Toma cinco: “La reforma legal no modificó los sistemas patriarcales ni la cultura del machismo de un día para otro”

Fecha: viernes, 9 de noviembre de 2018

 Katia Uriona  speaks. Photo: Órgano Electoral Plurinacional
Katia Uriona.  Foto: Órgano Electoral Plurinacional

Katia Uriona es ex presidenta del Tribunal Electoral del Estado Plurinacional de Bolivia. Anteriormente fungió como Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer de su país. La Sra. Uriona desempeñó un papel clave en la defensa de la Ley nº 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres en 2012. Con el apoyo de ONU Mujeres y de otras organizaciones, dio un importante impulso al Observatorio de Paridad Democrática. En marzo de 2018, la Sra. Uriona participó en una reunión del Grupo de Expertas/os en violencia contra las mujeres en la política, organizado conjuntamente por ONU Mujeres y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Más recientemente, el Tribunal Electoral llevó a cabo un proceso consultivo a escala nacional que aportó información para la elaboración de un proyecto de ley sobre organizaciones políticas. La nueva Ley de organizaciones políticas (Ley nº 1096), aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia el 1 de septiembre de 2018, concuerda con los principios constitucionales de paridad y democracia intercultural.

Bolivia presenta la segunda tasa de representación de mujeres en el poder legislativo más alta del mundo (53%). Entonces, ¿cómo es posible que las mujeres continúen sufriendo violencia en la esfera política?

Las mujeres ocupan actualmente la mitad o más [de los cargos electivos de Bolivia]. Esto es algo que los hombres no aceptan fácilmente. Este hecho ha generado formas de violencia contra las mujeres que jamás se habían visto en la arena política. La reforma legal no modificó los sistemas patriarcales ni la cultura del machismo de un día para otro, y provocó una reacción contra las mujeres inmediata y generalizada. Los casos de violencia contra mujeres en el ámbito político fueron especialmente notorios en los gobiernos locales, lo que no consiguió sino que el movimiento de mujeres redoblara sus esfuerzos para enfrentarse a ellos[1].

La atención de los medios de comunicación y la concienciación de la población sobre el alcance de la violencia contra las mujeres en la política en el país aumentaron tras el trágico asesinato de la concejala Juana Quispe en 2012. Aquello provocó protestas en todo el país y condujo a la promulgación de la Ley nº 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.

¿Por qué es tan innovadora esta ley boliviana dedicada específicamente a la violencia contra las mujeres en la política?

Porque es la única ley específica del mundo que tipifica penalmente la violencia contra las mujeres en la política. La Ley 243 tipifica 17 actos de acoso y violencia política contra las mujeres y establece el tratamiento que debe darse a esos casos. Su ámbito de aplicación no se limita a las mujeres que desempeñan cargos públicos, sino que se extiende a las que ejercen o son nombradas para desempeñar cualquier función política o pública. Además, establece penas que oscilan de dos a cinco años de privación de libertad por acoso, y de tres a ocho años por violencia política.

¿En qué sentido ha marcado la diferencia esta ley? ¿No se sigue cometiendo violencia a pesar de todo?

Los datos oficiales registrados por los Tribunales Electorales de los Departamentos muestran que en los cuatro primeros meses de 2018 se produjeron 65 casos de acoso y violencia política contra mujeres. Todos ellos se pusieron en manos de la Fiscalía. Sin embargo, pese a que nos hemos dotado de una ley contra el acoso y la violencia política, el sistema de justicia penal no ha dictado ni una sola sentencia por estos conceptos.

La Ley nº 243 ha sido de enorme utilidad para visibilizar la violencia contra las mujeres en la política en Bolivia, aunque persisten algunos desafíos en su aplicación. En 2016 se aprobó un decreto reglamentario que aclaró numerosos aspectos relativos a la aplicación de la ley, y también el papel de los diferentes agentes. El Tribunal Electoral, por ejemplo, trabaja para garantizar el cumplimiento de la paridad y ayuda a las mujeres a llevar sus casos adelante.

Los tribunales de departamento han creado espacios de mediación para reunirse con los agresores a fin de tratar de impedir una escalada de actos violentos. Estos tribunales también están publicando un número cada vez mayor de casos para permitir a las partes interesadas identificar mejor, probar y registrar evidencias del impacto social de la violencia contra las mujeres en la política, a fin de perfeccionar los mecanismos sancionadores.

La creación de un Observatorio de Paridad Democrática —que supervisa tanto la paridad de género como intercultural y los derechos políticos de las mujeres— fue otro resultado muy importante.

¿Por qué es importante este Observatorio?

El Observatorio de Paridad Democrática visibiliza y crea conciencia sobre diversas cuestiones relacionadas con la participación política de las mujeres, incluida la violencia, y produce datos. Además, acompaña a las víctimas al Ministerio de Justicia. El Observatorio, junto con el Tribunal Electoral y otros agentes, está desarrollando indicadores sobre la violencia y el acoso contra las mujeres, así como un sistema de seguimiento y protección; está conectando todas las autoridades pertinentes por medio de la tecnología y proporciona capacitación y apoyo inmediato a las sobrevivientes.

Cuenta con oficinas locales repartidas por todo el país que entrevistan a mujeres que han decidido retirar sus candidaturas, con el objetivo de determinar si el motivo de su renuncia fue la violencia contra las mujeres en la política. Sin embargo, sigue siendo muy complicado fomentar que se denuncien los casos de violencia contra las mujeres en la política, puesto que el sistema de apoyo a las sobrevivientes presenta deficiencias en su funcionamiento.

El Observatorio ha elaborado perfiles de género de los partidos políticos y las instituciones con el propósito de conocer las carencias y las necesidades. Esta información resultó muy útil durante la elaboración del proyecto de ley de organizaciones políticas, que el Tribunal Electoral presentó a la Asamblea Legislativa en junio y se aprobó el 1 de septiembre de 2018 (Ley nº 1096). La ley incluye criterios relativos a la paridad y la alternancia en las candidaturas, presupuestos específicos para apoyar las campañas de mujeres candidatas y disposiciones sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres tanto en las estructuras organizacionales como en las agendas políticas.

¿En qué se encuentra usted trabajando actualmente, cuando se acercan las elecciones presidenciales de 2019?

El Tribunal Electoral ha estado trabajando para promover y fortalecer la participación de mujeres en la esfera política en pie de igualdad a través de las medidas siguientes: fomentando la coordinación con los operadores para la aplicación efectiva de la Ley nº 243; promoviendo el establecimiento de alianzas entre diversos agentes políticos; realizando estudios e investigaciones sobre los obstáculos y barreras que dificultan la participación política de las mujeres; y dando a conocer los artículos concretos del mecanismo contra el acoso y la violencia política creado en virtud de la nueva Ley nº 1096 de organizaciones políticas.

Notas

[1] Puede consultarse un relato detallado de los esfuerzos que ha realizado Bolivia en el terreno de la prevención de la violencia contra las mujeres así como para la elaboración de la Ley nº 243 en el enlace siguiente: http://www.unwomen.org/mdgf/C/Bolivia_C.html