La defensa de intereses y las leyes combaten la trata de personas en los Estados árabes

Fue una simple oferta laboral en el periódico local lo que llevó a Rosita* a Jordania. Trabaje como chef por 400 dólares con alojamiento y comida gratis incluidos, prometía el anuncio.

“Me enviaron una invitación de una agencia de selección de personal de Jordania para que pudiera obtener el visado”, recuerda. “[El hombre que me entrevistó] me dijo que tendría una habitación individual con televisión y teléfono para poder estar en contacto con mi familia”.

Foto: UNICEF/Shehzad Noorani

Los incentivos eran demasiado atractivos como para resistirse.

Cuando Rosita subió al avión que la llevaría desde su hogar en Guatemala, la embargó toda una oleada de emociones. Conoció a otras 15 mujeres que habían recibido ofertas similares, con las cuales conversó animadamente acerca de la oportunidad que les esperaba en Jordania.

Al llegar, el optimismo que tenían se transformó en miedo.

“Nos llevaron del aeropuerto a un piso”, dijo Rosita. “Nos encerraron sin comida ni agua ni luz”.

Sin saberlo, habían caído en las redes de la trata de personas, un problema generalizado en la región de los Estados árabes. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) estima que un 70 por ciento del total de víctimas de trata a escala mundial son mujeres y niñas.

A diferencia de muchas otras víctimas en situaciones similares, Rosita y sus amigas lograron escapar y hallar abrigo en un refugio de Jordania. Los trabajadores del lugar las ayudaron a recuperar sus pasaportes, robados por los traficantes, y así volver a Guatemala.

El funcionamiento de este refugio está a cargo de la Unión de Mujeres Jordanas (JWU, por sus siglas en inglés). Entre 2011 y 2013, en colaboración con el Centro Egipcio de Asistencia a las Mujeres y la Union de l’Action Feminine de Marruecos, esta organización llevó a cabo un programa de tres años contra la trata de personas que abarcó tres países.

Con el objeto de disminuir la vulnerabilidad de las mujeres al tráfico de personas, el programa recibió casi 1 millón de dólares en financiamiento por parte del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer. Mediante el trabajo conjunto de gobiernos, ONG y abogadas y abogados, se logró que varios países adoptaran leyes contra la trata o bien medidas más efectivas para su aplicación; se crearon servicios sobre la base de derechos destinados a empoderar a las sobrevivientes; y se generó conciencia sobre el tema mediante la realización de campañas y la creación de redes.

En el frente legal, diferentes expertas y expertos presentaron conceptos y definiciones de tráfico —en consonancia con el Protocolo de la ONU para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños—, que posteriormente fueron analizados y finalmente adoptados por las aliadas y los aliados del proyecto, y que sirvieron de base para la redacción de leyes modelo contra la trata (una regional y tres nacionales).

“Algunos miembros creían que les hacíamos perder el tiempo cuando abríamos el debate acerca de las definiciones y la terminología una y otra vez”, afirmó Nadia Shamroukh, Coordinadora Regional del proyecto. “No habríamos avanzado ni un paso en el proyecto si antes no hubiésemos alcanzado un consenso”.

Dado que el tráfico es, por naturaleza, una actividad transfronteriza, se creó un comité legal regional integrado por abogadas y abogados, juezas y jueces, y expertas y expertos en legislación internacional sobre derechos humanos procedentes de diversos Estados árabes. Se realizaron varios encuentros regionales para redactar una ley modelo, centrando la atención en la protección, la criminalización, el castigo a los perpetradores, y la recuperación y repatriación de las y los sobrevivientes. El proceso de redacción y revisión de leyes nacionales comenzó después de acordarse el modelo regional en diciembre de 2013.

Los tres países tenían marcos jurídicos diferentes. En Jordania existía una ley contra la trata, pero carecía de implementación. Diez parlamentarios respaldaron la presentación de la ley modelo ante el Parlamento, pero su adopción sigue pendiente. Aun así, tras la realización de diversas capacitaciones con el sistema legal, se ha observado un aumento en la cantidad de derivaciones entre la Unión de Mujeres Jordanas y la unidad antitrata y, según los informes de distintos aliados, ha mejorado el nivel de aplicación de la ley ya existente.

Egipto disponía de un borrador de un proyecto de ley que el Parlamento todavía no había adoptado. Sin embargo, a causa de diversos factores políticos, el Parlamento aún no ha sancionado ni esa ley ni ninguna reforma.

En Marruecos no existía ninguna ley que criminalizara de manera clara el tráfico de mujeres. En mayo de 2015, el gobierno marroquí aprobó el borrador de un proyecto de ley, y se espera que ésta sea adoptada por el Parlamento a comienzos de 2016.

Durante el primer año del proyecto se crearon tres redes nacionales, con representantes de distintas ONG, activistas de derechos humanos y actores gubernamentales. En Jordania, Marruecos y Egipto se capacitó a más de 100 oficiales de policía, juezas y jueces y fiscales acerca del fenómeno de la trata. Se atendieron consultas psicosociales y legales de casi 400 mujeres, y se crearon cuatro líneas de asistencia telefónica destinadas a brindar servicios a sobrevivientes del tráfico de personas. Se abrieron tres refugios para dar un lugar seguro a las mujeres, y se impartieron capacitaciones para 35 organizaciones con miras a la provisión de servicios especializados a mujeres víctimas del tráfico en Jordania.

“Los aliados gubernamentales facilitaron el acceso a diferentes instituciones estatales por parte de trabajadoras y trabajadores sociales y abogadas y abogados que se encontraban trabajando en casos de tráfico”, manifestó Aseel Abu Al Bandora, Asistente de Coordinación del Proyecto residente en Jordania. “En ocasiones, una simple llamada telefónica a representantes del gobierno bastó para obtener una respuesta o lograr simplificar trámites judiciales o policiales vinculados a sus casos”.

A partir de la revisión de los marcos jurídicos en los tres países, los comités nacionales correspondientes analizaron los códigos laborales y penales a fin de redactar leyes que permitieran sortear cualquier impedimento legal. Además, gracias al tratamiento del tema en los medios y la generación de conciencia entre los gobiernos, así como al trabajo de distintas ONG y la comunidad en general, los borradores de los proyectos de ley contaron con el apoyo de legisladoras y legisladores, órganos regionales y organizaciones nacionales.

Con la ayuda de fondos procedentes del Gobierno de Noruega, este año las aliadas y los aliados del proyecto expandirán las coaliciones, incorporarán nuevos países, y encabezarán una campaña para promover la ley regional entre gobiernos y distintos actores de interés.

*Nombre ficticio para proteger su identidad.