Protección para las trabajadoras y los trabajadores migrantes indonesios y sus familias
Millones de indonesias e indonesios que trabajan en el extranjero han logrado al fin, tras un enorme esfuerzo, obtener protección jurídica contra la explotación gracias al trabajo de activistas pioneros.Fecha:
Publicado originalmente en el informe insignia de ONU Mujeres El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020: Familias en un mundo cambiante
Anis Hidayah todavía se encontraba estudiando cuando, una mañana, tomó el periódico y leyó un artículo sobre una mujer local que había dejado a sus hijos pequeños en Indonesia para marcharse a trabajar a miles de kilómetros de distancia, en uno de los países del Golfo Pérsico. Allí había sido explotada, maltratada y violada por su empleador. Cuando regresó a casa, la trataron como una marginada social, y su joven familia fue humillada y repudiada.
“Aquel reportaje encendió algo en mí”, dice Hidayah. “Podría haberse tratado de mi madre, de mi familia. Era solamente una historia, pero hay millones de personas que sufren la misma situación en todo el país”.
Indonesia cuenta con una de las mayores comunidades de trabajadoras y trabajadores migrantes del mundo. Se calcula que en 2016 había 9 millones de indonesios trabajando en el extranjero. La mitad eran mujeres, y la mayoría de ellas trabajaban en la economía informal como trabajadoras domésticas.
Según Hidayah, en Indonesia muchas familias dan por hecho que al menos una persona adulta tendrá que buscar trabajo en otro país, pues creen que es la única forma de obtener ingresos y de asegurar que sus hijas e hijos puedan recibir una educación y disfrutar de oportunidades. En el pueblo donde creció, muchas de las amistades de Hidaya se criaron con sus abuelas y abuelos mientras sus progenitores vivían en el extranjero. “Me di cuenta de que ese también era mi problema y el de mi comunidad”, afirma.
En 2004, Hidayah, junto con un grupo de activistas pro derechos humanos, fundaron Migrant Care, una organización que lucha por mejorar la protección de las trabajadoras y los trabajadores migrantes indonesios. Hoy en día, la organización recibe más de 1000 llamadas cada año de trabajadoras y trabajadores o familias que necesitan ayuda.
“La vida de una trabajadora migrante, sobre todo en lo que se refiere al trabajo doméstico, puede ser insegura desde muchos puntos de vista”, afirma Hidayah. “Estas mujeres son explotadas y obligadas a trabajar demasiadas horas, no tienen acceso a la comida ni pueden descansar adecuadamente y están expuestas a sufrir acoso y agresiones sexuales”.
Durante más de 12 años, Migrant Care luchó para conseguir que la legislación de Indonesia mejorara la protección de quienes trabajan en el extranjero. En 2017, el Gobierno aprobó una nueva ley que, por primera vez, garantizaba algunos derechos básicos a las y los trabajadores que migraran a través de los canales oficiales.
“La nueva ley no es perfecta, pero es una victoria extraordinaria para nosotros”, señala Hidayah. Uno de los objetivos más importantes por los que ha luchado Migrant Care ha sido limitar el poder de las agencias de contratación en el proceso migratorio.
“En el pasado, los agentes de contratación tenían el mandato —que a menudo incumplían— de proporcionar a las y los trabajadores que emigraban y a sus familias información sobre sus derechos”, dice Hidaya. Actualmente esta formación se realiza en los pueblos, explica, y las comunidades se encargan de garantizar la seguridad de los flujos migratorios.
Migrant Care presta asistencia a los pueblos en el proceso, organizando talleres sobre migración segura para quienes que están a punto de trasladarse al extranjero; también les ofrece ayuda con los contratos y les proporciona información sobre sus derechos legales en los países de destino, así como sobre dónde pueden obtener ayuda si tienen algún problema.
La organización también ofrece su apoyo a las localidades para ayudar a los niños y las niñas que se quedan atrás. “Necesitamos saber, por ejemplo, si un niño o una niña deja de ir a la escuela, o si le están maltratando en casa mientras uno de sus progenitores se encuentra en el extranjero”, dice Hidayah. “Estamos ayudando a implementar sistemas que pongan su bienestar en manos de la comunidad, asegurando la inclusión de las familias de las y los trabajadores domésticos en los programas presupuestarios y los planes de desarrollo de las aldeas. De ese modo, la aldea en su conjunto asume una responsabilidad colectiva”.
La visión de Migrant Care no se centra exclusivamente en las comunidades locales. En 2017 también se firmó el Consenso de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) sobre la Promoción y Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, un hito histórico en el que los Gobiernos de 10 países de la región se comprometieron a fortalecer la protección social, el acceso a la justicia y los derechos humanos de millones de trabajadoras y trabajadores migrantes, tanto en los países de origen como en los de destino.
Pese a que esto representa un triunfo para los grupos de la sociedad civil de la región, Hidaya manifiesta que todavía queda una labor urgente por hacer. Una de las prioridades de Migrant Care es luchar por los derechos de los millones de trabajadoras y trabajadores indocumentados —aquellos que migran en busca de un empleo a través de canales extraoficiales—, que están excluidos del citado consenso y que no gozan de reconocimiento ni protección por parte de sus Gobiernos.
El problema es complejo y delicado. Desde 2015, Indonesia ha prohibido a las trabajadoras y los trabajadores informales —incluidos los empleados domésticos— trasladarse a trabajar a 20 países en los que enfrentan altos niveles de abuso y explotación. Y, sin embargo, millones de indonesios —en su mayoría mujeres— continúan viajando ilegalmente como trabajadoras y trabajadores indocumentados con la promesa de un empleo, dejando atrás a sus familias, y con escaso acceso a la justicia en el caso de que les ocurra algo mientras se encuentran en el extranjero.
“Consideramos a las trabajadoras y los trabajadores indocumentados desde la perspectiva de los derechos humanos y laborales, pero esta visión no se refleja en las políticas ni en las leyes de nuestro país o nuestra región”, dice Hidayah. “No obstante, los avances logrados en los últimos años nos llevan a confiar en que realmente podemos trabajar para conseguir un cambio duradero y sostenible”.