, junto con la crisis climática y los efectos derivados de la pandemia de COVID-19.

Este terrible panorama no es inevitable ni irreversible. La participación de las mujeres en los procesos de paz contribuye a la durabilidad y sostenibilidad de los acuerdos. El informe solicita la obtención de 300 millones de dólares en nuevas promesas de financiación para organizaciones de mujeres en situaciones de crisis en los próximos tres años, y que al menos un tercio de todos los participantes en procesos de mediación y paz sean mujeres. 

Entre otras recomendaciones para los gobiernos y las delegaciones negociadoras, se incluyen:

• Fijar metas ambiciosas para la participación directa de las mujeres en las delegaciones y los equipos de negociación, y su designación como mediadoras principales en los procesos de paz
• Utilizar incentivos y herramientas de rendición de cuentas, como las sanciones, los procesos penales internacionales y las campañas de desinversión, con el fin de fortalecer la protección de las mujeres en los países afectados por conflictos
• Reducir los gastos militares y aumentar la financiación para los esfuerzos de consolidación de la paz liderados por mujeres, los cuales han demostrado sobradamente ser eficaces y sostenibles
• Garantizar que las defensoras de los derechos humanos puedan trabajar de forma segura en sus países de origen o reubicarse según sea necesario

^{1. Esta designación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre el estatuto, y se ajusta a la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad y a la opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.}