Declaración entre organismos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la COVID-19

Fecha: miércoles, 24 de junio de 2020

«He hecho un llamamiento a poner fin a la violencia en todas partes, ya mismo. Pero la violencia no se limita al campo de batalla. Para muchas mujeres y niñas, la mayor amenaza se cierne sobre ellas en el lugar en el que deberían sentirse más seguras: en su casa».

 - António Guterres, Secretario General de la ONU

El Secretario General instó a todos los gobiernos a hacer de la prevención y la reparación de los actos de violencia contra las mujeres y las niñas una parte fundamental de sus planes nacionales de respuesta ante la COVID-19. Hubo 146 Estados miembros y observadores que respondieron a ese llamamiento con una declaración en la que expresaron su firme apoyo. Como sistema de la ONU, seguimos dedicándonos a poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas, y estaremos preparados para apoyar las iniciativas que respondan a ese llamamiento.

La violencia contra las mujeres y las niñas es un problema generalizado en una situación de normalidad. Es consecuencia de unas relaciones de poder desiguales entre ambos sexos y de la discriminación contra las mujeres y las niñas, que se ve exacerbada por los conflictos y las crisis humanitarias, la pobreza, las tensiones económicas y, en ocasiones, el consumo nocivo de alcohol u otras drogas. Algunas de las medidas tomadas para contener la COVID-19, como las restricciones a la libertad de circulación y el hecho de tener que quedarse en casa, han aumentado la exposición de las personas que ya se encuentran en relaciones abusivas. A esto se añade el aumento de cargas y de estrés que provienen de las responsabilidades domésticas y de atender a otras personas, y de la pérdida de medios de subsistencia, que se combinan con un menor número de oportunidades de contacto social con redes informales y formales, además de un acceso limitado a los servicios y al apoyo de la comunidad [1]. Todo ello ha dado lugar a un alarmante aumento de las denuncias por violencia contra las mujeres en las líneas telefónicas de ayuda y otros servicios en algunos lugares, y a la disminución de las denuncias en otros contextos durante la pandemia de la COVID-19.

Es imperativo que se tomen medidas prácticas para garantizar que las víctimas o los sobrevivientes se sientan seguros y reciban el apoyo y los servicios que necesitan ahora. Esto incluye iniciativas proactivas para integrar medidas en todos los planes de preparación y recuperación relacionados con la COVID-19, con el fin de abordar la violencia contra las mujeres y las niñas y garantizar que esas iniciativas cuenten con los recursos adecuados. La triste realidad es que la violencia contra las mujeres suele ocurrir al mismo tiempo que la violencia contra los niños, confluyendo en muchas formas, lo que requiere atención para garantizar que las estrategias de prevención y respuesta sean coherentes y puedan tener un impacto en ambos grupos[2].

En solidaridad con el Secretario General, recalcamos seis áreas esferas críticas de acción:

De manera urgente y flexible, poner fondos a disposición de las organizaciones de derechos de las mujeres y reconocer su papel como primera línea de respuesta

Aumentar los fondos de los presupuestos nacionales e internacionales de ayuda destinados a las organizaciones de derechos de las mujeres que constituyen la primera línea de respuesta durante esta y todas las crisis, también a través de mecanismos como el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer (EVAW, por sus siglas en inglés), como pide el Secretario General de la ONU. Como mecanismo de concesión de subvenciones entre organismos, el Fondo Fiduciario EVAW de la ONU se compromete a atender las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil y de derechos de las mujeres durante esta crisis.

Apoyar a los servicios sanitarios y sociales para que continúen sus obligaciones de atención a las sobrevivientes de violencia contra las mujeres y sigan estando disponibles, en particular para aquellas personas que probablemente queden relegadas

Buscar y facilitar información acerca de los servicios disponibles localmente (p. ej., líneas telefónicas de ayuda, refugios, centros de crisis para casos de violación o atención psicológica) para las sobrevivientes, incluyendo el horario de atención, la información de contacto y si sus servicios se pueden prestar a distancia; así como establecer sistemas de derivaciones, incluyendo los servicios de salud sexual y reproductiva (p. ej., pruebas y tratamientos de VIH y enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar y atención psicológica en casos de violencia de género y prácticas dañinas). Informar al personal sanitario de los riesgos y las consecuencias para la salud de la violencia contra las mujeres y las niñas. Ofrecer asistencia en primera línea y tratamientos médicos para las mujeres y las niñas que revelen haber sido víctimas de violencia. Garantizar la atención continua inmediata después de una violación y que dicha atención esté disponible también a través de servicios de emergencia que trabajen de forma ininterrumpida. Estudiar el uso de la sanidad móvil y la telemedicina para determinar si se puede prestar asistencia de forma segura, escuchando con empatía y sin emitir juicios de valor, de acuerdo con las necesidades, preocupaciones y experiencias de las sobrevivientes.

Garantizar que los servicios para sobrevivientes de violencia contra las mujeres y las niñas se consideren servicios esenciales, que se mantengan abiertos y que cuenten con recursos, y que se pongan a disposición, en particular, de aquellas personas que probablemente queden relegadas

Garantizar que las organizaciones de lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas puedan mantenerse abiertas y sigan prestando servicio a las sobrevivientes y, al mismo tiempo, puedan tomar las medidas apropiadas para proteger a su personal y a sus clientes de la COVID-19. Actualizar la información de los directorios de servicios (también en línea), para asegurarse de que se divulgue ampliamente la información sobre los servicios disponibles, los horarios de atención y los números de contacto. Garantizar la disponibilidad de los servicios, incluyendo la atención psicológica y otros servicios de apoyo psicosocial, y equipar a los servicios de especialistas con equipos de protección individual y suministros y directrices relacionados con la prevención de la COVID-19. Integrar una expansión de servicios de especialistas en los planes de recuperación para responder al aumento previsto de las personas que pidan ayuda después de los confinamientos. Garantizar que los refugios y otros alojamientos seguros (p. ej., hoteles, sistemas de alquileres privados o instalaciones públicas sin utilizar) estén protegidos y disponibles, para permitir que las mujeres y las adolescentes puedan llevar a sus hijos, con servicios que puedan adaptarse para cubrir sus necesidades.

Dar prioridad a la respuesta policial y judicial

Ordenar a los sistemas policiales y judiciales que respondan de inmediato a los casos de violencia contra las mujeres y los niños, con medidas específicas de advertencia y penalización en caso de que no se respeten las normas. Garantizar la continuidad de los procesos judiciales y permitir la petición de medidas de protección (también para los niños) a través de modalidades a distancia y electrónicas. Sacar a los autores de los delitos de la vivienda (cuando se pueda garantizar la seguridad) y ampliar y ejecutar órdenes de protección y de alejamiento. Apoyar a las víctimas en la planificación de su seguridad a partir de evaluaciones de riesgos. Evaluar y abordar los riesgos para la seguridad en relación con la liberación y la concesión de libertad bajo fianza y de libertad condicional, e informar a las víctimas cuando se libere a los autores de los delitos.

Aplicar medidas de prevención

Reducir el riesgo de que se produzcan casos de violencia aplicando medidas como las siguientes: prestar apoyo económico y material a las mujeres y las familias con transferencias en metálico, préstamos, redes sociales de seguridad y otras modalidades; fomentar los mecanismos de defensa saludables y la transmisión de mensajes positivos sobre la igualdad de género y las masculinidades saludables mediante anuncios de servicios públicos, aprendizaje a distancia, comunicación en el lugar de trabajo y en los medios de comunicación; apoyar el acceso a los servicios de salud mental; restringir la venta de alcohol; y definir oportunidades de desafiar los estereotipos y los roles sexuales, así como las normas sociales relacionadas con el género y la violencia, al mismo tiempo que se fomenta la conducta prosocial y equitativa. Incorporar a los principales interesados a la programación, incluyendo las mujeres y las niñas, los hombres y los niños, y los líderes religiosos. Invertir en estrategias de aplicación a medio y largo plazo para abordar las causas subyacentes de la desigualdad de género, así como en estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres y los niños, mediante la implementación de las estrategias definidas en RESPECT Women: Preventing Violence against Women Framework [Respetar a las mujeres: Marco de prevención de la violencia contra la mujer] e INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños.

Recopilar datos únicamente si son absolutamente necesarios y que se utilizarán para mejorar los servicios y programas, y se puedan cumplir las normas éticas y de seguridad

No dar prioridad a la recopilación de datos sobre violencia en menoscabo de la seguridad, la privacidad y la confidencialidad de las mujeres y las niñas, o cuando no se puedan hacer derivaciones a los servicios de apoyo. Recopilar datos únicamente si están claros los objetivos y la justificación de dicha recopilación de datos, y si no hay riesgo de causar algún perjuicio. Apoyar a las instituciones que prestan servicios esenciales (incluidos los servicios sanitarios, policiales, de asistencia jurídica, fiscales y judiciales) en la recopilación y el análisis de datos anonimizados con el fin de mejorar la prestación de los servicios y formular e implementar políticas basadas en la evidencia y que tengan perspectiva de género. Garantizar que se dé prioridad a los servicios, independientemente de la disponibilidad de datos teniendo en cuenta la necesidad claramente establecida. 

  • Como instituciones de las Naciones Unidas que trabajamos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas:
  • Continuaremos abogando y apoyando a los gobiernos en la implementación de estrategias de aplicación eficaces para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas y responder a ella.
  • Trabajaremos con colaboradores para aportar orientación basada en la evidencia que sirva de base para los planes nacionales de respuesta y recuperación.
  • Fomentaremos la financiación de las organizaciones de derechos de las mujeres que trabajan en primera línea por medio del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer.
  • Nos esforzaremos por garantizar que los planes de mitigación y respuesta contra la COVID-19 incorporen actividades de prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas.
  • Seguiremos documentando y compartiendo soluciones innovadoras para los retos singulares que plantea la COVID-19.

En los últimos años, la comunidad internacional ha avanzado notablemente hacia la eliminación de las mujeres y las niñas. Durante estos difíciles momentos, debemos, más que nunca, permanecer atentos y firmes en nuestros esfuerzos por garantizar una trayectoria positiva y evitar la regresión de las mejoras tan difícilmente conseguidas.