Desde mi perspectiva: “El hecho de que la violencia doméstica no constituya un delito penal en Kazajstán está perjudicando a las mujeres durante la crisis del COVID-19”
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Dina Smailova, una conocida activista de Kazajstán, habló hace poco con ONU Mujeres sobre el aumento de los casos comunicados de violencia doméstica desde la introducción de medidas de cuarentena para detener la propagación del COVID-19. Con el confinamiento de 4000 millones de personas de todo el mundo en sus hogares, muchas mujeres se quedan aisladas con su maltratador, sin poder acceder a recursos que salvan vidas y a los sistemas de asistencia. En algunos países, las líneas telefónicas de ayuda registraron un aumento en las llamadas de más del 30 %.
En Kazajstán, ya se han notificado más de 650 casos de coronavirus y seis muertes. La situación es complicada y las mujeres están a la vanguardia de esta lucha: trabajan en farmacias, tiendas y hospitales y están en contacto constante con el público, de modo que exponen a sus familias y a sí mismas a un riesgo elevado de infección.
Antes de la cuarentena, nuestra línea telefónica de ayuda recibía sobre todo llamadas de sobrevivientes de violencia sexual. También nos llamaban por casos de violencia doméstica, pero en menor medida. En la primera semana de cuarentena, por primera vez en los últimos años, las llamadas se redujeron. Sin embargo, al cabo de una semana, comenzamos a recibir entre 10 y 15 llamadas por día, casi todas de mujeres que sufrían violencia doméstica.
Estamos pasando por una situación difícil. Anteriormente, cuando asesorábamos a las sobrevivientes de violencia doméstica, las instábamos a denunciar el caso a la policía y la mayoría de las mujeres seguían nuestras recomendaciones. Sin embargo, ahora, sólo dos de cada 10 mujeres presentarían una denuncia ante la policía. Las mujeres no se deciden a presentar una denuncia a la policía, porque viven aisladas y, a veces, en familias numerosas, con la madre y el padre de su esposo y otros parientes en una sola casa. Además, saben que la policía arrestaría al agresor durante apenas tres horas y después este regresaría a su hogar [porque en Kazajstán la violencia doméstica no se considera un delito].
Durante la cuarentena, los tribunales no funcionan, no se admiten denuncias, los maltratadores no están aislados y las mujeres tienen que seguir viviendo con sus maltratadores. Se han suspendido varios casos en los tribunales. Uno de ellos era un caso de violación, para el cual se habrían celebrado audiencias. Sin embargo, ahora se ha pospuesto hasta el final de la cuarentena. El aplazamiento o retraso de estos casos siempre entraña riesgos, porque durante este intervalo puede pasar cualquier cosa: el acusado puede ofrecer un soborno, los documentos pueden perderse...
Mientras tanto, las personas que incumplen la cuarentena son detenidas de inmediato y por un período de 10-15 días. En consecuencia, recientemente presenté a nuestro presidente una petición para que se fortalecieran las sanciones para los agresores durante la cuarentena.
Otro ejemplo es el de la famosa esgrimista kazaja Tamila Muridova. Durante dos años, Tamila sufrió violencia doméstica a manos de su pareja sentimental, que también es atleta. Trató de separarse muchas veces, pero su compañero la perseguía constantemente. Después de la última paliza y violación, una amiga de ella presentó una denuncia a la policía. En la actualidad, debido a la cuarentena del COVID-19, el caso se está retrasando y el agresor está libre.
El hecho de que la violencia doméstica no constituya un delito penal en Kazajstán está perjudicando a las mujeres durante la crisis del COVID-19. Lo que de verdad cambiaría las cosas sería que, por ejemplo, el incumplimiento de una orden de protección por parte del agresor se tipificara como delito penal con una pena más larga”.
Dina Smailova es conocida en Kazajstán por su inquebrantable defensa de la justicia para las personas sobrevivientes de la violencia sexual. Lidera el movimiento NeMolchi (No te quedes callada), que inició un diálogo público sobre la violencia sexual y brinda asistencia jurídica gratuita a las sobrevivientes. En los últimos dos años, NeMolchi aceptó más de 120 casos, 47 de los cuales derivaron en condenas por violación. Su equipo también contribuyó a endurecer la ley sobre violencia sexual, que entró en vigor el 11 de enero de 2020. Desde la introducción de las medidas de cuarentena por el COVID-19 en Kazajstán, Smailova ha sido testigo de un aumento alarmante de los casos de violencia doméstica. Obtenga más información sobre la pandemia en la sombra de la violencia contra las mujeres y las niñas, que se intensifica durante la crisis del COVID-19, y qué puede hacer para ayudar.