Palabras de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet ante el Congreso de la República de Colombia
Fecha:
Palabras de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, ante el Congreso de la República de Colombia, 13 de septiembre de 2012.
[Cotejar con el texto pronunciado]
Honorable Presidente del Senado de la República de Colombia, Senador Roy Barreras Montealegre,
Honorable Presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada,
Señora Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Representante Nancy Denise Castillo
Honorables Senadoras y Representantes miembros de la Bancada de Mujeres de Colombia,
Honorables Senadores y Representantes:
Desde esta plataforma, primero que nada quiero comenzar por agradecer al Gobierno de Colombia el haberme invitado a visitar este país para familiarizarme con las nuevas iniciativas que se han puesto en marcha con respecto a los temas de las mujeres, así como con los avances de la sociedad y los desafíos que ésta enfrenta. Como siempre, la calidez y hospitalidad de los hombres y las mujeres de Colombia me emocionan profundamente.
En esta ocasión, visito el país como Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, la nueva agencia de la ONU dedicada a defender los derechos de las mujeres en todo el mundo. Una de las primeras tareas al asumir mi cargo ha sido viajar a distintas regiones y países del globo para colocar el tema de los derechos de las mujeres entre los principales temas de la agenda. Ha sido también el de lograr compromisos trascendentales con los distintos estados y sus autoridades en áreas de vital importancia para el desarrollo, como lo son el poner fin a la violencia de género, promover el empoderamiento de las mujeres y su participación en la política.
En esta ocasión, mi visita oficial se enmarca en el contexto de la presentación de los Lineamientos de Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, un hecho político de enorme relevancia. Afortunadamente el impulso político para una paz tangible en Colombia hoy presenta el desafío de incluir una perspectiva de género que ayudará a involucrar a las mujeres en el proceso de paz y la reconstrucción de la sociedad.
El Congreso de Colombia ha desempeñado un papel vital en la elaboración del marco legislativo que ayudará al gobierno a definir qué significa la paz. Un ejemplo contundente que me viene a la mente es lo que este congreso ha logrado en menos de un año de debate: aportó términos y condiciones concretos para la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, legislación destinada a reconocer y buscar reparaciones para el sufrimiento históricamente infligido a las mujeres que fueron víctimas del conflicto que asola al país.
Lo que es más, esa labor todavía se encuentra en marcha con la Ley Legislativa de la Corte Marcial, la revisión de la Ley de Justicia y Paz y las posibles reglamentaciones concernientes al Marco Jurídico para la Paz (reglamentaciones que deberían incluir un análisis de los derechos de las mujeres, no sólo desde el punto de vista de las garantías de esos derechos, sino también de la inclusión de dichas garantías en los acuerdos de paz).
Ha existido una cooperación en el pasado entre sociedad civil, la Bancada de Mujeres Colombianas y otras parlamentarias del congreso, con el fin de incluir los derechos de las víctimas mujeres en la Ley 1448. Esto constituye un buen punto de referencia a partir del cual avanzar, de modo que el Congreso mismo pueda establecer el marco jurídico y político para la paz, la paz que Colombia tanto se merece.
Congresistas de Colombia, la paz no podrá convertirse en realidad sin la participación de las mujeres. El pueblo colombiano, sus hombres y mujeres, sus entidades estatales y ustedes mismos pueden contar con ONU Mujeres para asistirlos en este proceso, aportando nuestra experiencia y trabajo realizado sobre el terreno en este país.
En este sentido, uno de los principales desafíos para Colombia ha sido establecer la primera Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, así como todas las herramientas necesarias para su aplicación.
El esfuerzo participativo del Gobierno para este documento en proceso de elaboración -encabezado por la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de Género y el sustancial apoyo de las organizaciones sociales y de base- debe verse reflejado en la asignación de los fondos suficientes para satisfacer las necesidades y enfrentar los desafíos que se identificaron.
Sólo mediante una inversión financiera sustancial, la política puede transformar las duras realidades que viven las mujeres a raíz de la pobreza, el conflicto armado, la violencia y la exclusión de las esferas más altas de la vida pública.
En el contexto actual de debate y aprobación del Presupuesto Nacional para 2013, el Congreso tiene una función fundamental que cumplir para que esta propuesta sea llevada a cabo fructíferamente en el mediano y el largo plazo. Esa función debe transcender el uso de toda influencia política para que la política pública no desaparezca con los vaivenes políticos, la remodelación del gabinete o los cambios de gobierno.
Congresistas de Colombia:
Mi presencia hoy aquí en el Congreso tiene un objetivo específico: el reconocimiento oficial del avance legislativo que ha logrado este cuerpo con respecto a la situación de las mujeres colombianas.
Seguro y constante, el trabajo realizado por la Bancada de Mujeres Colombianas, el liderazgo individual de las Senadoras y Representantes, así como el apoyo estratégico y resuelto de muchos congresistas, dio origen a un marco jurídico que ha permitido reforzar la salvaguarda de los derechos de las mujeres y las jóvenes en Colombia.
La legislación en comento, formulada de acuerdo con la Política Pública para las Mujeres, será el pilar del futuro desarrollo político y económico del país. En menos de dos periodos parlamentarios, este Congreso le ha otorgado a su sociedad la Ley de Medidas Integrales de Protección contra la Violencia de Género, reforzada por la legislación ulterior para eliminar el problema de la violencia doméstica.
Además de lo enunciado, Colombia cuenta con una legislación que reconoce a la economía del cuidado de la salud como parte de sus cuentas nacionales. Existen normas para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres; la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer fue creada por ley; gracias a la reforma política, se aprobó una cuota de representación democrática en las listas electorales de los partidos políticos para quienes compiten por cargos electivos, cuota que entró en vigor durante las últimas elecciones locales.
Por último, pero no menos importante, el Gobierno Nacional decidió la formulación de una política pública para las mujeres a través de su Plan de Desarrollo. La participación política sigue siendo un gran desafío para la mayoría de los países latinoamericanos. Es fundamental comprender la importancia de crear cuotas para las listas de candidatos de los partidos políticos que buscan un cargo electivo, como fue el caso de la Ley 1475 de 2011, donde esa cuota fue incluida por el congreso.
Es importante que el congreso, los partidos políticos y la ciudadanía destinen el tiempo necesario para esta cuota, de modo que su aplicación obtenga los resultados esperados, tanto en las próximas elecciones para el congreso, como en las elecciones locales posteriores.
Como se probó en otros países, una medida de esa índole sirve para que los Estados alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cumplan las disposiciones de la CEDAW en lo que concierne a la democracia participativa.
No debemos perder de vista el hecho de que las cuotas son sólo una medida temporal que puede emplearse para acelerar la participación plena y equitativa de las mujeres en todos los niveles de gobierno y su liderazgo en todos los procesos de toma de decisiones. Este mecanismo temporal también tiene un objetivo fundamental: superar el techo del 30 por ciento para lograr la paridad plena.
El 50 por ciento es el porcentaje real que refleja el nivel de representación necesario para las mujeres, pues ellas conforman la mitad de la población total de Colombia.
Del mismo modo, es fundamental promover los derechos económicos de las mujeres como factor indispensable para superar las desigualdades y la pobreza en Colombia. En este caso, el anteproyecto de la legislación diseñado para reforzar los “motores económicos propuestos por el gobierno merece una mención especial.
En este sentido, el próximo debate del proyecto de la Ley de Desarrollo Rural y la consolidación del derecho a la tierra y los medios de producción para las mujeres de zonas rurales constituye toda una oportunidad.
Un país con una base agrícola sólida como Colombia debería comenzar por reconocer las condiciones de precariedad de las mujeres rurales y trabajar para erradicarlas: pobreza y falta de acceso a los servicios públicos, especialmente de educación y salud. Las mujeres de zonas rurales realizan una enorme contribución a la sociedad en términos de desarrollo rural y seguridad alimentaria.
La misma importancia tienen los desafíos del congreso respecto a la violencia de género, que en su mayoría son problemas complejos enfrentados por el estado al momento de conciliar sus políticas sobre delincuencia con los hechos graves de violencia que se cometen.
Me refiero a hechos concretos como los delitos de violación que se perpetran en el contexto del conflicto armado, el femicidio y el ataque a las mujeres con ácido. Son todos problemas que deben tratarse en el marco de los principios del Estado de Derecho, pues conciernen a asuntos sociales.
Sin embargo, esta tarea descomunal presente en la agenda legislativa del congreso hoy y que requerirá un esfuerzo y atención especiales por parte de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer no puede llevarse adelante de forma aislada. Es claro que debemos utilizar los ‘puentes' ya tendidos para involucrar a la sociedad civil, los sindicatos, el sistema judicial, los medios de comunicación, a las propias mujeres y a todos los aliados sociales, como factores clave de toda discusión y definición de un camino más equitativo para la sociedad colombiana.
Todos esos desafíos que hoy tiene por delante el Congreso de la República de Colombia forman parte de una u otra forma de las prioridades estratégicas que hemos enunciado para ONU Mujeres en todo el mundo. Estas incluyen el empoderamiento económico de las mujeres, el liderazgo y la participación de las mujeres en la política, el fin de la violencia de género, la defensa de los derechos de las mujeres en escenarios de conflicto o post conflicto, así como la inclusión de la igualdad de género en la planificación nacional para el desarrollo de nuestros respectivos países.
Alcanzar estos objetivos es una cuestión de justicia, pero es también una política inteligente para adoptar si lo que se busca es mejorar la calidad de nuestras democracias, la calidad de vida y el bienestar de la sociedad, y la creación de riqueza. La eliminación de las desigualdades de género ayudará a erradicar todas las otras desigualdades.
El empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género no son una política sectorial, sino más bien una política general que debe regir todas las demás políticas y es un punto focal para toda agenda política, independientemente de cualquier ideología.
Enfrentar el desafío de la igualdad de género requiere un amplio consenso entre entidades políticas, una hoja de ruta y un cambio estructural arraigado en la voluntad política y el firme convencimiento de que sin la mitad de la población colombiana, es decir, las mujeres, Colombia no puede progresar como país.
Sabemos que cuantas más mujeres participen en el marco institucional, mayor será la representación, transparencia y rendición de cuentas. Por ese motivo, nuestro mandato debe ser consolidar la democracia, garantizar que los sistemas políticos representen plenamente a los hombres y las mujeres de cada país, que dichos sistemas realmente aborden los problemas de los hombres y las mujeres de cada país, y que todo ello sea hecho de forma participativa.
El debate, las ideas y las acciones deben ocupar el primer plano al momento de manejar nuestros asuntos. En ONU Mujeres hemos decidido avanzar aún más y establecer metas concretas y susceptibles de medición.
Además de las prioridades que mencioné, estamos sometiendo a discusión de nuestra Junta Ejecutiva que cada una de esas prioridades conduzca a resultados tangibles a partir de los cuales podamos evaluar nuestro trabajo en un periodo de seis años. Por ejemplo, para finales de 2017, tenemos como objetivo concreto aumentar en un 30 por ciento la cantidad de representantes mujeres en los parlamentos nacionales y consejos municipales, como mínimo en el 30 por ciento de los países con programas de la ONU.
ONU Mujeres tiene presencia en Colombia desde 2004. Primero como Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y, desde 2010 en adelante, como entidad autónoma del Sistema de las Naciones Unidas denominada ONU Mujeres. Desde entonces, venimos trabajando en el marco del Programa Mujeres, Paz y Seguridad, cuyo objetivo ha sido incluir la perspectiva de género al momento de trabajar en la prevención de conflictos, iniciativas de consolidación de la paz y procesos posteriores a los conflictos, y de definir la agenda de desarrollo en relación directa con la promoción y garantía de los derechos de las mujeres.
El mandato de la Oficina de País de ONU Mujeres en Colombia puede observarse con claridad en el objetivo mencionado anteriormente: en primer lugar, iniciativas de promoción para aumentar las medidas de protección instrumentadas para salvaguardar los derechos de las mujeres víctimas de la violencia social y del conflicto y, en segundo lugar, trabajar a favor de una mayor participación de las mujeres en los esfuerzos para la consolidación de la paz en ámbitos locales, nacionales a internacionales.
Desde comienzos de 2011, la Oficina de ONU Mujeres en Colombia viene redoblando sus esfuerzos en aquellos territorios que registran niveles muy elevados de mujeres víctimas de violencia, pobreza, conflicto y desplazamiento, mediante el desarrollo acuerdos interinstitucionales con otras agencias del Sistema de las Naciones Unidas.
Así, la labor de ONU Mujeres se ha ampliado en las regiones que propician su participación en foros políticos estratégicos, así como la inclusión de los enfoques de género en los procesos de justicia de transición y el sistema judicial.
Hemos venido a dar nuestro respaldo al recientemente creado mecanismo institucional para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Continuamos enfocándonos en la prestación de apoyo técnico para asistir en el desarrollo de la perspectiva de género en la Unidad de Protección, la Unidad de Apoyo a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, así como el Centro de la Memoria Histórica.
Con la mesa redonda sobre Género y Cooperación Internacional en Colombia, en colaboración con el Ministerio del Interior, hemos ideado unas herramientas técnicas para ayudar a las mujeres que desempeñan cargos de toma de decisión, con el fin de garantizar que su participación en la política sea eficiente y eficaz, y así aliente a más mujeres a involucrarse en las esferas más altas del poder.
En la misma línea, hemos trabajado con las congresistas colombianas, más específicamente con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, con miras a garantizar que esta legislatura coloque las cuestiones de género en la agenda e implemente la legislación reconocida internacionalmente, así como a respetar los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades.
Los derechos económicos también son de nuestro interés y en línea con lo anterior, apoyamos estudios como el efectuado por la ex ministra y senadora Cecilia López Montaño, a través de su grupo experto. El estudio apunta a incluir una nueva discusión sobre desarrollo en la arena pública; un debate que hace del principio de igualdad un requisito esencial para el crecimiento económico y social.
Estamos en proceso de reforzar nuestro apoyo al Ministerio de Trabajo de modo de poder introducir la reglamentación efectiva de la Ley de Igualdad Salarial. También estamos acompañando los esfuerzos concernientes al programa para promover condiciones de mayor inclusión para las mujeres en el mercado laboral, así como políticas de igualdad en las empresas.
Por último, quisiera informarles que en lo que atañe a Planificación y Presupuesto, nuestro principal esfuerzo institucional se ha enfocado en estimular la capacitación de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, para promover la formulación participativa de los Lineamientos de Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres.
Honorables Congresistas de Colombia,
Me gustaría concluir con lo expresado al principio: felicitando a este poder legislativo por todo el trabajo y la responsabilidad que ha asumido en relación con los derechos de las mujeres colombianas. En ONU Mujeres deseamos reafirmar nuestra determinación para aumentar el apoyo, para que en los próximos 30 años se alcance un mayor progreso en la lucha contra todas las formas de discriminación contra las mujeres y se llegue a una igualdad real y perdurable.
En momentos como estos cuando la cuestión de la paz está sobre la mesa, la participación plena e igualitaria de las mujeres es garantía de una paz perdurable, una democracia sólida y un desarrollo sostenible.
Muchísimas gracias.