El feminicidio en América Latina: la construcción de un protocolo regional para asegurar la justicia

Fecha : 04 April 2013

Este grafiti, garabateado en una pared en la ciudad de México es simbólico de la creciente sensibilización y protesta pública en contra de los asesinatos por motivos de género. Foto: Denis Bocquet

“Cada vez que aparecía el cuerpo de una mujer sin vida, eran más de cuatro familias las que acudían a revisar si no era su ser querido – el problema era mucho más grande de lo que sabíamos”, recuerda Silvia Juárez, coordinadora del Programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

Apoyada por ONU Mujeres, ORMUSA es una de las organizaciones de la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres en El Salvador que abogó para hacer realidad la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012. La ley contempla medidas concretas para identificar y prevenir la violencia, incluido el delito de feminicidio (o femicidio), y establece medidas de protección y asistencia a las sobrevivientes y las familias de las víctimas.

El feminicidio es un crimen relacionado con la muerte violenta e intencional de una mujer, pero muchos Estados no definen este delito específicamente en sus códigos penales. Como resultado, las estadísticas son difíciles de conseguir.

Según un informe de 2012 por la organización Small Arms Survey, más de la mitad de los 25 países con mayor incidencia de casos de feminicidio están en la región de América Latina y el Caribe. [1] Citando el mismo informe en el evento paralelo sobre “los asesinatos de mujeres por razones de género, incluido los feminicidios” el 8 de marzo durante la 57ª sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW57), la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, indicó que en 2011, 647 mujeres perdieron la vida en El Salvador, 375 en Guatemala, y el feminicidio representa la segunda causa de muerte entre mujeres de edad reproductiva en Honduras. Agregó que la tasa de impunidad para crímenes de feminicidio se estima en 77 por ciento en El Salvador y Honduras.

De hecho, El Salvador es el país donde se registra la tasa de homicidios de mujeres más alta del mundo , pero con esta legislación que también prohíbe el feminicidio, el país se ha posicionado entre los más recientes en enfrentar este tipo de violencia en Centroamérica – que incluyen México, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

La abogada Silvia Juárez es miembro de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), una de las ONG que presionaron al Gobierno y ayudó a dar forma a la ley contra el feminicidio en El Salvador.
La abogada Silvia Juárez es miembro de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), una de las ONG que presionaron al Gobierno y ayudó a dar forma a la ley contra el feminicidio en El Salvador. Foto cortesia de Silvia Juárez.

“Para desarrollar la legislación en El Salvador, la experiencia mexicana sirvió como impulso. Fue en los casos de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez [en México] donde se comenzó a utilizar el término feminicidio,” explica Silvia.

“A partir de la experiencia práctica en Guatemala, en El Salvador construimos un tipo penal basado en el odio como motivación. Además se desarrollaron diversas reuniones de parlamentarias de Guatemala y El Salvador donde compartieron experiencias, incluyendo cómo negociar con los patriarcas al interior de sus propios partidos”.

De 34 años de edad y abogada de profesión, Silvia comenzó a ejercer profesionalmente dando asesoría legal a mujeres sobre derechos laborales y violencia intrafamiliar.

Ella trabajó con muchos otros para abordar el tema y habla de su motivación. “Durante el acompañamiento que daba a las mujeres me di cuenta que en El Salvador había un importante avance en legislación sobre violencia, sin embargo esta tenía un enfoque familista [enmarca la violencia de género como violencia intrafamiliar], que no garantizaba el acceso real de las mujeres a la justicia”, explica Silvia.

En 2012, el Fiscal General de El Salvador aprobó un Protocolo de actuación para la investigación del delito de feminicidio, elaborado por la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para América Central y basado en normativa nacional y estándares internacionales de derechos humanos, tanto del sistema de protección de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.

A nivel regional, ONU Mujeres y el ACNUDH, en conjunto con la Federación Española de Derechos Humanos, la Universidad Carlos III y la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, están trabajando hacia la adopción regional de un “Protocolo de Investigación de muertes por razones de género: Femicidio/Feminicidio” para contar con una herramienta que ayude a luchar contra la violencia contra la mujer.

Una vez establecido, este protocolo proporcionará directrices e instrumentos para la investigación exacta de estos crímenes, incluso en la colección de evidencia y en su enjuiciamiento criminal, para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia.

“En América Latina hemos creado iniciativas para erradicar la impunidad a través de reformas jurídicas que tipifican al feminicidio como un delito específico,” explico la entonces Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, en su discurso durante el evento paralelo sobre femicidio. “En Guatemala, por ejemplo, ello llevó a la creación de unidades de fiscales y tribunales especializados. En El Salvador y en Nicaragua hay ahora políticas y procedimientos que se ocupan de los feminicidios, para dar sólo algunos ejemplos.”

Angela Amelia León, jueza de sentencia en una corte penal especial en Chiquimila, Guatemala asegura que estos tribunales especializados buscan evitar la revictimisación. “Se usan medios científicos, utilizamos el anticipo de pruebas, biombos, video conferencias.

Somos muy cuidadosas en cuanto a evitar que se use un lenguaje discriminativo en las audiencias por parte de los sujetos procesales, de los testigos, o cualquier persona que pueda estar presente en el proceso,” dijo la jueza, que participó en una discusión regional de expertas y expertos sobre el femicidio en junio de 2012, organizada por ONU Mujeres y ACNUDH en el marco de las actividades la Campaña del Secretario General ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres.

Ver video del encuentro regional: http://www.youtube.com/watch?v=SabW_vQ3wyg

En El Salvador, es evidente para Silvia que se registran avances con la ley contra el feminicidio: “existen ya en la policía unidades especializadas para atender casos de violencia contra las mujeres y dar atención a las víctimas en espacios dedicados.[2] Hay un interés por revisar los reglamentos internos de las instituciones públicas, de segregar los datos y en junio de 2012 se logró la primera condena por feminicidio. Sin embargo, el tema presupuestario sigue siendo una deuda pendiente y aún encontramos desconocimiento sobre la existencia de la ley y resistencia para aplicarla… una vez aprobada la ley el trabajo no terminó”.

La necesidad de proseguir los esfuerzos para enfrentar el feminicidio, incluso después de que leyes hayan sido adoptadas también se abordó específicamente en las históricas conclusiones convenidas el 15 de marzo en la CSW57.

La Comisión instó a los gobiernos a: fortalecer su legislación nacional para castigar los asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género, integrar mecanismos o políticas específicas para prevenir, investigar y erradicar el feminicidio, y acabar con la impunidad afín de garantizar la rendición de cuentas y el castigo de los autores de esos crímenes bajo el derecho o la justicia nacional o internacional.

Enlaces relacionados:


[1] http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2012.html

[2] http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-14.pdf