Consultas latinoamericanas y caribeñas sobre la CSW57 en San Salvador: declaración de apertura de Lakshmi Puri

Declaración de apertura de Lakshmi Puri, Directora Ejecutiva Adjunta, ONU Mujeres, 11 de febrero de 2013, en San Salvador, El Salvador.

[Cotejar con el texto pronunciado]

Excelentísimo Señor Mauricio Funes Cartagena, Presidente de la República de El Salvador,
Excelentísima Señora Vanda Pignato, Primera Dama de El Salvador, Secretaria de Inclusión Social y Presidenta del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer – ISDEMU,
Excelencias, señoras y señores, colegas, amigas y amigos:

¡Buenos días!

Es un gran honor para mí y un gran placer estar con ustedes aquí hoy en esta hermosa ciudad de San Salvador. Estamos a tres semanas de la reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, así que esta reunión de alto nivel de los países de América Latina y del Caribe no podía haber sido más oportuna. Es momento de unirnos y de llegar a un consenso para que en la CSW se logren resultados progresistas con miras al futuro en materia de eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Estoy encantada de ver tantas/os participantes distinguidas/os aquí presentes. En nombre de nuestra Directora Ejecutiva, Michelle Bachelet, les hago partícipes de la gratitud de ONU Mujeres por su firme colaboración en el esfuerzo conjunto por eliminar la violencia contra las mujeres y por promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Quiero particularmente agradecerle a usted, Señor Presidente, por acogernos aquí hoy y mañana. Su liderazgo y compromiso personal con la promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres ha marcado una enorme diferencia para las mujeres en El Salvador, en la región y en el mundo.

También quiero agradecerle a usted, Señora Vanda Pignato, por su inquebrantable compromiso con su agenda. Ha participado en nuestro Foro de Contrapartes en diciembre en Nueva York y su intervención destacó que es posible hacer progresos en materia de prevención y respuesta a la violencia si hay un compromiso político.

Con el paso de los años he aprendido que el compromiso político es un ingrediente fundamental en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hacer frente a esta lacra debe ser una prioridad para todos los líderes, para todos los Estados y para todas las comunidades. La próxima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer ofrece una plataforma política ideal para hacerlo.

El resultado de la Comisión debe enviar un mensaje firme en el sentido de que todos los países están unidos en la tolerancia cero respecto a la violencia contra las mujeres. ¡Ya basta!

Los países de América Latina y del Caribe han marcado el camino para alcanzar grandes progresos. Hemos visto una increíble movilización en esta región, hemos visto gobiernos y parlamentos que han adoptado claras leyes para prevenir, sancionar y juzgar la violencia contra las mujeres y dar servicio a las sobrevivientes.

En la actualidad, hay 32 países de la región que tienen leyes sobre violencia doméstica y 21 que tienen leyes que se ocupan específicamente de las agresiones sexuales. Hemos visto a muchos países adoptar planes nacionales de acción que constan de un programa de actividades exhaustivo, coherente y sostenido, y hemos visto iniciativas exitosas como los centros integrales de atención y los refugios, los programas para tener un mejor acceso a la justicia, una mejor recopilación de datos y esfuerzos por llegar a las mujeres y niñas más vulnerables y marginadas, a las mujeres con discapacidades y a las mujeres indígenas.

Muchos de estos adelantos han sido resultado de la intensa promoción realizada por los grupos de mujeres y las personas que han puesto a la discriminación de género en sus programas políticos.

Rindo tributo a la sociedad civil por su rol en hacer avanzar los derechos de las mujeres en el continente, y rindo tributo a las personas que han dedicado sus vidas a mejorar la condición de las mujeres en sus países y en el mundo. Algunas de ellas son sobrevivientes de la violencia que han utilizado su trágica experiencia para lograr un cambio positivo, para poner fin a la impunidad y a la injusticia para todas las mujeres. Pienso, por ejemplo, en María da Penha de Brasil, que luchó por la justicia no sólo para sí, sino para todas las brasileñas.

Juntas y juntos debemos poder decir “Ni una más”, porque la mejor manera de prevenir la violencia es deteniéndola antes de que ocurra. La movilización de las y los ciudadanos y de los gobiernos de la región ha contribuido al impresionante marco normativo regional para eliminar la violencia contra las mujeres, plasmado en instrumentos de derechos humanos y en declaraciones políticas.

Las Convención de Belém do Pará establece claramente que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Los mecanismos de seguimiento de la Convención, tanto en lo relativo al examen de los progresos como al manejo de los reclamos individuales y colectivos, representan un marco sólido de rendición de cuentas.

Este marco está complementado por numerosas declaraciones políticas, incluyendo el Consenso de Quito, el Consenso de Brasilia, la Declaración de San José, y la Declaración de 2012 de la Unión de Naciones Sudamericanas. Todos estos documentos piden priorizar políticamente los esfuerzos por poner fin a la violencia contra las mujeres y la promoción de la igualdad de género.

A pesar de todos estos adelantos, la triste realidad de hoy es que no hay un país que esté libre de violencia contra las mujeres y completamente libre de discriminación de género. Esto es cierto para América Latina y El Caribe y para todos los países del mundo.

Nos enfrentamos a una enorme brecha en la implementación, una brecha entre los compromisos y la acción. Un estudio reciente de la Organización Panamericana de la Salud indicó que entre un cuarto y la mitad de las mujeres de América Latina y El Caribe dijeron haber sido víctimas de violencia a manos de un compañero íntimo.

El mismo estudio mostró que grandes cantidades de mujeres de la región han sido víctimas de violencia sexual, en su gran mayoría por parte de hombres de su entorno.

El acceso a la justicia y la impunidad siguen siendo un problema. Por ejemplo, se estima que los niveles de impunidad por casos de feminicidio se sitúan entre el 77 y más del 90 por ciento en algunos países de la región.

Aunque se ha visto mejoras en el suministro de servicios, todavía hay mucho por hacer para que los sistemas sean generales, integrados y garanticen el acceso para todas las mujeres, independientemente de su ubicación geográfica, su etnia o su condición social.

Ahora es el momento de traducir los compromisos en acciones nacionales concretas.

ONU Mujeres trabaja con ustedes para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a vivir libres del miedo a la discriminación y a la violencia en todos los aspectos de sus vidas.

Los abusos sexuales, la violencia doméstica, los matrimonios tempranos, los embarazos no deseados, el feminicidio, la trata de personas y varias otras formas de abuso siguen negándoles a las niñas las oportunidades que les incumben para crearse un futuro mejor. Nosotras y nosotros hemos trabajado arduamente para lograr leyes y políticas que pongan fin a la impunidad y que den acceso a la justicia.

La campaña del Secretario General ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres ha consolidado el apoyo en esta región. Sustentamos la creación de un protocolo para investigar los feminicidios. También apoyamos diversas estrategias de educación y de movilización para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, inclusive a través de la creación de espacios seguros en las escuelas.

Trabajamos con una amplia gama de socios, desde organizaciones de jóvenes a organizaciones religiosas, líderes indígenas, artistas y deportistas. Apoyamos igualmente el programa de Ciudades Seguras en 15 ciudades del mundo para prevenir la violencia en los espacios públicos urbanos, y hemos hecho enormes progresos en la ciudad de Quito.

Pusimos en marcha la Iniciativa “Nos comprometemos para poner fin a la violencia contra las mujeres” que exhorta a las/os Jefas/es de Estado y de Gobierno a anunciar las iniciativas adoptadas para poner fin a la violencia contra las niñas. Hasta el día de hoy, 16 países han asumido compromisos, incluyendo Jamaica y la República Dominicana. Insto a más Gobiernos a comprometerse y a pasar a la acción.

El apoyo que den a la obtención de resultados progresistas en la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer debe ser parte de este compromiso. Las conclusiones acordadas representan el compromiso colectivo de los países de todos los continentes para cerrar las brechas en la implementación. El primer proyecto, difundido el viernes, destaca los principales elementos necesarios para finalmente lograr progresos.

Necesitamos marcos jurídicos y de políticas más fuertes, planes nacionales de acción bien financiados y mecanismos claros de rendición de cuentas. Además, estos marcos deben ocuparse de la prevención y de la respuesta de manera holística. Esto quiere decir que hay que ocuparse de las causas estructurales de la violencia, especialmente de las relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres así como de la discriminación sistémica y estructural.

La promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres representa el elemento central de una estrategia eficaz de prevención. Hay que contar con todo un sistema de políticas y hay que establecer vínculos con otras políticas de género en áreas como el empoderamiento económico, la participación política, la salud pública y la educación.

Hemos constatado progresos en materia de igualdad de género en América Latina y el Caribe. Hay políticas exitosas que han fortalecido la protección social, aumentado la participación de las mujeres en la economía y en la vida pública, y mejorado los resultados en materia de educación y salud. Entre los países de ingresos bajos y medios, América Latina y el Caribe es la región líder en lo relativo a alcanzar la paridad en la educación secundaria y superior, en el acceso equitativo al mercado laboral y en la representación equitativa en los parlamentos.

La erradicación de la violencia contra las mujeres debe formar parte de programas más amplios de promoción de los derechos de las mujeres. Aquí en El Salvador, ese programa general es “Ciudad Mujer” que se dedica no sólo a dar respuesta a la violencia contra las mujeres, sino también a suministrar servicios que empoderen a las mujeres en todos los aspectos de la vida, como los cuidados infantiles, el respaldo financiero, el acceso a los servicios de salud incluyendo la salud sexual y reproductiva, y la promoción y defensa de los derechos de las mujeres.

Este tipo de iniciativa es fundamental para la prevención y para la respuesta. Todos los países deben garantizar el acceso universal a los servicios de múltiples sectores, incluyendo la policía y la justicia, los refugios, la asistencia jurídica, la salud, la asesoría y el apoyo psicosocial, las líneas de emergencia de 24 horas y el apoyo a largo plazo. Esos esfuerzos deben combinarse con iniciativas para cambiar las actitudes, las creencias y los comportamientos que perpetúan los estereotipos de género.

La violencia contra las mujeres sigue siendo un fenómeno psicosocial relacionado con múltiples y diferentes discriminaciones y crímenes. Atender esas discriminaciones es una etapa esencial de los esfuerzos de prevención. Esto también implica que no se puede apelar a las costumbres, a las tradiciones o a las prácticas para justificar ninguna forma de violencia contra las mujeres. Todos somos responsables de dar forma a nuestras culturas de modo tal que se respeten los derechos de las mujeres.

Algunas estrategias específicas de prevención incluyen la movilización comunitaria, las campañas de concientización, la determinación de la función de los medios de comunicación y la promoción de programas educativos, incluyendo de educación sexual.

Hay que hacer participar a los hombres y a los niños, no sólo hablando contra la violencia sino permitiéndoles que cambien las normas sociales y los estereotipos que perpetúan las prácticas discriminatorias y algunos puntos de vista de la masculinidad que no respetan la integridad de las mujeres.

Esto es particularmente cierto de quienes tienen la responsabilidad de responder a la violencia. La policía y las juezas y los jueces, las/os trabajadoras/es de la salud y las/os trabajadoras/es sociales, las/os maestras/os e incluso las/os empleadoras/es tienen que ser sensibilizados en formaciones obligatorias para responder eficazmente y de modo que se respete y proteja a las sobrevivientes.

También hay que contar con medidas y sistemas claros para enjuiciar a los culpables y para suministrar servicios a las sobrevivientes. Además, la prevención y la respuesta tienen que estar centradas en la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo sus derechos reproductivos.

Estoy consciente de las sensibilidades que rodean este tema. Sin embargo, los datos indican que la protección y la promoción de los derechos reproductivos son intrínsecas a la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Aquí en América Latina y El Caribe hemos visto cómo la violencia a manos de un compañero íntimo está ligada a los indicadores de la salud reproductiva.

La prevalencia de la violencia física y sexual a manos de un compañero íntimo es considerablemente mayor entre las mujeres que declararon ser más jóvenes en su primer parto, entre las mujeres que tenían más cantidad de hijos, y entre las mujeres con embarazos no planeados o no deseados. Asimismo, los embarazos no deseados son más comunes entre las mujeres que denuncian ser víctimas de violencia. Otra lacra generalizada es la violencia durante el embarazo.

Los derechos reproductivos incluyen el derecho de las personas a elegir libre y responsablemente la cantidad, el intervalo y el momento de tener hijos, y de disponer de la información y de los medios de hacerlo. También incluyen el derecho a lograr el mejor estándar de salud sexual y reproductiva, así como el derecho a tomar decisiones relativas a la reproducción libres de discriminación, coacción y violencia. Esos derechos no deben ser controvertidos; son un requisito básico para que todas las mujeres puedan vivir dignamente.

Señoras y señores:

Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas no es una opción y debe ser una prioridad. Es imperativo para los derechos humanos, la paz y la seguridad, y el desarrollo sostenible. Es esencial para el crecimiento económico, la salud pública y la cohesión social. Ésta es la razón por la que poner fin a la violencia contra las mujeres debe reflejarse en el marco de desarrollo posterior a 2015.

El Parlamento Latinoamericano adoptó recientemente una resolución en apoyo a un resultado progresista en la reunión de este año de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, apoyo que acogemos con beneplácito. Necesitamos ahora su apoyo y les insto a ser osados y a tener el futuro presente en sus deliberaciones que tendrán lugar dentro de tres semanas en el seno de dicha Comisión.

Ustedes son las/os líderes políticas/os, las/os expertas/os y las/os promotoras/es en la región. Ustedes son las/os defensoras/es. Necesitamos que se movilicen y que movilicen a los demás para mantener y acelerar los adelantos a favor de las mujeres y de todas y todos en general.

Muchas gracias.