La pandemia de COVID-19 y la violencia contra la mujer: qué nos revelan los datos

Antes de la pandemia de COVID-19, ya existía otra pandemia que amenazaba la vida y el bienestar de las personas de todo el mundo: la violencia contra la mujer, que afecta como mínimo a una de cada tres mujeres y niñas.

Desde los primeros días de confinamiento como consecuencia de la COVID, las organizaciones de mujeres registraron un aumento significativo en los casos denunciados de violencia de género. Lamentablemente, se dificultó hacer una recopilación exhaustiva de los datos en relación con este tema debido a la sensibilidad, la estigmatización y la vergüenza que existe en torno a este problema, así como a las limitaciones impuestas por la pandemia.

Ahora, un nuevo informe publicado por ONU Mujeres, que agrupa los datos de encuestas recopilados en 13 países de todas las regiones (Kenia, Tailandia, Ucrania, Camerún, Albania, Bangladesh, Colombia, Paraguay, Nigeria, Costa de Marfil, Marruecos, Jordania y Kirguistán), confirma la gravedad del tema.

A continuación, se ofrecen cinco de los principales resultados:

1. Los números varían entre los países y los datos demográficos, pero, en términos generales, la pandemia incrementó los casos de violencia contra las mujeres y afectó su sensación de seguridad.

En los 13 países encuestados, dos de cada tres mujeres admiten que ellas o una mujer que conocen han sufrido violencia en algún momento de su vida. Cerca de una de cada dos mujeres reconoce haber pasado por experiencias directas o indirectas de violencia desde que comenzó la pandemia.

La forma más común de violencia es el abuso verbal (50 %), seguido por el acoso sexual (40 %), el abuso físico (36 %), la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas (35 %) y la privación de acceso a los medios de comunicación (30 %). Un total de siete de cada 10 mujeres encuestadas sostienen que la violencia de género es algo habitual en su comunidad.

La mayoría de las mujeres aseguran que la COVID agravó el problema. Aproximadamente siete de cada 10 mujeres piensan que la violencia doméstica se acentuó durante la pandemia, y tres de cada cinco mujeres consideran que hubo un aumento de los casos de acoso sexual en lugares públicos. En muchos casos, fue imposible cubrir la creciente demanda de alojamiento en refugios y otras formas de ayuda a raíz de las limitaciones operativas.

Para Romela Islam, el abuso que su esposo ejerció sobre ella empezó mucho antes de la COVID-19. Pero no fue hasta diciembre de 2020 que ella y su hija de 4 años pudieron escapar. Islam encontró alojamiento en un refugio para mujeres, y ambas tuvieron que rehacer su vida. Sin embargo, la capacidad reducida de los refugios implica que muchas mujeres no tienen la misma posibilidad.

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Desde que escapó de su matrimonio abusivo, Romela Islam ha podido cumplir su sueño de aprender a conducir.
Desde que escapó de su matrimonio abusivo, Romela Islam ha podido cumplir su sueño de aprender a conducir. Foto: ONU Mujeres

Otras personas siempre me decían cómo vestirme, dónde ir y cómo vivir mi vida. Ahora, sé que estas decisiones dependen de mí. — Romela Islam

2. La violencia de género ha tenido repercusiones significativas en la salud mental de las mujeres durante la pandemia.

Es difícil calcular el efecto psicológico que la COVID-19 ha tenido en las personas. Nos aisló, cambió drásticamente nuestras vidas y nos hizo temer por nuestro bienestar físico. En el caso de las mujeres expuestas al mismo tiempo a la violencia, los efectos emocionales se agravan mucho más.

Las mujeres que afirman sentirse inseguras tanto en el hogar como en público, o que informan haber atravesado experiencias directas o indirectas de violencia, son más propensas a aceptar que la COVID profundizó sus sensaciones de estrés y ansiedad, sobre todo, en los casos de violencia física. Estas mujeres también tienden a reconocer la incapacidad de dejar de preocuparse, así como la falta de interés en hacer cosas.

3. Los factores socioeconómicos también influyen en gran medida en las experiencias de violencia de las mujeres.

Es sabido que el estrés económico contribuye a la violencia contra las mujeres, una tendencia que se mantuvo claramente durante la COVID-19. Un total de cuatro de cada cinco mujeres, cuyos cónyuges no tienen ingresos, admiten que ellas o una mujer que conocen han experimentado una forma de violencia, como mínimo. La inseguridad alimentaria es otro de los factores: las mujeres que afirman que la violencia doméstica es algo muy habitual son más propensas a padecer inseguridad alimentaria, a diferencia de aquellas mujeres que mencionan lo contrario. Lo mismo ocurre con las mujeres que han experimentado o conocen a alguien que ha experimentado violencia en comparación con aquellas que no han pasado por esta situación.

Las funciones económicas de las mujeres dentro del hogar también se ven afectadas. Las cuidadoras a tiempo completo no remuneradas son más proclives a confesar que ellas o una mujer que conocen han sido sobrevivientes de violencia, en comparación con las mujeres empleadas, las mujeres desempleadas y las estudiantes. Por otro lado, obtener ingresos parece reducir las experiencias de violencia: las mujeres con ingresos son menos propensas a percibir la violencia contra las mujeres como un problema y la violencia doméstica como algo habitual. Sin embargo, hay una excepción: las mujeres que ganan más que su cónyuge consideran que la violencia doméstica es algo habitual y se sienten menos seguras en el hogar que quienes tienen menos ingresos.

4. La edad no es un obstáculo cuando se trata de la violencia contra las mujeres.

Si bien muchas encuestas sobre la violencia ejercida contra las mujeres se centran específicamente en las mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años), esta encuesta buscó recabar las respuestas de todas las mujeres mayores de 18 años. Los resultados revelan que la edad no ofrece demasiada protección: las mujeres mayores de 60 años sufren violencia con una frecuencia similar que las mujeres más jóvenes. Más de la mitad de estas mujeres informan que ellas o una mujer que conocen han pasado por alguna forma de violencia.

5. Especialmente en las situaciones de violencia doméstica, las mujeres no suelen buscar ayuda externa.

Cuando se les preguntó a quiénes recurrirían las mujeres sobrevivientes de violencia para pedir ayuda, el 49 % de las encuestadas dijeron que las mujeres buscarían la ayuda de su familia, mientras que sólo el 11 % de ellas respondió que las mujeres acudirían a la policía, y el 10 % de las mujeres afirmaron que se dirigirían a centros de ayuda (refugios, centros de mujeres, etc.).

En el caso de las mujeres que buscan ayuda externa, a menudo este puede ser un momento crucial. Goretti Ondola, una mujer procedente de Kenia, cuyo esposo falleció en 2001, ha sufrido graves abusos por parte de la familia desde su fallecimiento. A fines de 2020, después de haberla golpeado hasta el punto de tener que ser hospitalizada, recurrió a una defensora local de los derechos humanos. Tras iniciar un proceso de resolución de conflictos y, a la vez, presentar el caso ante los tribunales, la defensora de derechos humanos ayudó a conseguir una solución que le otorgó a Ondola su título de propiedad. "Es como comenzar una nueva vida después de 20 años", expresa.

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Goretti Ondola, a la derecha, habla con Caren Omanga del Centro de Justicia Social de Nyando.
Goretti Ondola, a la derecha, habla con Caren Omanga del Centro de Justicia Social de Nyando. Foto: ONU Mujeres / Luke Horswell

A pesar de su persistente incidencia, la violencia contra las mujeres puede evitarse. A continuación, las especialistas de ONU Mujeres ofrecen cinco recomendaciones para tomar medidas al respecto:

1. Poner a las mujeres en el centro del cambio en las políticas, las soluciones y la recuperación.

Es importante que haya una representación equitativa de las mujeres en los equipos de trabajo contra la COVID-19 para garantizar que sus voces, necesidades y derechos se incluyan en los planes de respuesta y recuperación de la pandemia. En todo el mundo, las mujeres representan menos de una cuarta parte (24 %) de quienes integran los equipos de trabajo contra la COVID-19. Los países pueden subsanar esta brecha incorporando a las organizaciones de mujeres en los planes de recuperación y en las soluciones a más largo plazo para la violencia contra las mujeres y las niñas.

2. Proporcionar recursos para poner fin a la violencia contra las mujeres en los planes de respuesta y recuperación de la COVID-19.

Los planes de respuesta y recuperación de la COVID deberían abarcar medidas basadas en pruebas para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas. Tales medidas deben ser holísticas, multisectoriales y estar completamente integradas en las políticas nacionales y locales.

3. Fortalecer los servicios para las mujeres sobrevivientes de violencia, incluso en los casos donde la COVID-19 aumentó las vulnerabilidades y los factores de riesgo existentes.

Deben mantenerse los esfuerzos puestos en práctica durante la pandemia para fortalecer los servicios, entre ellos, los refugios, las líneas de ayuda y los mecanismos de denuncia, la asistencia psicosocial y las respuestas brindadas por la policía y la justicia para acabar con la impunidad. Los Gobiernos nacionales y locales deben salvar las diferencias en estos servicios, de modo que todas las mujeres y las niñas puedan beneficiarse de ellos.

4. Invertir en actividades de prevención a mediano y largo plazo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

Las actividades de prevención deberían abordar las normas de género, las causas profundas y los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres. Las iniciativas de prevención pueden incluir planes de estudio específicos en los sistemas educativos, apoyo económico para las mujeres y los hogares, y campañas de sensibilización y mensajes para ejercer influencia en las normas sociales y modificarlas a través de los medios de comunicación.

5. Recopilar datos desagregados por sexo sobre los efectos de la COVID-19.

Para elaborar mejores políticas, necesitamos contar con datos adecuados. Estos deben comprender los datos desagregados por sexo y edad sobre los efectos a mediano y largo plazo de la violencia contra las mujeres y las niñas. Cuando sea posible, deberían retomarse las encuestas de hogares presenciales, así como fortalecerse los sistemas de datos administrativos para evaluar mejor las necesidades y capacidades de los servicios de respuesta.