Ayudar a madres a reunirse con sus hijas e hijos separados por el confinamiento de COVID-19 en Gaza

El confinamiento en Palestina, resultado del COVID-19, ha dejado a muchas mujeres sin respaldo legal que garantice los derechos de visitas y custodia. Sus exparejas han aprovechado la parálisis jurídica para evitar que las madres vean a sus hijas e hijos o dejar de pagarles la pensión. Un programa conjunto de ONU Mujeres, PNUD y UNICEF ha formado a profesionales de la abogacía y ha proporcionado asistencia jurídica gratuita a 371 mujeres palestinas.

Fecha: lunes, 13 de julio de 2020

Marima* se encontraba desesperada después de que su marido la abandonara con dos hijas pequeñas (de 1,5 y 3 años), dejándolas sin ningún sustento económico.

«No podía permitirme comprarles ni pañales ni leche», recuerda. «Denuncié ante su familia el comportamiento de su hijo y la forma de dejarnos y les pedí ayuda para mis hijas. Mi suegra se enfadó muchísimo y me obligó a irme de su casa sin ellas. Me fui pensando que las recuperaría al día siguiente porque eran muy pequeñas y me necesitaban. Pero no fue así».

Marima intentó recuperar a sus hijas, pero no podía pagar los servicios de defensa jurídica y no tenía nadie a quien acudir.

Como en el resto de Palestina, el derecho de familia en Gaza se basa en la ley de familia islámica, que regula el matrimonio, el divorcio, la custodia y los derechos de pensión musulmanes. No obstante, la situación económica es grave y pocas mujeres pueden permitirse los servicios de defensa jurídica para solicitar la custodia o la pensión.

Entonces, unas mujeres le hablaron del Palestinian Center for Human Rights (PCHR), que les había facilitado asistencia jurídica gratuita. Marima llevaba tres meses sin ver a sus hijas cuando visitó este centro por primera vez. Después de escuchar su historia, los servicios de defensa jurídica del centro solicitaron la custodia en su nombre y el tribunal falló a su favor.

«Me emocionaba saber que me reuniría con mis hijas después de tanto tiempo», recuerda. «Pero entonces, debido a las medidas por el coronavirus, las instituciones públicas —incluidos el Tribunal de la Sharía y la policía judicial— cerraron y la decisión no se implementó».

Cuando la Franja de Gaza se cerró en marzo de 2020 para limitar la propagación del coronavirus en una de las zonas con mayor densidad de población del mundo, la paralización de los tribunales dejó a muchas mujeres sin un respaldo legal que les permitiera ver a sus hijas e hijos. Muchos exmaridos aprovecharon la parálisis jurídica para evitar que las madres vieran a sus hijas e hijos o dejar de pagarles la pensión.

Marima se sintió desesperada una vez más. En ausencia de los tribunales, la persona encargada de su asesoramiento jurídico activó la red de relaciones públicas del PCHR, y habló con la policía judicial y su familia política para resolver la situación de manera amistosa.

«Por suerte, gracias a las denuncias del PCHR y otras organizaciones sin ánimo de lucro [que defendían] que los casos urgentes como el mío no podían esperar hasta el desconfinamiento, el tribunal decidió reanudar los casos urgentes como el mío», declara Marima. «Me alegré mucho al reunirme al fin con mis hijas después de tres meses de separación».

A continuación, se procedió a solicitar la pensión. Puesto que su marido se había ido a Turquía, solicitaron el apoyo del «Fondo público de pensiones alimenticias» hasta su regreso.

PCHR trainee lawyer Haya Al Wehaidi filing a request for her client to be granted   custody of her minor children at a Sharia court in Gaza Photo: PCHR
Haya Al Wehaidi, abogada en prácticas del PCHR, presentando una solicitud de custodia en nombre de su clienta en un tribunal de la sharía en Gaza. Fotografía: PCHR

El PCHR trabaja en un programa conjunto con ONU Mujeres, PNUD y UNICEF denominado «Promoting the Rule of Law in Palestine (SAWASYA II)» (Promoción del estado de derecho en Palestina [SAWASYA II]) [no disponible en español]. El programa —financiado por los gobiernos de Países Bajos, Suecia y España— proporciona formación para jóvenes profesionales de la abogacía sobre la ley familiar islámica con el objetivo de que puedan representar legalmente a las mujeres palestinas más vulnerables en los tribunales. Desde que comenzó su asociación con ONU Mujeres en julio de 2019, el PCHR ha formado a 29 profesionales de la abogacía y prestado asistencia jurídica gratuita, incluidos el asesoramiento y la representación, a 371 mujeres palestinas. Desde que se comenzaron a aplicar las medidas para combatir el COVID-19 en marzo de 2020, el centro prestó representación y asesoramiento legal a más de 150 mujeres por teléfono, hasta que se permitieron las reuniones físicas.

Mona Al-Shawa, Directora de la Unidad de Mujeres del PCHR, explica que la difícil situación económica de Gaza impide a muchas mujeres acceder a la justicia y a los derechos de custodia y pensión. «La mayoría de las mujeres que acuden al centro no pueden permitirse ni el transporte. Los casos más urgentes eran los de pensión alimenticia», añade Al-Shawa. «Los demás casos tenían que ver con los derechos de visita y custodia».

En caso de divorcio o separación, las mujeres tienen derecho a ver a sus hijas e hijos durante un tiempo limitado si el padre tiene derechos de custodia.

PCHR trainee lawyer Bissan El-ledawi files an alimony case on behalf of a divorced beneficiary in Gaza. Divorced women in the Gaza Strip are particularly vulnerable and often face stigma and financial instability and risk losing custody of their children. Photo: PCHR
Bissan El-ledawi, profesional de la abogacía en prácticas del PCHR, solicita una pensión en nombre de una persona beneficiaria divorciada en Gaza. Las mujeres divorciadas de la Franja de Gaza son especialmente vulnerables y a menudo sufren el estigma y la inestabilidad económica, lo que pone en riesgo la custodia de sus hijas e hijos. Fotografía: PCHR

Amina* es una madre divorciada con dos adolescentes de 12 y 13 años que viven con su padre. Por ley, tiene derecho a que pasen 24 horas en su casa dos veces al mes y a que la vean fuera de casa una vez a la semana durante tres horas.

«Aunque es muy poco, es más tiempo del que quería darme mi exmarido. No quería que me vieran nunca. Siempre encontraba excusas para impedir que vinieran a verme», denuncia. «Cuando la crisis del coronavirus comenzó y se propagó en Gaza, lo usó como pretexto para evitar que me visitaran».

Entonces, su marido interpuso una demanda para anular sus derechos de visita, pero ella acudió a los tribunales, representada por el PCHR, y el tribunal falló a su favor.

«Antes estaba asustada de mi marido. Ahora es él quien tiene miedo de mí», afirma con seguridad. «Sabe que me siento segura y que tengo la ley de mi parte. Sabe que tengo el respaldo de profesionales de la abogacía y que estoy lista para volver a denunciarlo si intenta incumplir mis derechos de visita».

«Hemos visto cómo el COVID-19 ha afectado negativamente a las mujeres palestinas de numerosas maneras, incluso a sus derechos de custodia», explica Maryse Guimond, Representante Especial de ONU Mujeres para Palestina. «En tiempos de crisis, no se deben escatimar esfuerzos para ayudar a las mujeres a acceder a la justicia y reclamar sus derechos».

*Los nombres se han modificado para proteger la identidad de las mujeres.