Garantías de justicia para las mujeres de estados en situación de postconflicto

Palabras de apertura de Lakshmi Puri, Vice Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, en el panel de discusión titulado “Garantías de Justicia para las Mujeres de Estados en Situación de Posconflicto, celebrado en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 2 de mayo de 2011.

[Cotejar con la exposición de la oradora.]

Muchas gracias a mis estimados colegas de ACNUDH [la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos], en primer lugar por co-organizar y por presentar y ofrecer las bases y la raison d'etre para este encuentro.

Permítanme además agregar unas palabras a lo que han dicho acerca de los motivos para celebrar hoy este encuentro. Además de lo que ya se mencionó, quisiera señalar que el informe de 2004 [Informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos], al que aludió el Sr. Simonovic, también hacía referencia a las mujeres como una de las categorías que necesitaban especial atención, junto con otras diversas categorías, incluyendo los niños, las minorías, etc. Sin embargo, no se prestó una mayor atención a las mujeres o la necesidad de una perspectiva de género en los sistemas de justicia y el estado de derecho.

Desde entonces, y especialmente en el contexto del informe de 2010 del Secretario General de la ONU sobre la participación de la mujer en la consolidación de la paz, disponemos de un plan de acción de 7 puntos para la consolidación de la paz con una perspectiva de género. Ahora debemos afirmarnos en eso y provocar una convergencia entre la evolución de los sistemas de justicia de transición desde una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de consolidación de la paz, una perspectiva de justicia y, específicamente, una perspectiva de justicia de género. Entonces, de esto se trata este encuentro, de cómo avanzar en esa agenda. Y me gustaría recordar de ese informe algunos principios que pueden orientarnos a medida que avanzamos.

Un principio central es que ustedes deben tener procesos posconflicto y procesos de consolidación de la paz que demuestren sensibilidad de género, tanto por razones de equidad, como de eficacia y sostenibilidad. Si no tenemos sensibilidad de género, no sólo estamos siendo injustos con las mujeres, quienes constituyen en toda sociedad la mitad o más de la mitad de esa sociedad, ssino que además, no estamos garantizando la sostenibilidad del proceso de paz y todas sus dimensiones.

El segundo principio que debemos reconocer es que los tres pilares de la consolidación de la paz, que son la cohesión social, la recuperación económica y la legitimidad política, requieren de la inclusión de la perspectiva de género. Si la inclusión del género no se ve reflejada en estos tres pilares, entonces estos pilares no están instalados.

Luego está este factor tan importante. Recientemente, tuvimos un taller sobre evaluación de necesidades posconflicto, al que asistieron los Coordinadores Residentes de varios países. Uno de los puntos clave planteados fue que a menudo la situación de la igualdad de género y la justicia no era muy propicia antes del estallido del conflicto, pero ésta es una oportunidad de reconstruirla de mejor manera. De modo que ése es el principio que debemos perseguir, el de una mejor reconstrucción. También es una ocasión para la transformación y debemos evitar un regreso a la impunidad y el daño que pueden haber sufrido las mujeres antes y durante un conflicto. Las mujeres deben ser beneficiarias y partícipes. Ya mencionamos que las mujeres como víctimas y defensoras de los procesos de justicia de transición, pero en el sentido positivo, las mujeres también deben ser beneficiarias y partícipes de todo proceso de consolidación de la paz.

Se han dado algunos desarrollos positivos desde 2004, cuando comenzamos este proceso de profundizar, redefinir y desarrollar el trabajo de la ONU en materia de justicia de transición y de darle además una dimensión de sensibilidad de género. Pero también hubo desafíos. Hoy nos gustaría poner de relieve los desafíos específicos referidos al acceso de las mujeres a la justicia posconflicto y recabar de expertos notables y a través del diálogo con los participantes, recomendaciones concretas, tanto para puntos de entrada estratégicos para asegurar el acceso a la justicia, así como para las reformas requeridas en los enfoques actuales.

En la última década se observaron logros sustanciales en los esfuerzos para garantizar justicia para las violaciones sufridas por las mujeres durante los conflictos. Hoy contamos con una arquitectura de justicia internacional que reconoce a la violencia sexual como un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad y un posible acto constitutivo del genocidio. Se han dado casos innovadores ante tribunales nacionales e internacionales que sentaron precedentes en este sentido. Las comisiones de la verdad han ido evolucionando hasta exigir protecciones mínimas para los delitos de género, la representación de las mujeres, menciones específicas a los delitos de violencia sexual en sus mandatos y unidades específicas de género y audiencias públicas de mujeres. Los programas de reparación de algunos países están identificando específicamente a las sobrevivientes de violencia sexual como beneficiarias de prioridad. Ahora contamos con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU dedicadas al tema mujeres, paz y seguridad.

Pese a estos logros importantes, la experiencia de las mujeres durante y después de un conflicto sigue marcada por la inseguridad, la violencia y la impunidad.

Para muchas mujeres, la paz no inaugura un periodo de seguridad ni de justicia. Significa solamente la continuidad de la violencia por otros medios. Para cambiar esta realidad será necesario identificar y aprovechar los puntos de entrada estratégicos para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia. Estos puntos, entre otros, los acuerdos de paz, las instituciones nacionales para los derechos humanos y las reformas institucionales que se ocupan de las bases del conflicto y la desigualdad de género. Además es necesario reconsiderar los supuestos básicos sobre los que hemos erigido la justicia de transición, incluyendo el significado de la justicia, las herramientas que empleamos para garantizar la justicia posconflicto, y las violaciones para las cuales buscamos reparación.

La atención prestada, por ejemplo, a los procesos estatales, como las comisiones y los tribunales de la verdad, omite que, para la vasta mayoría de las mujeres, la rendición de cuentas comienza en la comunidad, donde los autores de los delitos, ex combatientes, las víctimas y las personas desplazadas deben convivir y encontrar un nuevo modus vivendi. Sin embargo, es aquí donde por lo general prevalece la inseguridad, amenazando a las mujeres y a las personas más vulnerables.

En tercer lugar, para transformar los procesos de justicia de transición podría ser necesario reconsiderar el periodo de tiempo para las acciones que estamos tomando. Por ejemplo, una mujer violada por un soldado un día antes de la firma de un acuerdo de paz puede estar cubierta por una comisión de la verdad y un programa de reparación. Sin embargo, esas mujeres que siguen siendo violadas como resultado del legado del conflicto — fácil acceso a las armas, falta de rendición de cuentas o de investigación de antecedentes en los procesos de desmovilización, entre otros factores — pueden quedar al margen de toda forma de justicia.

Entonces, es necesario repensar las violaciones para las que buscamos justicia. Sólo en el pasado reciente se han interpuesto acciones judiciales contra la violencia sexual como un crimen grave contemplado por el derecho internacional. Esto resulta crítico. Pero los delitos por motivos de género que experimentan las mujeres son más amplios que sólo la violencia sexual. Las mujeres son sometidas a la violación de sus derechos sociales, económicos y culturales de manera desproporcionada. La destrucción de la infraestructura civil aumenta la carga que pesa sobre quienes tradicionalmente cuidan de la familia, mientras que el desplazamiento forzoso, además de ser un crimen en sí mismo, aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia sexual.

Luego debemos ver los mecanismos de justicia a los que damos prioridad. Cada año se gastan millones de dólares en apoyo para procesos judiciales internacionales. La justicia penal y las acciones judiciales contra los agresores de manera individual son fundamentales. No se puede edificar un nuevo país sobre la base de la impunidad. Pero el énfasis en la justicia procedimental debe ir acompañado de una igual prioridad en la justicia de reparación, como la mayoría de las medidas de justicia de transición centradas en la víctima. Allí debe estar el equilibrio; como se mencionó, entre el castigo a los culpables y la reparación del daño causado a las víctimas.

Para las mujeres en particular, los programas de reparación pueden ofrecer el reconocimiento de sus derechos en tanto ciudadanas con igualdad ante la ley, una medida de justicia y recursos cruciales para la recuperación. No alcanza solamente con enjuiciar a un puñado de agresores o con pedirles a las mujeres que compartan sus relatos ante una comisión o incluso entregar una compensación individual en forma de reparaciones para alcanzar las metas de sostenibilidad y una cultura de derechos humanos.

Por ultimo, los procesos de la justicia de transición deben ser capaces de cumplir un objetivo clave, que es la garantía de no repetición. Para que esto ocurra, la justicia debe englobar a la justicia de género como una característica central, y las reformas deben abordar la desigualdad y el contexto general de injusticia para garantizar que la violencia no continúe para la mayoría de la población en nuevas formas.

Ahora, unas palabras acerca de lo que está haciendo ONU Mujeres para fomentar el acceso de las mujeres a la justicia posconflicto. Estamos trabajando con ACNUDH — el principal actor del sistema de la ONU en materia de justicia de transición — para establecer normas mínimas de sensibilidad de género en las comisiones de la verdad, los programas de reparación y órganos conexos. También estamos apoyando a la ONU para establecer marcadores y buenas prácticas convencionales mediante su propio apoyo técnico a esas instituciones.

Con ACNUDH, también estamos generando orientaciones para el sistema de la ONU con las que se busca reforzar las reparaciones para los delitos de violencia sexual.

Con el PNUD [Programa de la ONU para el Desarrollo] estamos explorando las relaciones de género entre reparaciones y desarrollo, para promover la justicia y la recuperación económica como parte de los tres pilares de la consolidación de la paz ya mencionados.

Mientras que las reparaciones y el desarrollo son dos derechos diferenciados, es necesario realizar todos los esfuerzos para fortalecer los programas de reparación y garantizar que tengan un impacto tanto sostenible como transformador en la vida de las mujeres. Al involucrar a los profesionales del desarrollo, fomentar las capacidades estatales para efectuar consultas nacionales efectivas, al fortalecer las instituciones necesarias para otorgar reparaciones, así como al vincular estos programas con los programas de desarrollo, los programas de reparación pueden conseguir esas metas.

Con el Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, hemos desarrollado orientaciones para mediadores, con el objeto de garantizar que los delitos de violencia sexual queden integrados en las conversaciones de paz y todos los aspectos de los acuerdos de paz, desde el control del cese del fuego a la justicia, los programas de desmovilización y de reparación.

Estamos apoyando a los grupos de mujeres para que tomen parte en los procesos de paz y procurando que sus demandas, incluyendo aquéllas que tienen que ver con la justicia, sean escuchadas. En particular, estamos impulsando el aumento en el número de mujeres en la mesa de la paz, de modo que el acuerdo final refleje la experiencia de las mujeres y la necesidad de justicia y recuperación.

Ahora quisiera presentar a nuestros panelistas.