Una mujer que deberías conocer:Conozca a Cecilia Moyoviri Moye, senadora indígena en la Asamblea Legislativa de Bolivia
Después de las elecciones nacionales de noviembre de 2020, las mujeres constituyen el 49 % de la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia, consolidando de ese modo su posición como precursoras de la paridad de género en la política. La participación de las mujeres indígenas y el cese de la violencia contra las mujeres en la vida política y pública son algunas de las principales prioridades del país.Fecha:
"Ser mujer e indígena no es fácil en absoluto, pero es mi mayor orgullo", adelanta Cecilia Moyoviri Moye, la primera senadora indígena del Departamento de Beni. A los 50 años, después de una vida de luchas, se convirtió en la primera senadora indígena electa de su región, Beni, en 2020.
Su historia política está marcada por la defensa constante de las tierras y de los pueblos indígenas. En 2017, Cecilia Moyoviri Moye se convirtió en vicepresidenta del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) Subcentral, que representa a las comunidades indígenas de la zona.
Ahora que es senadora, afirma que se centrará en defender los derechos de las mujeres indígenas y proteger el territorio que representa. Actualmente es presidenta del Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado.
Su entusiasmo viene acompañado de una preocupación constante. Recuerda que los derechos de los pueblos indígenas siempre han sido violados, y que las mujeres indígenas han enfrentado la peor parte.
"Ser representante de un pueblo indígena acarrea muchos desafíos, pero es una oportunidad para dar voz a las mujeres que tienen propuestas".
Haciendo espacio para el liderazgo de las mujeres indígenas
Moyoviri admite que queda un largo camino por recorrer, pero la lucha para lograr la igualdad es necesaria para asegurar que más mujeres se sienten en la mesa de toma de decisiones que tradicionalmente es reservada a los hombres.
"Como mujer, quiero que más mujeres tengan voz, porque nuestra presencia es esencial; nuestras experiencias son esenciales; y deben tomarse en cuenta para cambiar el rumbo de nuestro país".
Además de Moyoviri, otras mujeres indígenas fueron nominadas como candidatas a la Asamblea por sus propios pueblos indígenas para las elecciones nacionales de 2020. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia modificó las normas para el registro de candidaturas, y permitió a los pueblos indígenas nominar por primera vez sus propias candidaturas sin la participación de los partidos políticos, y tener la oportunidad de elegir bajo sus propias costumbres territoriales. La designación de personas de comunidades indígenas significa una oportunidad para que los pueblos indígenas voten y tengan representantes de su propia cultura.
Como resultado de esto, cuatro mujeres indígenas ahora prestan servicios en la Asamblea Legislativa Plurinacional como representantes de los distritos electorales indígenas campesinos especiales (entre los siete escaños designados para los pueblos indígenas), pero muchas mujeres indígenas, candidatas o elegidas, han sufrido violencia a lo largo de sus carreras políticas. La violencia contra las mujeres se considera una de las grandes barreras para acceder eficazmente a la política.
Confrontar la violencia contra las mujeres en la política
"Ser representante de un pueblo indígena acarrea muchos desafíos, pero es una oportunidad para dar voz a las mujeres que tienen propuestas".
ONU Mujeres proporcionó asistencia técnica y económica a socios sobre el terreno que contribuyeron directamente a la aprobación de la ley boliviana contra el acoso y la violencia política contra las mujeres (Ley 243) en 2012, la primera de su tipo en el mundo. La ley fija penas de prisión de dos a ocho años por distintos tipos de violencia. Sin embargo, hasta la fecha sólo ha habido una sentencia exitosa por acoso y violencia política.
Para asegurar que esta nueva y poderosa ley pueda ser eficaz, ONU Mujeres ha apoyado varias acciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), incluido el establecimiento del Observatorio del Tribunal sobre Democracia Paritaria para la recolección de datos, generación de conocimiento y difusión pública de información sobre los derechos políticos de las mujeres y los reglamentos y protocolos electorales existentes, para vigilar y sancionar el acoso y otras formas de violencia contra las mujeres en la política.
ONU Mujeres también apoyó al Tribunal Electoral para que convocara un proceso consultivo de un año de duración con una amplia gama de partes interesadas a nivel nacional con miras a redactar la Ley de organizaciones políticas, promulgada en agosto de 2018. En virtud de la nueva ley, todos los partidos políticos deben garantizar la igualdad y la paridad entre los géneros en sus propias organizaciones, así como prevenir y mitigar la violencia contra las mujeres.
Otras acciones respaldadas por ONU Mujeres incluyeron la capacitación de las autoridades electorales a nivel central y departamental sobre los procedimientos para procesar tales delitos, y la coordinación de múltiples diálogos para las/os aspirantes a líderes y candidatas/os, en que sus demandas, necesidades y propuestas fueron escuchadas y evaluadas, y puestas a disposición del público, incluidas las de las líderes indígenas. Además, el TSE ha dado prioridad al seguimiento de casos de acoso y violencia política, proporcionando acompañamiento, apoyo y asesoramiento para que se apliquen las sanciones en estos casos.
"Nuestro desafío es generar espacios de diálogo que nos permitan reflexionar y cuestionar los actos de violencia contra las mujeres", plantea la dirigente indígena Toribia Lero Quispe, que fue elegida representante de la Cámara Baja en noviembre. Originaria del Tapacari Cóndor Apacheta ayllu, en Cochabamba, la Sra. Quispe es activista de larga data de los pueblos indígenas y ha enfrentado violencia e intimidación. "Sin duda será un proceso largo y complejo, pero no imposible, y debemos contribuir a la construcción de una sociedad con las mismas condiciones para todas y todos".