Un nuevo informe demuestra que el feminismo puede ser una poderosa herramienta para luchar contra el cambio climático
El cambio climático podría suponer que en 2050 haya 158 millones más de mujeres y niñas en situación de pobreza y que otros 236 millones adicionales se enfrenten a la inseguridad alimentaria. La crisis climática impulsa la proliferación de conflictos y el aumento de las migraciones, así como una retórica política excluyente y antiderechos dirigida contra las mujeres, las personas refugiadas y otros grupos vulnerables.
Estas tendencias nefastas —y las estrategias para revertirlas— son las protagonistas del nuevo informe de ONU Mujeres "Feminist climate justice: A framework for action" (Justicia climática feminista: Un marco para la acción).
El informe muestra que las crisis que se están produciendo en todo el mundo, que engloban desde la desigualdad económica a la paralización geopolítica, se ven amplificadas por el cambio climático y tienen una repercusión desproporcionada en las mujeres y las niñas. Reclama una justicia climática feminista decidida que integre los derechos de las mujeres en la lucha global contra la catástrofe medioambiental.
La ambición de la justicia climática feminista es un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar plenamente de los derechos humanos, sin discriminaciones, y prosperar en un planeta saludable y sostenible. El informe divide esa visión en cuatro erres, o "4R":
Reconocimiento de los derechos, el trabajo y el conocimiento de las mujeres
Las políticas deben reconocer que las mujeres pueden ofrecer una experiencia y un conocimiento únicos —inclusive en el caso de las poblaciones indígenas, rurales y jóvenes— que pueden servir de apoyo a una acción climática eficaz.
Las mujeres y las niñas de todo el mundo han estado en la vanguardia del activismo climático y han empleado diversos métodos para proteger el medio ambiente y oponerse a proyectos extractivos dañinos. Las agricultoras también han formado cooperativas y grupos para compartir la carga de trabajo y mejorar su productividad y sus ingresos.
Las políticas deben basarse en estos éxitos, además de reconocer que las mujeres asumen responsabilidades desproporcionadas en materia de cuidados, disponen de menos recursos económicos que los hombres y tienen un nivel menor de alfabetización y acceso a la tecnología. El cambio climático exacerba estas desigualdades.
El peso que suponen los cuidados familiares no remunerados se agrava cuando el precio de los alimentos se dispara debido a las malas cosechas o cuando las necesidades de atención sanitaria de la familia aumentan en un contexto de subida de las temperaturas. Es más probable que las niñas abandonen la escuela en las zonas propensas a la sequía. Los Gobiernos deben asegurar la incorporación de las necesidades y los derechos de las mujeres y las niñas a las políticas sobre respuesta a los desastres, violencia de género, producción de alimentos, economía, discriminación social y otros ámbitos que convergen con la crisis climática.
Redistribución de los recursos económicos
Según el informe, para revertir el cambio climático será necesario detraer recursos de las actividades extractivas y nocivas para el medio ambiente y dirigirlos a aquéllas que priorizan el cuidado de las personas y del planeta.
Las políticas deben garantizar que la transición a una economía verde contribuye a mejorar el acceso de las mujeres a oportunidades de empleo, a la tierra, a la educación y a la tecnología. Los sistemas públicos de protección social han de servir de apoyo al bienestar económico y social de las mujeres y las niñas y su resiliencia a los cambios climáticos.
Por ejemplo, los programas de alimentación escolar no sólo alivian parte del trabajo de cuidados no remunerado que realizan las mujeres mediante el suministro a las niñas y a los niños de alimentos nutritivos, sino que también pueden impulsar una política climática feminista a través de la compra de esos alimentos a agricultoras que producen a pequeña escala con métodos respetuosos para el medio ambiente.
Representación de la voz y la capacidad de acción de las mujeres
El activismo a favor de los derechos humanos de las mujeres, los grupos feministas y otras agrupaciones que defienden un abordaje del cambio climático sensible al género deben participar en la formulación de políticas ambientales a todos los niveles.
En estos momentos, las mujeres están infrarrepresentadas en los ministerios nacionales de protección medioambiental. Aunque la presencia de mujeres en las delegaciones nacionales asistentes a las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aumentó del 30 al 35 por ciento entre 2012 y 2022, la proporción de delegaciones dirigidas por mujeres retrocedió ligeramente del 21 al 20 por ciento en ese mismo periodo.
El informe recoge el prometedor ejemplo de La Vía Campesina, una organización mundial que representa a más de 200 millones de personas dedicadas a la agricultura, que trabajan en zonas rurales o que forman parte del campesinado. Las mujeres y las personas con identidades de género diversas han establecido dentro de la organización una Asamblea de las Mujeres, que trabaja para garantizar la paridad entre los sexos, aportar un enfoque de género a las demandas del grupo y empoderar a estos colectivos en la toma de decisiones sobre los sistemas alimentarios y el clima en todas las esferas, desde las comunidades locales al Sistema de las Naciones Unidas.
Reparación de las desigualdades y las injusticias históricas
Los compromisos financieros para luchar contra el cambio climático deben centrarse en las personas y los países más expuestos al riesgo. La respuesta a la crisis climática requerirá resolver las desigualdades existentes y las injusticias históricas.
Este principio cristaliza en conceptos como la deuda climática: el hecho de que, desde 1850, los países del Norte Global son responsables del 92 por ciento del exceso de emisiones mundial. Para solucionar este desequilibrio, el informe insta a los países ricos a cumplir sus compromisos de financiación de los programas climáticos y a asegurar que los fondos se destinan a los países más vulnerables y las organizaciones de mujeres de base.
Aunque en la Conferencia de las Partes de 2022 se acordó la creación de un fondo de pérdidas y daños, las contribuciones son voluntarias y no se ha establecido ningún mecanismo para que los países ricos se responsabilicen del daño medioambiental histórico y sus consecuencias, como la pérdida de tierras, viviendas y cosechas debido a fenómenos climatológicos extremos.
Sin embargo, las reparaciones financieras son sólo una de las partes del programa: los países ricos también deben responder a las consecuencias no económicas del cambio climático, como el incremento de la violencia de género y el trabajo de cuidados no remunerado o el desplazamiento de poblaciones que se ven obligadas a abandonar su territorio ancestral, con la consiguiente pérdida de conocimientos y legados culturales.
Próximos pasos
La COP28, que inaugura el Balance Mundial, constituye un hito crucial para que los países rindan cuentas de su acción climática.
En esta Conferencia, al igual que en el resto de los espacios en los que se debaten e implementan políticas climáticas, las esferas de liderazgo y toma de decisiones deben garantizar que sus estrategias medioambientales tienen en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y las niñas de todo el planeta.
ONU Mujeres, en colaboración con las entidades asociadas, desarrollará una nueva herramienta: un sistema de calificación de políticas climáticas e igualdad de género destinado a hacer un seguimiento sistemático en este ámbito y sentar una base sólida para lograr instrumentos inclusivos.
Las recomendaciones del informe sobre justicia climática feminista son solo los primeros pasos hacia la total incorporación de la perspectiva de género en las soluciones frente al calentamiento global. Es esencial que los objetivos feministas sigan formando parte de la respuesta mundial a la crisis climática.
